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El juzgado avala que el IASS pague la licencia del centro de día de San León

Jesús Fuertes y Emma Buj, ante el antiguo centro de menores de la plaza Santa Teresa, en una foto de archivo

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel ha avalado al Ayuntamiento de la capital en su reclamación de 18.000 euros de tasa de licencia urbanística al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por el proyecto del hogar de día para la tercera edad en el antiguo centro de menores de San León

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel ha avalado al Ayuntamiento de la capital en su reclamación de 18.000 euros de tasa de licencia urbanística al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por el proyecto del hogar de día para la tercera edad en el antiguo centro de menores de San León, que este organismo autonómico abandonó cuando el consistorio ya había realizado todos los trámites y concedido permiso de obra.

La sentencia fue dictada hace unos meses, pero no se dio a conocer hasta el pleno del pasado lunes, durante una intervención del segundo teniente de alcalde, Jesús Fuertes (PP) en el debate de una propuesta sobre la necesidad de retomar este proyecto.

Fuertes matizó que el fallo no es todavía firme, porque el IASS lo recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que todavía no se ha pronunciado.

El conflicto sobre el pago de la licencia de obras fue denunciado a principios del pasado año por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Ramón Morro, antes de conocerse la resolución judicial.

Según consta en el expediente municipal, el IASS solicitó en mayo de 2010 la licencia de actividad y la licencia de obras para la reforma del antiguo centro de menores de la plaza Santa Teresa, que le había cedido el Ayuntamiento en 2011, con el objetivo de transformarlo en centro de día y hogar del jubilado.

Permisos

Dos años después, en mayo de 2012, la hoy extinta Gerencia de Urbanismo otorgó a este organismo las dos licencias. Previamente, el consistorio había llevado a cabo complejos trámites urbanísticos, como una modificación de planeamiento para cambiar el uso administrativo del solar a uso residencial, o la segregación de los terrenos.

Los permisos iban acompañados de una liquidación de 75.447 euros que debía pagar el IASS en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de tasas por otorgamiento de licencia, vertido de obras y cartel de obra.

Pero en junio de 2012 el Instituto de Servicios Sociales interpuso un recurso de alzada contra esa reclamación económica, argumentando que había existido un desistimiento tácito del proyecto por parte de este organismo.

En octubre de 2012 el Ayuntamiento aceptó el desistimiento y realizó una nueva liquidación en la que reclamaba solo los 18.039 euros correspondientes a la tasa de licencia, al aceptar que la Administración autonómica no debía pagar el ICIO si no ejecutaba la obra, pero sí sufragar los gastos derivados de los trámites realizados por la Gerencia de Urbanismo para la concesión del permiso de obras.

Un mes después, en noviembre, el IASS presentó también recurso de alzada contra esta segunda liquidación. En él argumentó que este organismo no tenía voluntad de continuar con la tramitación del expediente, a pesar de las actuaciones del arquitecto redactor del proyecto, que era el que realizaba los trámites ante la Gerencia y cuya capacidad legal para actuar en representación de la Administración cuestionó el organismo autonómico.

El consistorio contestó a estos argumentos señalando que todos los requerimientos efectuados por la Gerencia al IASS a lo largo de la tramitación "fueron contestados por el arquitecto redactor de la documentación técnica, aun cuando el requerimiento se había formulado directamente a la Administración", por lo que debe interpretarse que siempre actuó en representación de la misma.

Por ello, rechazó el recurso de alzada y confirmó la exigencia del pago de la tasa de licencia. Tras el recurso contencioso presentado por el Instituto de Servicios Sociales, el juzgado hizo suyo el criterio del Ayuntamiento, a la espera de que el TSJA resuelva la apelación.

Autor:EVA RON / Teruel