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Jueves, 26 de abril de 2018
BAJO ARAGÓN

16/11/2017

El sector del carbón lamenta que el decreto no despeje “la incertidumbre” de la térmica de Andorra

La norma no establece una regulación concreta que estimule a Endesa a acometer las inversiones
Marcos Navarro
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Trabajadores de la térmica y simpatizantes acamparon a finales de octubre en Andorra para pedir el fin de una incertidumbre que el borrador mantiene. M. N.
Trabajadores de la térmica y simpatizantes acamparon a finales de octubre en Andorra para pedir el fin de una incertidumbre que el borrador mantiene. M. N.

El borrador del real decreto que regulará el cierre de centrales de generación en España decepciona al sector minero-eléctrico turolense, que asegura que la normativa que tramita el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no resuelve su “incertidumbre” al no establecer ningún mecanismo concreto que estimule a Endesa a tener hechas las inversiones en la central térmica de Andorra antes de junio de 2020, plazo que fija la Comisión Europea para clausurar la planta si no ha logrado reducir las emisiones. El territorio exige al Gobierno de España que sea “valiente” y defina las aportaciones de cada fuente de energía al sistema eléctrico.

La norma, que el Ministerio ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su visto bueno, obligará a continuar con la actividad a las titulares de las centrales eléctricas (térmicas, hidráulicas, de gas, nucleares) que el país considere fundamentales para garantizar el suministro, cumplir con los objetivos medioambientales, modular los precios de la electricidad y no quebrar las normas de la competencia del mercado eléctrico. El régimen actual solo contempla la seguridad del suministro como condición para no cerrar. 

Según el borrador, las titulares que pidan el cierre y el Gobierno se lo deniegue –tras estudiar informes de Red Eléctrica, la CNMC, Enagás y otros organismos implicados– podrán hacerse cargo del mantenimiento de la actividad por sí mismas o traspasando las centrales a un tercero mediante una subasta que regulará el decreto. Sólo si nadie quisiera hacerse cargo de estas plantas porque no fueran rentables el Estado estaría dispuesto a aprobar “un esquema de compensación por la continuidad de la actividad”, explican fuentes ministeriales a través de un comunicado de prensa que no ha despejado las dudas del territorio.

“Si no están hechas las inversiones el 1 de julio de 2020 hay que cerrar por temas de contaminación. Enel –empresa matriz de Endesa– podría trabajar bien en 2019 y principios de 2020 pero llegar el mes de mayo y decir que, como no tiene garantizadas más horas de funcionamiento, no hace las inversiones y pide cerrar”, expuso el secretario general de UGT en Teruel y trabajador de la térmica, Alejo Galve, que reclamó al Gobierno “que sea valiente y regularice todo el mercado energético” a través de porcentajes en el mix energético.

“Lo que tiene que decir el Gobierno es que el 7% de la energía del país se va a producir con carbón autóctono”, exigió el alcalde de Ariño y minero, Joaquín Noé, para quien lo único positivo que aporta el real decreto es que una compañía eléctrica “no puede cerrar de manera unilateral” una central porque, según explica la norma y ampara la Constitución Española, las decisiones tomadas por las empresas en el ámbito energético deben estar subordinadas al interés general y a la planificación en esta materia.

Ven peligrar los empleos

El sector lamenta que el Ministerio no haya tenido en cuenta las propuestas que presentó durante la consulta pública que concluyó el pasado 15 de septiembre, que pasaban por que se arbitrara un sistema de pagos por capacidad o similar que incentivara las inversiones en las centrales térmicas desde ya, y no después de que la subasta quede desierta, según indica el proyecto normativo.

En concreto, el artículo 13 del borrador establece que la compensación “no podrá exceder del coste de las medidas alternativas necesarias para compensar los efectos desfavorables” del cierre de una central en cuanto a precios de la electricidad o incumplimiento en la planificación de energía y clima vigente se refiere.

Los sindicatos interpretan que, si se concediera esta ayuda a la central térmica, sería en concepto de reserva estratégica, lo cual significaría una reducción drástica del número de empleos en las minas y la central. “Puede hacer falta energía térmica tres meses al año, pero, ¿qué hacemos el resto del tiempo? Nadie piensa en las plantillas, pero las contratas desaparecerían y a lo mejor a Samca no le saldría rentable tener abierta una explotación de carbón para funcionar sólo tres meses”, analizó Galve. 

De modo que esta norma “no nos despeja la incertidumbre y atañe a todo tipo de centrales”, protestó el presidente del comité de empresa de la térmica, Hilario Mombiela, para quien el decreto está hecho “a salto de mata” después de que Iberdrola presentara la semana pasada el cierre de sus centrales de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia).

“Nos ha dejado fríos porque esperábamos algo más, algo que nos sacara de dudas. Esperaremos al famoso consejo de sabios de la Transición Energética a ver qué modelo quieren para este país”, dijo Mombiela, quien calificó de “farragoso” el borrador presentado por Energía a la CNMC.

“Estamos acabando 2017 y en 2020 tienen que estar hechas las inversiones, pero Endesa sigue sin decir nada al respecto”, manifestó Noé, quien alertó sobre la posibilidad de que, en caso que la CNMC diera el visto bueno a la norma, las eléctricas la recurrieran, lo que demoraría aún más el proceso. Y “lo que no tenemos es tiempo. No nos matan, sino que nos dejan morir”, concluyó. 

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