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Viernes, 22 de febrero de 2019
TERUEL

11/2/2019

El presidente de Aragón, Javier Lambán, dice que no había motivaciones reales para la movilización de Teruel Existe

Valoraciones tras la manifestación del domingo
Redacción
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Lambán (c) este lunes en Barbastro
Lambán (c) este lunes en Barbastro

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha expresado su respeto a la manifestación que congregó ayer en Teruel a miles de personas para exigir un "trato de igualdad" en materia de sanidad, pero ha descartado que hubiera "motivaciones reales" para la movilización.

Lambán, en declaraciones a los medios durante una visita institucional a Barbastro (Huesca), ha explicado que la sanidad de Teruel "no es mejor ni peor que la de Zaragoza o Huesca, y tiene los mismos problemas que en el resto de la España interior".

Tras subrayar que en su gobierno "no necesitamos que ninguna asociación o entidad nos recuerde lo que tenemos que hacer", el responsable autonómico ha reprochado a la organización convocante, Teruel Existe, de querer "hacernos recordar sólo a nosotros no ocuparse de recordárselo al PP".

Ha destacado que en la actual legislatura su ejecutivo ha invertido en el hospital de Teruel 3,6 millones en tecnología sanitaria, mientras que en la anterior, el gobierno del PP sólo invirtió 600.000, por lo que ha calificado de "incomprensible" la movilización de ayer.

El presidente aragonés ha asegurado, además, que no tenía "mucho sentido" que se produjera una manifestación un día después de anunciarse desde el Ejecutivo autónomo la firma, el próximo 25 de febrero, del acta de inicio de las obras de un nuevo hospital.

A su juicio, "cada cual es libre de manifestarse, y lo respeto, pero me parece que motivaciones reales para esa movilización no había ninguna, sobre todo cuando el anterior gobierno no hizo nada, mantuvo paralizado el proyecto del hospital, no invirtió y se desentendió de los profesionales médicos".

Ha recordado a este respecto que la decisión del gobierno del PP de jubilar a los médicos a partir de los 65 años, en un momento de falta de profesionales, costará a las arcas autonómicas 32 millones de euros al ser considerada "ilegal" por el Tribunal Supremo. 

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