El PAR exige al Gobierno que regule a Correos para dejar de discriminar a las zonas rurales
El Ejecutivo defiende en una respuesta a la senadora Rosa Santos la subida en envío de publicaciones a los pueblosLa senadora del Partido Aragonés (PAR) Rosa Santos reclamó que Correos desarrolle su tarea en el medio rural “sin discriminación ni recortes” y que el Gobierno central acometa de una vez el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, que sigue pendiente de aprobación desde el año 2011. Actualmente se está aplicando el de 2001.
Santos reaccionó así después de recibir por escrito una respuesta del Ejecutivo a su petición de información sobre la decisión de Correos de subir un 30% el coste de envío de publicaciones periódicas fuera de las capitales de provincia o poblaciones de menos de 50.000 habitantes.
El Gobierno justifica que este tipo de envíos no está dentro de las obligaciones de servicio público y, además, apunta que la prestación de servicios postales se realiza en “régimen de libre competencia” y se fijan con criterios de mercado”, aunque en este caso se discrimine a las zonas rurales.
El Partido Aragonés mostró su “perplejidad” ante esta respuesta del Gobierno y recordó que el artículo 21.2 de la Ley de 2010, del Servicio Postal universal y de los derechos de los usuarios y del mercado postal, sí contempla el envío de prensa y publicaciones periódicas dentro del ámbito del servicio postal universal.
La senadora recordó que para el cumplimiento de estos objetivos a cuenta del Servicio Postal Universal, Correos ha venido recibiendo asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado, que el Tribunal de Cuentas, en su último informe de 21 de diciembre de 2017, ha cifrado en 920 millones de euros entre los años 2011 y 2016.
En todo caso, dijo Santos, “por afectar a un derecho tan básico como el derecho a la información de los habitantes de las zonas menos pobladas no debería discutirse su inclusión entre las obligaciones de servicio público, que en el cumplimiento de sus funciones de interés general y social a que se refiere la ley contribuye a la cohesión social y territorial y al logro de los objetivos de equidad”.
Por todo ello, la senadora entiende que son “imprescindibles sensibilidad y compromiso” hacia el medio rural y contra la despoblación y reclamó que se concreten, junto con otras medidas, en el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, previsto en el artículo 22.3 de la vigente ley y pendiente de desarrollo desde 2011.
“Este plan debe incluir las condiciones de prestación del servicio particularmente en zonas en las que existe muy baja densidad de población, el procedimiento para la evaluación del coste del servicio y su forma de financiación y los criterios que habrán de tenerse en cuenta para determinar la contribución a ella del Estado, en línea con las conclusiones del último informe sobre Correos emitido por el Tribunal de Cuentas. Sin duda, dicho plan contribuiría al cumplimiento de los principios de transparencia, equidad y no discriminación”, añadió.
Garantizar la igualdad
Para Santos, “la lucha contra la despoblación debe empezar por garantizar la igualdad de los servicios que se prestan a los ciudadanos cualquiera que sea su lugar de residencia, un principio básico y fundamental garantizado por la Constitución, que en este caso concierne directamente al Gobierno”. De hecho, recordó que debe hacer así no sólo por tratarse Correos de una empresa perteneciente íntegramente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y adjudicataria del Servicio Postal Universal, sino por ser, tanto él como el propio Ministerio de Fomento, Autoridad Nacional de Reglamentación del servicio postal”.
El Partido Aragonés denunció en el Senado que Correos decidió este año fijar tarifas distintas en el envío de periódicos y publicaciones, gravando un promedio del 30% los precios del envío de prensa a poblaciones de menos de 50.000 habitantes y a aquellas otras que, o bien no son capitales de provincia, o bien carecen de oficina de correos.
El PAR advirtió hace unos meses del riesgo de que los incrementos de precios influyeran en la distribución de prensa en las zonas más despobladas y denunciaba el perjuicio que podían sufrir sus habitantes al ver limitado su derecho de acceso a la información especialmente grave teniendo en cuenta que dichas zonas coinciden con “la España rural más despoblada, la misma que está teniendo un acceso más lento y precario a internet, y donde, consecuentemente, los ciudadanos carecen de alternativas para acceder a estos recursos informativos y de comunicación”.
Iniciativas parlamentarias
La senadora impulsó iniciativas parlamentarias incidiendo en “las claras obligaciones de Correos” y en la defensa de “los principios de equidad y no discriminación” del medio rural y como una medida efectiva contra la despoblación, “un problema especialmente acuciante en Aragón”.
En respuesta a estas iniciativas, que también se han traducido en mociones en ayuntamientos y diputaciones, el Gobierno dice ahora que la distribución de publicaciones periódicas no se incluye entre los servicios postales sujetos a obligaciones de servicio público, de manera que no le son de aplicación los principios de equidad y no discriminación ni las condiciones de distribución de dicho tipo de envíos y la prestación de estos servicios debe realizarse en régimen de libre competencia y con precios basados en criterios de mercado.
