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La eterna polémica de unos presupuestos que no son capaces de convertir cifras en obras La eterna polémica de unos presupuestos que no son capaces de convertir cifras en obras
La mejora de la línea convencional de tren acapara la mayor parte de las inversiones

La eterna polémica de unos presupuestos que no son capaces de convertir cifras en obras

El proyecto de los PGE sube este año un 23,25% pero sin grandes avances en las infraestructuras estratégicas
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La aprobación por el Gobierno central y su remisión a las Cortes del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 ha vuelto a desatar la eterna polémica sobre el trato que los mismos dan a la provincia de Teruel. Más allá de su evolución porcentual, que en esta ocasión suponen un aumento del 23,25% en las inversiones, las cuentas estatales no suponen grandes avances en las infraestructuras turolenses salvo para la mejora del ferrocarril convencional, al que se destinan algo más de 58 millones de euros, prácticamente la mitad de lo presupuestado teniendo en cuenta también los 30 millones de euros del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite).

Desde que se dieron a conocer de forma pormenorizada las cifras hace una semana, los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales y los movimientos sociales han reabierto el debate sobre las cantidades recogidas, que más allá de recoger un incremento porcentual del 23,25%, no suponen avanzar en las infraestructuras que demanda la sociedad turolense, comprometidas desde principios de siglo y que en la planificación estatal están muchas de ellas desde finales del siglo pasado.

El proyecto de los PGE de 2019 es más de lo mismo, cifras que a la espera de lo que se ejecute este año suponen un incremento o un descenso (desde la crisis económica lo más frecuente ha sido la evolución a la baja) de las partidas consignadas, pero que a la hora de la verdad no se traducen en obras.

Los turolenses están cansados de un debate que se reproduce todos los años y que no conduce a nada salvo al hastío, después de un año, además, en el que la ciudadanía ha salido en numerosas ocasiones a la calle para reivindicar lo que corresponde a la provincia, una deuda histórica en infraestructuras que el Justicia de Aragón ha reconocido recientemente.

El proyecto de los PGE de este año para Teruel incluye inversiones reales que ascienden a 123,2 millones de euros, teniendo en cuenta también los 30 millones del Fite, que es una transferencia que se hace a la Comunidad Autónoma de Aragón para la realización de inversiones.

No obstante, los dos partidos mayoritarios que se han alternado en el Gobierno de la nación en las últimas décadas, PP y PSOE,  contemplan o no el Fite en el cómputo global de cada año para hacer sus cálculos en función de los resultados matemáticos que salgan a la hora de calcular el porcentaje de crecimiento o de bajada de las cuentas del Estado, dependiendo de que se encuentren gobernando o en la oposición. A eso se debe que los de 2019 suban un 23,25%, pero el PSOE haya cifrado ese incremento en un 33% o un 43,5%, según la forma como se realicen las cuentas.

Pero los turolenses, hartos ya de ese juego político con independencia de ideologías y de quién gobierne en cada momento, lo que quieren de verdad es que al final se invierta y empiecen las obras de las grandes infraestructuras vertebradoras del territorio que pueden ser claves para combatir la despoblación, y más ahora que se ha anunciado el cierre de la térmica.

Cada partido, sobre todo el PP y el PSOE que se han alternado el poder, ve las cuentas a su manera y aunque siempre dicen que son insuficientes hasta cuando gobiernan en Madrid, al final es siempre más de lo mismo, proyectos que se dilatan en el tiempo y que no terminan de arrancar. Cada cual arrima, como dice el dicho, el ascua a su sardina, pero el resultado no cambia y las infraestructuras siguen sin llegar a la provincia por más que entre ellos se tiren los trastos a la cabeza y se responsabilicen unos a otros.

Un año con dos gobiernos

Este año es particularmente singular porque en la primera mitad de 2018 gobernó el PP y en la segunda el PSOE. Los primeros dicen que dejaron varios asuntos encarrilados como la Declaración de Impacto Ambiental de la A-68, el arreglo de la N-330 o la mejora del tren convencional, cuando los segundos aseguran que han sido ellos los que de verdad han impulsado esos proyectos en tan solo seis meses.

