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El borrador de Ley de Cambio Climático prevé cortar los incentivos a las térmicas El borrador de Ley de Cambio Climático prevé cortar los incentivos a las térmicas
Central térmica de Andorra. M. N.

El borrador de Ley de Cambio Climático prevé cortar los incentivos a las térmicas

Energía vaticina el cierre de las centrales de carbón sin inversiones en 2020 y del resto en 2025
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La Ley de Cambio Climático y Transición Energética prohibirá nuevas ayudas públicas u otros incentivos económicos a las centrales térmicas y terminará con las retribuciones actuales en consonancia con los objetivos de descarbonización marcados. 

Así figura en el anteproyecto de ley que el Ministerio para la Transición Ecológica ha trasladado esta semana a los grupos parlamentarios y los sectores interesados al objeto de lograr un consenso para su remisión al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su tramitación antes de final de este año. 

Entre las propuestas del Ejecutivo de Pedro Sánchez para descarbonizar totalmente la economía española en el año 2050 figuran, entre otras, prohibir la matriculación de vehículos que emitan dióxido de carbono más allá de 2040, la creación de un sistema eléctrico cien por cien renovable en 2050 o el fin de los subsidios a las energías fósiles. 

Según el artículo 12 de este documento base de trabajo, a partir de la entrada en vigor de la Ley quedará “prohibido el establecimiento de nuevos subsidios u otros incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles”. 

En el plazo de un año, el Gobierno realizará un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los combustibles fósiles, identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su consumo con el objetivo último de elaborar un calendario para su supresión en consonancia con los objetivos de descarbonización previstos.

En 2030, el Ejecutivo quiere que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan un 20% respecto a los niveles de 1990 y que el sistema cuente con un 70% de generación a partir de energías de origen renovable, así como mejorar la eficiencia energética. Para 2050 las emisiones se deberían reducir un 90% respecto a 1990 y que el sistema eléctrico se base exclusivamente en fuentes renovables. 

El cierre está cantado

Uno de los focos de contaminación son las centrales térmicas. La mayoría de las propietarias no ha acometido las inversiones medioambientales, entre ellas Endesa en Andorra, y no parece factible que lo hagan sin un mecanismo de pagos por capacidad –ayudas por estar disponibles– y/o sin que se favorezca su presencia en el mix energético, cuya composición no aclara el borrador. 

De hecho, el Ministerio no esconde que nueve de las 14 centrales de producción eléctrica con carbón que hay en España cerrarán en junio de 2020, según dijo el martes el secretario de Estado de Energía, José Domínguez. Añadió que las otras cinco, las que han realizado o realizarán las inversiones requeridas para la desulfuración y desnitrificación, deberán haber procedido a su cierre antes de 2025. A este respecto, recordó que la producción con carbón es responsable del 58% de las emisiones generadas por la generación eléctrica, que a su vez es responsable del 25% de las emisiones totales.

En cuanto al impacto de estos cierres en el suministro, Domínguez señaló que España cuenta con suficientes centrales de gas, si bien “la forma más barata de producir energía es el sol y el viento”, destacó.

Del mismo modo, la Administración General del Estado no realizará nuevas inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad incluya la explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles y, en general, el Estado se desprenderá de las participaciones o instrumentos financieros de empresas relacionadas. 

Por otra parte, no se autorizarán nuevas actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial. Tampoco se podrán desarrollar proyectos de fracking, cuyos permisos vigentes no se podrán prorrogar más allá de 2040. 

En cuanto a renovables, el borrador prevé que haya una subasta anual mínima de 3.000 megavatios de nueva potencia instalada en concurrencia competitiva. 

En materia de edificación        –otro de los grandes ejes del anteproyecto–, los esfuerzos se centrarán en rehabilitar el parque de viviendas para lograr la alta eficiencia energética a un ritmo de al menos 100.000 viviendas al año entre 2021 y 2030. 

“Retrasar decisiones –como el cierre de las térmicas– supondría asumir más costes, más injustamente distribuidos y renunciar a oportunidades de modernización de nuestra economía y de nuestra sociedad”, indica el borrador.  “Un modelo energético basado en el carbón, el petróleo y las centrales nucleares es un modelo propio del siglo XX y no responde a las necesidades de la sociedad en el siglo XXI”, defiende.

Contratos

El borrador de ley dedica un artículo a las Estrategias de Transición Justa, a revisar cada cinco años, para adoptar un conjunto de medidas “que garanticen un tratamiento equitativo y solidario para trabajadores y territorios en la transición hacia una economía baja en emisiones”. 

Estas estrategias identificarán colectivos y territorios potencialmente vulnerables, analizarán las oportunidades de creación de actividad económica y empleo y elaborarán los llamados Contratos de Transición Justa que aparecen en el nuevo plan Miner. 

Estos contratos se articularán mediante convenios entre el Ministerio y otras Administraciones públicas, en particular entidades locales de áreas geográficas vulnerables. Participarán también empresas, sindicatos, universidades, centros educativos, asociaciones u oenegés.

Los contratos incluirán una evaluación del estado de vulnerabilidad; compromisos de las partes; medidas fiscales, de financiación, de empleo, protección social y actividades formativas; y un calendario de ejecución efectiva.