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Domingo, 24 de junio de 2018
BAJO ARAGÓN

15/6/2018

La pieza tecnológica: el secreto mejor guardado seis meses después del triple crimen de Andorra

Las partes solicitan a la jueza que haga pública la parte oculta del sumario para agilizar la instrucción
Marcos Navarro
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Trebolle, Tafalla y Martínez, a su entrada a los Juzgados de Alcañiz para asistir a una prueba testifical
Trebolle, Tafalla y Martínez, a su entrada a los Juzgados de Alcañiz para asistir a una prueba testifical

Seis meses después de que Norbert Feher asesinara a sangre fría en Andorra al ganadero José Luis Iranzo y a los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, el secreto mejor guardado de la instrucción de la causa judicial contra Igor el Ruso sigue siendo la pieza tecnológica que las partes personadas siguen sin conocer. De esta documentación, que dará información concreta sobre cómo y cuándo llegó a España el criminal de origen serbio y si pudo tener algún colaborador, dependerán nuevas pruebas reclamadas por las partes. 

La estrategia de los abogados de las familias de los fallecidos se encuentra a la espera, además, de que la Audiencia Provincial de Teruel resuelva los recursos que algunas partes y la Fiscalía han presentado contra la decisión de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz de no acumular las dos causas abiertas contra Feher, una por el triple asesinato en Andorra el pasado 14 de diciembre y otra por el doble intento de homicidio en Albalate del Arzobispo el 5 de diciembre (lo lleva el Juzgado de Instrucción número 1), en ambos casos usando armas cortas.  

También tiene que resolver la Audiencia Provincial otros recursos contra el rechazo de la jueza a que testifiquen los agentes de Castellón que detuvieron al Ruso, los guardias de Tráfico que le practicaron la prueba de alcoholemia, los agentes del Seprona que descubrieron la guarida de Feher en el mas del Zomino de Andorra o los policías nacionales que participaron en la búsqueda del Ruso en Andalucía entre septiembre y noviembre de 2017.

Por otra parte, está pendiente también de resolución el recurso de la Fiscalía contra la negativa de la jueza a pedir información a Italia, a través de una Comisión Rogatoria, para investigar si Igor el Ruso llegó a España como integrante de una organización criminal dedicada al narcotráfico, la trata de personas y la falsificación de documentos. La pidió la Policía Judicial para investigar si Feher pudo contar con cómplices en distintos grados de participación para el triple homicidio. 

Por último, falta que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre si los Ayuntamientos de Andorra, Calanda y Alcañiz pueden ejercer la acusación popular. 

La piedra angular

Todo lo que está pendiente influirá en el devenir de las diligencias judiciales, aunque todas las partes tienen en el punto de mira la pieza tecnológica, que determinará el comportamiento de Feher durante el tiempo que estuvo entre Albalate y Andorra, prácticamente un mes a juzgar por la fecha (18 de noviembre)  en que se interpone la primera denuncia por robo en un masico. 

Mediante el análisis de la tablet, memoria USB, teléfono móvil y ordenador portátil incautados al Ruso “podremos conocer cuántas veces se ha conectado y desde dónde”, lo que tiene que arrojar “muchísima información de cómo llega al territorio, los movimientos que realiza y otras personas que pudieran haber colaborado con él”, indicó Mariano Tafalla, el abogado que representa la acusación particular de la viuda de Caballero y la popular de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). 

Tafalla se muestra convencido de que Feher recibió algún tipo de ayuda en su llegada a España, puesto que “no es español, viene de Italia y no conoce el territorio”. Además, mueve “más de 20 bultos”, por lo que cuesta creer que, tal como declaró el asesino ante la jueza, llegara en bicicleta.

Cabe recordar, según adelantó DIARIO DE TERUEL el pasado sábado, que Igor el Ruso tenía previsto continuar su huida hacia Vinaròs (Castellón) y, posteriormente, hacia Marruecos, y que pudo haber viajado desde Bolonia hasta Albalate a propósito, a juzgar por los marcajes que realizó sobre cuatro mapas de carreteras de Italia, Europa, la península ibérica y Teruel. 

