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Lunes, 17 de diciembre de 2018
BAJO ARAGÓN

6/12/2018

Insisten en demostrar la responsabilidad civil del Estado por “omisión” en los asesinatos de Feher

Las víctimas quieren respuestas en el proceso penal porque un contencioso perdería el espíritu de reparación
Marcos Navarro
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Dispositivo de seguridad en la zona del triple asesinato, el día siguiente de los hechos
Dispositivo de seguridad en la zona del triple asesinato, el día siguiente de los hechos

La viuda de Víctor Jesús Caballero, la familia de Víctor Romero y su viuda insisten en demostrar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado en el triple crimen por “omisión”, pues consideran que el operativo de búsqueda y captura de Norbert Feher desde el 5 de diciembre –cuando aún no se conocía su identidad– ordenado por los mandos de la Guardia Civil, o incluso la ausencia del mismo, pusieron en peligro a los agentes fallecidos. 

Estas tres acusaciones particulares mantienen su recurso contra el auto de la jueza de instrucción –se negó a citar al Estado a declarar– que deberá resolver la Audiencia Provincial. “Queremos el correcto esclarecimiento de los hechos y, con arreglo, las responsabilidades que dichos hechos conllevan”, dijo el abogado de la viuda de Caballero y de la AUGC, Mariano Tafalla, 

Las partes consideran que el operativo de seguridad falló desde que el 5 de diciembre Igor el Ruso disparó a matar a Manuel Marcuello y Manuel Andreu en Albalate, por lo que aprovecharán el proceso penal para solicitar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado al entender que hubo “pasividad y omisión” de deberes de la Guardia Civil durante esos nueve días.

Si se rechazara, otra opción sería pedir la responsabilidad patrimonial del Estado, si bien para Tafalla “no encaja” porque esta vía, por el contencioso administrativo, demoraría durante “ocho años” la hipotética depuración de responsabilidades y “se perdería el espíritu de reparación a las víctimas”. En consecuencia, también las indemnizaciones. 

El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz desestimó la citación del Estado –en las figuras del exdelegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde; el exsubdelegado en Teruel, José María Valero y el teniente coronel de la Comandancia de Teruel, José Rafael Soler–, alegando que, según figura en los supuestos del Código Penal para este caso, las muertes no se produjeron a manos de funcionarios públicos ni en un establecimiento público de los que la administración pública es titular. 

Piden varias pruebas

Pero los abogados reiteran la necesidad de practicar varias pruebas dirigidas a valorar la responsabilidad del Estado en los hechos. Entre otras cuestiones, piden las órdenes que se dieron a los agentes tras el doble intento de homicidio, así como para la localización de los autores de los robos en multitud de masicos de Albalate y Andorra desde mediados de noviembre de 2017. 

Es esta dilatada permanencia en el territorio, de la que sigue habiendo constancia tras los disparos de Albalate por nuevos robos e incluso encuentros con vecinos, la que denota “falta de actuación de la Guardia Civil, posiblemente por falta de medios en su busca”, que a la postre desencadena que Feher “pudiera matar de forma sorpresiva” tanto a los dos agentes ROCA como al ganadero José Luis Iranzo, apunta Tafalla en uno de sus escritos. 

Recuerda que el arma con la que actuó Feher el 5 de diciembre era corta, con una munición (9x21mm) que en España no es habitual pero sí en Italia. Sobre el criminal pesaba una orden internacional de detención por asesinar con esa misma pistola. 

Se pregunta esta parte cómo es posible no localizar a una persona con más de 20 bultos y echa en falta una dotación especializada para la detención de alguien que ha cometido un doble asesinato frustrado. Califica de improvisada la orden dada a los agentes para identificar el vehículo en el que escapaba Feher.

GRS por la “alarma social”

En su declaración ante la jueza, el capitán de Alcañiz, Horacio Requena, reconoció que sólo llamó al Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) el 14 de diciembre para que interviniera un día después y, según dijo, lo hizo porque los últimos robos en mases estaban creando “alarma social”.

La testificación de Requena el 27 de abril generó gran revuelo en el territorio al declarar que, pese a que el tiroteo del 5 de diciembre en Albalate hacía sospechar de alguien peligroso, “todo hacía indicar” que había huido de la zona. Este punto de vista choca contra el propio atestado de la Guardia Civil que consta en el sumario, el cual registra hasta once denuncias previas a los disparos en Albalate por daños en viviendas, robos e incluso la muerte de un perro. Tras el tiroteo del 5 de diciembre hubo más denuncias que constataron que tanto por el modus operandi como por los enseres sustraídos, el autor de los disparos permanecía en la zona.

Pese a todo, el mayor operativo policial de búsqueda y captura tuvo lugar el 8 de diciembre, un día después de que la Policía Judicial encontrara evidencias de que alguien habitaba un corral en Albalate próximo a la zona de los disparos. Participaron “20 o 22 personas junto con el servicio cinológico y el helicóptero”, destacó el capitán. Como no localizaron a nadie, pensaron que ya no estaba en la zona. No se avisó a la población ni a los ayuntamientos. En el Bajo Aragón “se magnifica todo, más que en otra zona de españa, porque las poblaciones son pequeñas”, manifestó el capitán ante la jueza. 

“El tiempo, el sosiego y la ponderación de las cosas desvelará la realidad de los hechos”, dijo Tafalla con cierta resignación. 

“A Feher no lo dejó una nave marciana el día 4 de diciembre en la zona. Llevaba tiempo con un modus operandi idéntico. ¿Nos queremos engañar?”, se preguntó el abogado de la UAGA, Pablo Martínez. 

El letrado de la viuda de Romero y de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Jorge Piedrafita, tratará de demostrar que la actuación de los ocho agentes que participaron en el operativo del 14 de diciembre fue “correcta conforme a la información que tenían”, por lo que no consentirá que “se les ponga en duda”, si bien abrió las puertas a “que se adopten las medidas que proceda” si hubo fallos en el operativo global. 

 

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