Si la misma celeridad demostrada en estos casos, al igual que con la política de transición ecológica, se hubiera demostrado con otros asuntos como la estrategia estatal contra la despoblación, que heredó el Gobierno de Pedro Sánchez ya con un considerable retraso por parte de su predecesor Mariano Rajoy, otra suerte correrían en los PGE algunas infraestructuras cuya planificación estatal data de hace un cuarto de siglo. 

El PSOE reprocha al PP haber abandonado en los cajones estos proyectos, dejando caducar en algunos casos las declaraciones de impacto ambiental como pasó con el corredor Cantábrico-Mediterráneo de doble vía electrificada entre Teruel y Sagunto, o el desdoblamiento de la N-211 entre Monreal y Alcolea; mientras que los populares argumentan que no han dejado de trabajar en la tramitación administrativa, y que por ese motivo han empezado a salir algunas infraestructuras en los últimos meses, a la vez que se escudan en la crisis económica para justificar que no lo hayan hecho antes.

Con independencia de las razones que cada uno argumenta, incidiendo en las cosas que les interesan e ignorando las que no quiere recordar, las infraestructuras no avanzan en la provincia por más que aumenten los presupuestos. 

El gobierno del PSOE, que ha trabajado en los últimos meses para que el tren de altas prestaciones vuelva a estar en la senda de la financiación europea, no ha presupuestado en cambio nada para retomar los estudios, después de que lo dejara caducar el PP, puesto que lo se está haciendo ahora es la mejora de la red convencional en vía única y electrificada. Tampoco ha incorporado en este último caso los nuevos trazados de los puertos de montaña de Cuencabuena y Paniza, que Adif había empezado a contemplar seriamente antes del cambio de gobierno provocado por la moción de censura.

El año pasado Adif presupuestó en la provincia 28 millones de euros, la mayoría (26,3) para los apartaderos y la renovación de vía, pero al final y según recoge el proyecto de ley de 2019, la inversión prevista de 2018 será de 1,5 millones, es decir, lo verdaderamente ejecutado.

Para este año se han metido 58 millones, que es lo que dispara el cómputo global del presupuesto, y hay varias licitaciones en marcha, de forma que debería avanzarse en la ejecución de las obras de mejora de la plataforma única, que es para lo que se destina ese dinero, no para que el corredor tenga las mismas características que el que discurre entre Zaragoza y el País Vasco.

En carreteras, el grueso de las inversiones para 2019 lo constituyen la N-232 de Ráfales al límite de la provincia de Castellón, con casi 5 millones, una actuación que es paradigma de lo que acaban siendo las obras en infraestructuras de la provincia de Teruel, historias interminables por el tiempo que pasa hasta que se hacen si finalmente terminan ejecutándose.

Sobresalen también los casi 3,2 millones para rehabilitar el firme de la N-211 entre Alcolea y Monreal, que no el desdoblamiento puesto que se presupuestan para esta otra actuación solo 20.000 euros, los 2 millones para la variante de Alcorisa y los casi 10 millones para conservación de carreteras. Avanza por otra parte el acondicionamiento de la N-330 entre Teruel y Villastar aunque con solo 346.120 euros en los PGE de 2019, pero con una proyección plurianual considerable, ya que Fomento aprobó provisionalmente el proyecto de trazado a finales del año pasado, según acaba de informar a la Subdelegación del Gobierno.

Poco más plantea el proyecto de los PGE de este año (ver cuadro adjunto), ya que en el caso de la A-68 solo se han presupuestado en la provincia de Teruel 70.520 euros y sin proyección plurianual, lo que llama la atención una vez que se ha aprobado la DIA y tal como está la situación en la comarca de Andorra. El PSOE sostiene que es la cantidad que se puede ejecutar para empezar la redacción de proyectos.