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Así actuaba la banda que traficaba con kurdos: los escondía en camiones a cuatro grados y les cobraba entre 3.000 y 10.000 euros Así actuaba la banda que traficaba con kurdos: los escondía en camiones a cuatro grados y les cobraba entre 3.000 y 10.000 euros
Dos de los detenidos en el momento de ser conducidos al Palacio de Justicia de Teruel para su puesta a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 2

Así actuaba la banda que traficaba con kurdos: los escondía en camiones a cuatro grados y les cobraba entre 3.000 y 10.000 euros

La organización desarticulada en Valencia es la autora de los dos casos detectados en Teruel
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La operación Brocolín-Valkur por el tráfico ilegal de inmigrantes llevada a cabo por la Guardia Civil y la Policía Nacional ha permitido conocer detalles de cómo actuaba una banda dedicada al tráfico ilegal de personas -de nacionalidad kurda- Dos de los camiones interceptados fueron localizados hace un año en Ferreruela de Huerva y Villafranca del Campo a su paso por la autovía A-23 en Teruel. Una persona ha sido ya enviada a prisión tras declarar en los juzgados turolense.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel es el que se carga de investigar a varias personas por presuntos delitos de tráfico ilegal de seres humanos, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Forman parte de una organización internacional de origen iraquí que se dedicaba a introducir de forma irregular a compatriotas suyos de origen kurdo en la Unión Europea, y que han desarticulado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Valencia, aunque también se detuvo a una persona en Bilbao. A algunos de los inmigrantes los escondían en camiones frigoríficos con destino al Reino Unido, a los que accedían de forma clandestina, y donde la temperatura apenas superaba  los 4 grados centígrados poniendo así en peligro sus vidas. Llegaban incluso a golpearles para que no entraran en pánico.

La organización criminal se destapó a raíz de los kurdos que fueron interceptados en dos camiones en Ferreruela de Huerva y Villafranca del Campo hace casi un año, cuando circulaban por la autovía Mudéjar A-23. 

Las investigaciones iniciadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel permitieron detectar la existencia de un grupo organizado que se dedicaba a introducir inmigrantes de forma irregular en el espacio Schengen desde el Kurdistán iraquí, con destino a países del norte de Europa, España o Francia, desde donde eran introducidos en camiones frigoríficos para poder llevarlos de forma clandestina al Reino Unido.

En la operación, que se ha desarrollado durante más de 9 meses y a cuyo frente han estado el Juzgado número 2 de la capital turolense y la Policía Judicial de la Guardia Civil de Teruel, han intervenido diferentes servicios centrales tanto del instituto armado como de la Policía Nacional, además de Europol, la policía europea, que desplazó una oficina móvil a Valencia.

Tras una laboriosa investigación tecnológica con seguimiento de teléfonos móviles y redes públicas de comunicación, los investigadores procedieron a desarticular al grupo criminal el pasado miércoles con la detención de seis personas, cinco de ellas en Valencia capital, donde vivía el principal responsable del grupo, y una en Bilbao.

El cabecilla es un iraquí nacionalizado español con residencia en Valencia, que era el encargado de dirigir los traslados de los inmigrantes por distintos países de la Unión Europea. El resto de los integrantes de la banda actuaban como célula itinerante para facilitar los desplazamientos, en ocasiones accediendo de forma clandestina a camiones frigoríficos cargados con alimentos, donde eran encerradas las víctimas, para intentar llegar al Reino Unido, según informó ayer el Ministerio del Interior.

El precio que cobraban a los inmigrantes oscilaba entre los 3.000 y los 10.000 euros por persona, aunque en ocasiones podía alcanzar los 15.000 euros, en función de cómo se realizaba el traslado de las víctimas. Cuando eran transportadas clandestinamente en camiones frigoríficos, a veces con menores de edad como ocurrió con los dos casos detectados en Ferreruela y Villafranca, el viaje se hacía con un alto riesgo para la integridad física por las penosas condiciones del desplazamiento.

Eso es lo que provocó que el caso se destapase al detectarse los camiones con kurdos interceptados en la A-23 a su paso por la provincia de Teruel, ya que fueron las propias víctimas las que dieron aviso, en uno golpeando desde el interior de la caja frigorífica para que los oyera el conductor, y en el otro avisando desde dentro con un teléfono móvil a los servicios de emergencia.

Los camioneros no eran conscientes del pasaje clandestino que transportaban, puesto que el grupo criminal los abordaba cuando estaban estacionados en zonas de descanso como la de Barracas, introduciendo a los inmigrantes en la caja de carga y volviendo a cerrar el remolque sin que se notara que había sido abierto con independencia del sistema de cierre o precinto que llevase.

Equipo conjunto

Las investigaciones por los camiones interceptados en Teruel la inició la Guardia Civil, mientras que Policía Nacional detectó un caso similar en Chiva (Valencia) el mismo día que ocurrió el de Ferreruela, por lo que al final ambos cuerpos de seguridad coincidieron en sus pesquisas y se formó un equipo conjunto de trabajo coordinado por el Centro de Inteligencia y contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), y cuyas actuaciones judiciales se han dirigido desde Teruel a través del Juzgado de Instrucción número 2, que es donde ayer fueron puestos a disposición judicial los detenidos en la operación Brocolín-Valkur.

