Atadi admitió que un pino del cabezo de Pui Pinos pudo dañar el empalme de la tubería de riego

El dictamen que sobre el deslizamiento del cerro de Pui Pinos ha hecho público el Consejo Consultivo de Aragón pone de manifiesto que pudo existir alguna conexión entre la grieta que apareció en diciembre de 2016 en la subzona 19 del cabezo (atribuida a un pleno inclinado por parte del departamento de Obras) con una pérdida de agua de la tubería de riego de 1.152 metros cúbicos en las semanas que precedieron al derrumbe.

Al menos eso es lo que viene a admitir el informe presentado por la empresa Atadi Empleo (adjudicataria del mantenimiento de parques y jardines en 2016), cuando reconoce que los operarios de esta empresa realizaron, tras el descubrimiento de la fisura, una comprobación del estado de la tubería general de riego. Según consta en este documento, que ha sido incorporado al expediente por el siniestro, “probablemente la grieta no fracturó la tubería”, aunque admite que “las raíces pudieron producir movimientos en el empalme de la tubería general con las derivaciones que se encontraban en esa zona, pues en la base del pino había una arqueta de riego” que podría haber resultado afectada.

El dictamen del Consejo consultivo (que puede consultarse íntegro a través de la web del Gobierno de Aragón) transcribe informes, testimonios y documentos del expediente del deslizamiento. Entre otros, están los de Atadi Empleo. En estos, la concesionaria no deja claro si la grieta del cerro pudo tener alguna consecuencias en el empalme de la tubería general que explicara  porqué hubo una pérdida de agua de 1.152 metros cúbicos (m3) entre  el 7 de febrero y el 18 de abril de 2017, cuando el sistema de riego del cerro estaba cerrado.

Otro hecho significativo que desvela la publicación del dictamen es la purga de aire que la empresa Sifa, que asumió el mantenimiento de parques y jardines en febrero de 2017, realizó entre ese mes y abril en la tubería general. Sifa quiso comprobar si los problemas que tenía el Parador Nacional tenían que ver con la instalación del riego. 

Y esta purga es lo que la resolución municipal considera clave para determinar la responsabilidad de los hechos. Según el informe de Atadi, el sistema de riego había quedado cortado el 22 de noviembre de 2017 por finalización de campaña de riegos. Desde entonces y hasta el 7 de febrero de 2017 hubo un consumo de agua de 556 metros cúbicos que correspondería a los riegos de los días 11, 14, 16, 18 y 21 de noviembre, a razón de 80-90 metros cúbicos por día. A partir de ese momento ya no hay consumos. Así que en el supuesto de que hubiera una rotura de la red de riego, ninguna fuga se podría producir porque las llaves estaban cerradas.

Las llaves abiertas

La anterior contratista era conocedora, según la resolución municipal, de que no bastaba con tener la bomba de riego parada, sino que era necesario cerrar las llaves de paso para que no se produjeran fugas, pues en zonas bajas del cabezo -como la subzona 19, donde había aparecido la grieta- se podían producir perdidas en caso de averías. Sin embargo, eso no se trasladó a Sifa, porque las llaves de paso estaban abiertas cuando los bomberos y técnicos de Aquara accedieron, en la mañana del 18 de abril de 2017, a la caseta de riego del cabezo para cortar el agua que salía por la tubería de riego, ya al descubierto tras el derrumbe.

La resolución municipal concluye que desde el 7 de febrero hasta la fecha del siniestro se consumieron 1.152 m3 de agua de riego. El instructor del informe no tiene dudas: los operarios de Sifa activaron el sistema de riego cuando realizaron la purga de aire. “Probablemente las llaves se debieron dejar abiertas”, lo que provocó que la subzona 19 se fuera regando. El instructor  se acoge al informe de Atadi en el que afirma que “no es necesario que la bomba funcione para regar la subzona 19 ya que se encuentra a una cota inferior y sólo con estar la llave abierta es posible que circule el agua”. 

Una arqueta bajo el pino

Según la documentación aportada al expediente, Atadi comprobó en diciembre de 2016 y tras la aparición de la grieta, que la tubería de riego no había resultado afectada. En cualquier caso, el informe de esta empresa admite que no fue una inspección “fehaciente porque el agua estaba cortada y caso de existir una fuga no se podía advertir”. Es decir, si la tubería o las conexiones ya estaba dañadas por el movimiento del pino en inclinación no se hubiera detectado. La empresa reconoce que las raíces pudieron producir “movimientos en el empalme de la tubería general con las derivaciones que se encontraban en esa zona” y que “una arqueta de riego estaba en la base del pino”.

