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Andorra presionará a la DGA para que declare la térmica de utilidad pública

Imagen de la reunión de trabajo, ayer en sede comarcal

La mesa de trabajo para la defensa del sector minero-eléctrico de Andorra y comarca presionará al Gobierno de Aragón para que declare de interés general y de utilidad pública la central térmica para que el Ejecutivo autonómico pueda intervenir la instalación en caso de que Endesa se niegue a invertir.

La mesa de trabajo para la defensa del sector minero-eléctrico de Andorra y comarca presionará al Gobierno de Aragón para que declare de interés general y de utilidad pública la central térmica para que el Ejecutivo autonómico pueda intervenir la instalación en caso de que Endesa se niegue a invertir. Además, harán entrega de un documento al Gobierno de España en funciones a través de los tres diputados electos por la provincia de Teruel.

"Antes de dar más pasos, queremos hablar con Javier Lambán", dijo Salomón Amador, uno de los convocantes de la asamblea ciudadana del pasado 4 de febrero en Andorra y portavoz de una mesa de trabajo que se creó anoche y que aglutina a representantes de los Ayuntamientos mineros, Comarca Andorra-Sierra de Arcos, empresarios, sindicatos y ciudadanos a título individual.

"Queremos que Lambán se comprometa a declarar la térmica de interés general y utilidad pública", dijo Amador. De esta forma, algunas voces defienden que el Gobierno de Aragón podría llegar a expropiar a Endesa la central en caso de negarse a hacer las inversiones. Si DGA no se compromete, Amador dejó entrever que podrían activarse las movilizaciones.

Amador, erigido en portavoz de la mesa, destacó la "buena sintonía" y la "ilusión" que hay entre los integrantes de este foro para luchar contra la desregulación del sector minero-eléctrico, que acumula 13 meses y 13 días y que mantiene en vilo las inversiones medioambientales de la térmica turolense.

Además, la mesa aprobó un documento que quiere remitir al Gobierno en funciones de manos de los tres diputados electos por la provincia de Teruel: Manuel Blasco y Alberto Herrero (PP) e Ignacio Urquizu (PSOE).

El texto, prácticamente idéntico al aprobado por la Diputación de Teruel hace unos días y acordado en la asamblea general de la Asociación de Comarcas Mineras (Acom), exige al Gobierno de España el cumplimiento integro del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras 2013-2018. También reclama la convocatoria "con carácter inmediato" de la Comisión de Seguimiento encargada de evaluar el grado de cumplimiento del plan.

La declaración solicita igualmente al Gobierno de España que el peso del carbón autóctono en el mix energético nacional sea del 7,5%, así como la puesta en marcha de un mecanismo que garantice las inversiones y con ellas la quema de este carbón en las centrales térmicas, así como la posibilidad de implantar el llamado "céntimo verde".

Además, se insta al Ejecutivo central a defender en la Unión Europea el mantenimiento de un régimen de ayudas al carbón que asegure la continuidad del sector, "eje vertebral" para numerosos territorios desde el punto de vista económico y social.

Por último, reclaman la elaboración de un Plan de Reindustrialización para la reconversión económica en las cuencas turolenses, en cuyo diseño debe contarse con el Gobierno de Aragón, sindicatos, alcaldes y empresas mineras.

La mesa se volverá a reunir el lunes para perfilar cuestiones. Para entonces se espera que Lambán haya aceptado ya la reunión.

La Hullera va a liquidación

Las 42 bajas voluntarias que Endesa ofrecerá a su plantilla en la central (178 empleados en total) y los 33 despidos en Villajos, la contrata de Samca en el cielo abierto de Ariño, desencadenaron la alerta roja en la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.

Pero si mal están las cosas en la provincia de Teruel, peor están en el norte de España, donde ayer el consejo de administración de Hullera Vasco-Leonesa acordó, por unanimidad de todos sus miembros y la administración concursal, presentar la solicitud de liquidación de la compañía minera, la más antigua de cuantas carboníferas existen en España. Esta situación llevará a la calle a más de 300 trabajadores.

Autor:Marcos Navarro / Alcañiz