Las detenciones practicadas por Guardia Civil y Policía Nacional fueron por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La actividad criminal habría reportado unos cuantiosos beneficios ilícitos a la organización por el elevado dinero que cobraban. La tarifa se incrementaba si el desplazamiento se hacía por transporte aéreo, con documentación falsificada o en auto caravanas.

Además, si las víctimas pedían el acompañamiento de un “pasador”, es decir, un miembro de la organización que iba con ellos en el interior del transporte haciéndose pasar también por inmigrante ilegal, el precio se elevaba más todavía.

Eso incrementaba el margen de beneficios de la banda, ya que los investigadores atribuyen al grupo el tráfico ilícito de más de un centenar de personas durante el año pasado.

El pago de las cantidades convenidas con las víctimas se hacía mediante el método denominado hawala o bien en efectivo, para lo cual recurrían a empresas de envío de dinero. Además, fraccionaban los pagos enviando el dinero a nombre de destinatarios, denominados mulas, que lo que hacían era prestar su nombre a cambio de recibir una pequeña cantidad de dinero.

Cuando el pago lo tenían asegurado, los miembros de la organización recogían a las personas traficadas en los sitios acordados para introducirlas en los camiones. De esa forma los criminales evitaban ser detectados por los investigadores de cualquier operación monetaria a su nombre que pudiera implicarlos con actividades ilícitas, según informaron la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Las mismas fuentes explicaron ayer que el cabecilla era quien asignaba cometidos y tomaba las decisiones principales, como el precio a cobrar, las rutas a utilizar en cada momento, o el reparto de beneficios.

Primeras investigaciones

Fue en torno a esta persona sobre la que se centraron las investigaciones desde un principio, y cuyo seguimiento condujo de forma progresiva al resto de miembros de la red y a distintos países europeos, que es donde se desplazaban y residían de forma itinerante para dificultar ser localizados por la policía.

Tal era el grado de especialización del grupo, que se encargaban personalmente de introducir a los inmigrantes en el interior de los camiones, dada la habilidad que tenían para hacerlo sin que el transportista se enterase, con independencia del método de cierre o precinto que llevase el remolque.

Otros miembros de la organización delictiva se encargaban de captar a las víctimas que querían emigrar a Europa. Eran quienes les contactaban con los miembros de la banda en la Unión Europea a cambio de una gratificación, ninguno de los cuales vive en España, sino que operaban desde distintos países de forma itinerante.

Además, la investigación detectó la existencia de otros miembros que desarrollaban otras labores, como alquiler de vehículos, reservas de alojamiento, adquisición de billeres de avión o tren así como otras tareas, entre los cuales hay españoles.

En la explotación de la operación, que requirió de un amplio despliegue policial con la participación también de varios servicios centrales tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, se realizaron simultáneamente cinco registros en domicilios particulares, además de un local comercial en Valencia.

En estas entradas, los agentes intervinieron 15.000 euros y 8.000 dólares en efectivo, documentación bancaria, justificantes de remesas de dinero, soportes informáticos y dispositivos móviles cuyo contenido está siendo analizado por expertos de la policía judicial, así como varios documentos de viaje.

El corredor Cantábrico-Mediterráneo, la ruta preferida

El corredor Cantábrico-Mediterráneo por carretera, a través de la autovía A-23 a su paso por la provincia de Teruel, era una de las rutas empleadas por los traficantes de personas para hacerlos llegar hasta sus puntos de destino en el Reino Unido.

El Ministerio del Interior informó ayer de que la banda utilizaba varios métodos para el tráfico de personas, preferentemente el transporte en camiones frigoríficos de mercancías con destino a Reino Unido, bien por el corredor Cantábrico-Mediterráneo hasta puertos del norte de España como Santurce y Santander, o bien a través de puertos y pasos fronterizos del norte de Francia, como Calais o Dunkerque.

El sistema consiste en introducir grupos de 6 o 8 personas, generalmente familias y a veces con menores e incluso bebés, dentro de camiones frigoríficos con destino al Reino Unido, una modalidad que la policía asegura que es novedosa entre los procedimientos de este tipo de organizaciones criminales.

Los delincuentes obtienen información detallada del destino de los camiones y aprovechan el descanso nocturno del conductor, sin su conocimiento, para introducir a las personas dentro del remolque.

Los criminales reorganizan la carga abriendo un pequeño espacio para que los inmigrantes realicen el viaje ocultos entre los productos que transportan, generalmente hortalizas.

Fuentes de la investigación apuntaron que los encargados de realizar esta tarea lo hacen con la suficiente habilidad como para abrir las cerraduras y sustituir los precintos de seguridad sin que sea detectado que se ha forzado el remolque, con independencia del sistema empleado para hacerlo.

Dentro del camión podían permanecer entre 30 y 40 horas, por lo general en transportes frigoríficos cuyas temperaturas no superaban los 4 grados. Los investigadores aseguran que incluso golpeaban o suministraban hipnóticos a quienes entraban en pánico por esta situación.