Con todo, la resolución municipal achaca la responsabilidad de los hechos a la actual contratista, pero pone de manifiesto que si la grieta aparecida en diciembre de 2016 tuviera alguna relación con los hechos, sería Atadi la responsable, por ser la adjudicataria del mantenimiento y responsable de la reparación.

Una caseta con acceso

Otro asunto que tendrá que resolverse es el que afecta a la caseta de riegos, donde se encuentran las llaves del agua. En este sentido, cobra importancia el testimonio de la técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento que, en otro informe redactado el 11 de mayo de 2018 e incorporado al expediente, afirmó que “el acceso a la caseta de riego no era exclusivo de la empresa concesionaria -entonces Sifa-, ya que el acceso se podía realizar sin llave”.

Reunión con el alcalde

La publicación por parte de DIARIO DE TERUEL de la desestimación que hace el Consejo consultivo de Aragón de la resolución municipal tuvo una reacción inmediata: los vecinos de Pui Pinos pidieron al alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia, una reunión “inmediata”, según la portavoz de la Plataforma de afectados, Ana Insa. 

Los vecinos, según Insa, han perdido la confianza en el proceso. “Estamos convencidos de que se va a alargar muchísimo más” afirmaron.

Por otra parte, también hubo reacciones desde los grupos municipales del Ayuntamiento de Alcañiz, incluso desde el grupo aragonés (PAR), que comparte Gobierno con el PP. Según su portavoz, Eduardo Orrios, los aragonesistas desconocían el pronunciamiento del organismo autonómico. “Estamos enfadados, porque no se nos había comunicado, y no es de recibo que de un dictamen del 24 de septiembre nos enteremos a mitad de diciembre”. Orrios reclamó “transparencia” y denunció que el informe del Consejo “no se ha llevado a ninguna comisión de Obras ni de Medio Ambiente”, las dos que se han hecho cargo de los asuntos relacionados con el deslizamiento de 2017. Asimismo, criticó que al expediente no se adjuntaran “documentos tan importantes como la póliza de la aseguradora o el informe de las causas”.

También desde Ganar Alcañiz, María Milián tildó como “muy grave el resultado del dictamen” así como “la ocultación de información y documentación”, por lo que consideró que “hay que pedir responsabilidades para clarificar los hechos”. Asimismo, enfatizó que “lo que dice el Consejo Consultivo de Aragón es que antes del desprendimiento había una grieta que se consideró un mal menor y que podía ser un hecho relevante”. En este sentido, recordó que su grupo preguntó “por esta fisura cuando apareció y la respuesta fue que no pasaba nada, lo que demuestra la ineficiencia y la irresponsabilidad del equipo de gobierno que pone en grave riesgo a la ciudadanía”. Ganar solicitará la celebración de una asamblea ciudadana “para que se informe de las obras que se están realizando a los vecinos”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, José María Andreu, criticó “la información a cuentagotas que se está facilitando desde el Ayuntamiento”, aunque “lo más grave es que el alcalde se niega a reunirse con los afectados”. A su juicio, “existe una dejación de funciones por parte del alcalde y de los concejales del PP, que lo permiten. Es un problema serio que no se está atajando por ningún lado, porque les interesa tener el asunto dormido para que los vecinos no se acuerden de este tema”. Respecto al dictamen, a juicio de Andreu es “un toque de atención muy importante sobre la gestión que se está realizando”. Recordó que “a la oposición se nos pidió respeto tras el derrumbe para no influir en la posición de los seguros, y lo respetamos, pero ha sido un engaño para que no incidiéramos más para pedir responsabilidades”.

Por su parte, el nuevo concejal de Ciudadanos (Cs), Francisco Lahoz, afirmó que “el dictamen es un varapalo enorme”. Reclamó “que se diga la verdad de una vez sobre lo que ha ocurrido en el cerro, y si hay responsabilidades habrá que apechugar con ellas”. Lahoz pidió que “se atienda la petición de la Plataforma de afectados de tener una reunión con los técnicos y el alcalde”.