La Fiscalía culmina las diligencias por los lodos vertidos de Santolea

La Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel ha culminado esta semana las diligencias de investigación abiertas a principios de año por los lodos vertidos al río Guadalope durante el desembalse de Santolea para acometer las obras de recrecimiento del pantano, y que provocó la mortandad de especies a lo largo de 30 kilómetros de su cauce entre la presa y el embalse de Calanda. Antes de que finalice el verano el ministerio público podría tomar una decisión sobre si ejercita acciones penales u opta por archivar.

Las diligencias de investigación fueron abiertas a principios de año a raíz de una denuncia presentada por la asociación ecologista AEMS Ríos con Vida. Desde entonces han comparecido ante la Fiscalía en condición de testigos 19 personas, además de haberse solicitado informes, de un total de 14 organismos.

La investigación desarrollada por la Fiscalía de Teruel en coordinación con la Unidad Especializada de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha sido una de las más complejas y largas llevadas a cabo en la provincia en esta materia, desde la creación de esta fiscalía especial en 2007.

El vertido de lodos por el desembalse del pantano de Santolea que se produjo para poder iniciar las obras de recrecimiento del pantano provocaron una gran turbidez del agua y la deposición de limos a lo largo de aproximadamente 30 kilómetros del río Guadalope. La zona afectada fue la comprendida entre la presa de Santolea y el embalse de Calanda. 

La mortandad no fue muy alta al haber huido los animales de la zona afectada, pero esos 30 kilómetros han quedado sin vida alguna al quedar sepultado el hábitat por los lodos. Las estimaciones de los informes que se han realizado apuntan a que la vida volverá a aparecer en ese tramo de río dentro de unos tres años.

El fiscal de Medio Ambiente de Teruel, Jorge Moradell, ha explicado que con las últimas declaraciones que tomó a principios de esta semana a los ingenieros redactores del proyecto da prácticamente por concluidas las diligencias, si bien no avanzó qué decisión piensa tomar.

Desde enero ha recabado numerosos informes de distintos organismos y han comparecido como testigos 19 personas entre las instituciones promotoras de la obra, las empresas encargadas de redactar los proyectos, ejecutar los trabajos y supervisarlos, y las administraciones afectadas por los daños causados como la DGA y la Diputación de Teruel por el suministro de agua potable.

En total han comparecido en estos siete meses técnicos, peritos, trabajadores y representantes de las empresas, aparte de haberse requerido también un informe a la unidad técnica pericial de la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente, al igual que la colaboración del UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) del Seprona, además de la Comandancia de Teruel.

A partir de todos los informes que el ministerio público ha recabado y de las comparecencias de esas 19 personas que han sido citadas en estos meses, la Fiscalía deberá considerar si hay indicios o no de responsabilidades penales por omisión dolosa o imprudente, de medidas de minimización por el alcance de las afecciones al medio fluvial a causa de la aportación de lodos al río durante el desembalse de Santolea.

La intención del ministerio público es poder tomar una decisión antes de que acabe el verano, en el sentido de si finalmente ejercita acciones penales o archiva el asunto tras la denuncia presentada por el grupo ecologista.

El asunto es complejo porque un desembalse de estas características conlleva siempre afecciones ambientales y solo en parte son evitables, aunque el fiscal deberá determinar si se pudo omitir alguna medida preventiva para evitar que pasara lo que sucedió.

El órgano sustantivo que aprobó e impulsó el proyecto es la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica junto con la Confederación Hidrográfica del Ebro, y quien lo promueve es la empresa pública Acuaes, que adjudicó los trabajos a una UTE de empresas. No obstante hay implicadas otras empresas que redactaron los proyectos, además de la Declaración de Impacto Ambiental y la asistencia a las actuaciones que se están llevando a cabo. Varias administraciones han elaborado informes de daños.