El portavoz de la AUGC, Cristóbal Soria, entiende que detrás de seis meses de silencio con respecto a la investigación telemática “tiene que haber un fruto muy grande” en forma de “una operación muy buena con varios detenidos”, si bien reconoció que es elucubrar porque “no tenemos pruebas”. 

“No sé por qué seguimos sin conocer el contenido de la pieza tecnológica seis meses después de que se decretara el secreto”, indicó el abogado de la UAGA, Pablo Martínez, que ejerce la acusación popular. “No encuentro el motivo para que no tengamos un resultado de esas pruebas”, insistió. 

Las partes esperan el levantamiento inminente de la pieza telemática para que se puedan practicar nuevas pruebas periciales como la reconstrucción de los hechos. Esta diligencia es “fundamental” para el abogado de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Jorge Piedrafita, que representa a la viuda e hija de Romero. No obstante, Piedrafita considera “muy condicionado” este reconocimiento a lo que decida la Audiencia Provincial y al contenido de la pieza secreta “para ver si hay más personas implicadas”. 

El objetivo de esta parte es “seguir centrados en el tiroteo” y que quede clara la culpabilidad de Feher, para lo que insistirá en pedir el reconocimiento judicial en el que, sobre el terreno, la jueza, el secretario judicial y el mismo Feher seguirán los pasos del asesino en las dos escenas del crimen: el mas del Saso donde descerrajó dos tiros a Iranzo y el mas del Zomino donde asesinó a los dos guardias. 

Según Piedrafita, falta también un informe complementario de la autopsia que “certifique si los agentes murieron inmediatamente o cuánto tiempo tardaron en fallecer, a los efectos que se acredite que la emboscada fue tal que los agentes no tuvieron opción de sobrevivir” y se pueda pedir para Feher la pena máxima.

También queda por incorporar al sumario las actas de inspección ocular del Servicio de Criminalística, que viene a ser un croquis o infografía de las dos escenas del crimen.

Responsabilidad del Estado

La primera fase de la instrucción, que ha contado con las testificales del padre de Iranzo –fue el que avisó a la Guardia Civil de los primeros disparos– y de los seis agentes que participaron en primera instancia en el operativo –entre ellos el capitán y el alférez de la Compañía de Alcañiz-, permite ver con “claridad meridiana la autoría de los tres asesinatos” a manos de Feher, por lo que “está claramente acreditada la forma de actuación”, opinó Tafalla. 

Por otra parte, las autopsias definitivas de los cuerpos aclaran que Feher actuó de forma rápida, sorpresiva y sin dar opción alguna de defensa a sus víctimas. 

Pese a que la inculpación de Feher lleva “el peso del procedimiento”, las partes que consideran que el operativo de seguridad falló desde que el 5 de diciembre el Ruso disparó a matar a Manuel Marcuello y Manuel Andreu en Albalate aprovecharán el proceso penal para solicitar la “responsabilidad civil subsidiaria” del Estado por entender que hubo “pasividad y omisión” de deberes de la Guardia Civil durante esos nueve días. 

Otra opción sería pedir la responsabilidad patrimonial, si bien para Tafalla “no encaja” porque esta vía, por el contencioso administrativo, demoraría durante años la asunción de responsabilidades y se perdería el espíritu de reparación. 

Por su parte, la familia de Caballero ha pedido una ampliación de los informes de autopsia y de criminalística para conocer si el chaleco antibalas que portaba le hubiera salvado la vida en caso de haber protegido “suficientemente las zonas vitales alcanzadas por los disparos”. 

Por último, la defensa de Feher ha solicitado un reconocimiento médico y psicológico que la jueza ha autorizado para el 25 de junio en la cárcel de Zuera, donde está preso desde el 20 de diciembre. Dos médicos forenses y dos psicólogos del Instituto de Medicina Legal de Aragón emitirán un informe completo sobre el estado mental del reo, así como enfermedades, patologías o cualquier alteración que pudiera afectar a su capacidad de conocer y decidir, a efectos de determinar su imputabilidad.

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