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Ganar Alcañiz acusa al equipo de gobierno de “privatizar el agua para tapar agujeros” Ganar Alcañiz acusa al equipo de gobierno de “privatizar el agua para tapar agujeros”
Asamblea ciudadana organizada por Ganar Alcañiz en el Liceo. M. N.

Ganar Alcañiz acusa al equipo de gobierno de “privatizar el agua para tapar agujeros”

El grupo municipal explica a los vecinos en una asamblea su oposición a la nueva concesión
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Ganar Alcañiz acusó este jueves al equipo de gobierno PP-PAR de querer “privatizar el agua para tapar agujeros” y de hipotecar “un servicio básico” como este para pagar la deuda de 2,3 millones de euros que contrajo con Aquara en el momento en que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) declaró nula la prórroga de 29 años firmada en 2012 con la empresa Aquara. 

Así lo manifestó el grupo municipal de izquierdas en una asamblea ciudadana en la que reiteró su rechazo al borrador del nuevo pliego del agua porque “mantener la privatización” significa “empobrecer a la ciudad, destruir el tejido empresarial local, precarizar el empleo, promover fraudes, empeorar la calidad del agua” y no apostar “por el saneamiento o la depuración”. 

En la asamblea, Ganar explicó a la ciudadanía las alegaciones que, tras recibir asesoramiento técnico y jurídico, ha presentado al “anteproyecto de explotación de los servicios de abastecimiento y saneamiento de la ciudad de Alcañiz”. Apoyó el acto el abogado experto en derecho administrativo Juan Carlos Jiménez, que ya trabajó y ganó para Izquierda Unida en el recurso contra la prórroga del contrato.

Tras analizar los tres documentos –el pliego de condiciones administrativas, el de condiciones técnicas y el anteproyecto de explotación del servicio de abastecimiento y alcantarillado–, Jiménez aseguró que el borrador “adolece de efectos importantes que pueden contravenir el Reglamento de Bienes de Servicio de Aragón y la propia Ley de Contratos del Estado”.

“Posición muy ventajosa”

“Las condiciones que figuran pueden beneficiar al concesionario actual”, Aquara, por lo que “si no se modifica pudiera tener una posición muy ventajosa” con respecto a otras empresas, dijo.

En este sentido, Ganar criticó que el borrador del pliego vuelva a comprender el pago de un anticipo de 2,3 millones de euros –en los diez primeros días de gestión– para saldar la deuda que el Ayuntamiento tiene con Aquara tras la sentencia del TSJA, que obligó al consistorio precisamente a devolver esa misma cantidad aportada por la concesionaria actual en 2012. 

Aragonesa de Servicios Públicos recurrió también la prórroga por ser “contraria a la Ley de Contratos”, recordó Jiménez, quien definió el anticipo como “un préstamo clarísimo” y se preguntó: “A ver qué empresa adelanta ahora esa cantidad” si no es Aquara, “previendo además unas pérdidas iniciales”. 

Por otra parte, el abogado explicó que, pese a que el TSJA dictó resolver el contrato en 2017, el Ayuntamiento y la empresa lo han mantenido “de facto con la excusa de que estaban en proceso de licitación”. Añadió que “no tiene sentido” que se saque ahora a concurso “sin hacer la liquidación y saldo” del contrato que vence para actualizar la cantidad que debe el Ayuntamiento e inventariar “las inversiones” realizadas, como las de “saneamiento en los barrios rurales que había que hacer y no se han hecho”. 

Por tanto, el abogado instó a “modificar el borrador” para no incurrir en irregularidades administrativas.

“Remunicipalización”

En cualquier caso, el objetivo último de Ganar no es enmendar una contratación pública sino que el servicio de agua sea “remunicipalizado” porque, según la formación, es la única fórmula para abaratar el coste del servicio y mejorar su calidad. 

“Esos 2,3 millones de anticipo los quieren incluir para devolvérselos a la empresa, no para mejorar la red”, dijo la portavoz de Ganar, María Milián, quien recordó que el anteproyecto de concesión señala “todas las deficiencias que hay, como tuberías de fibrocemento defectuosas o un elevado porcentaje de contadores de más de diez años”, por lo que considera desautorizada una nueva concesión privada.

“El equipo de gobierno está mintiendo”, dijo la portavoz, pues “la deuda que dice que tiene el Ayuntamiento no es real porque faltan 2,3 millones que hay que devolver y no los tienen contabilizados”. “No queremos que a costa de esos 2,3 millones se condicione un contrato a 25 años, sea con Aquara o con quien sea”, concluyó.