Expertos e instituciones defienden la valía laboral de las personas discapacitadas
Expertos y representantes institucionales defendieron ayer en Teruel las ventajas de contratar a personas con discapacidad, no solo desde el punto de vista del cumplimiento de la legalidad o de la obtención de bonificaciones y ayudas públicas, sino por la propia valía laboral de estos trabajadores. El debate se produjo durante una jornada sobre Empleo, empresa y discapacidad organizada por Plena Inclusión Aragón (antes Feaps Aragón), con la colaboración de la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) y de la Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (Atadi).
La actividad, celebrada en la sede de CEOE-Teruel, tenía como finalidad poner en valor y visibilizar ante el sector empresarial a las personas con discapacidad en el ámbito laboral, ya que se trata de un colectivo con tasas de desempleo muy superiores a las del resto de la población activa.
El objetivo es que las empresas "se sensibilicen con este colectivo y, sobre todo, que vean que estos trabajadores pueden realizar su labor igual que cualquier otra persona", según comentó Ramón Royo, gerente de Atadi.
Esta agrupación -que gestiona centros de día, centros ocupacionales, centros especiales de empleo y residencias en la provincia en las que 170 trabajadores atienden a más de 265 personas con discapacidad- presentó una ponencia a cargo de Juan Antonio Martínez, director del área de Empleo de Atadi.
Según explicó, entre sus tres centros especiales de empleo de Teruel, Alcañiz y Andorra tienen contratados a 37 trabajadores con discapacidad, que desarrollan su labor fundamentalmente en jardinería pero también en servicios a ayuntamientos, que van desde limpieza de viales o pintura de edificios públicos a mantenimiento de mobiliario urbano, entre otros. "Ofrecemos servicios de calidad, una respuesta profesional y un proyecto social estable que genera empleo en la provincia", dijo Martínez.
Atadi cuenta también en su sección asistencial con varios centros ocupacionales en los que se genera "un escenario parecido al laboral para que los usuarios puedan dar el salto en el futuro", indicó. Ofrecen a empresas servicios como ensobrado de cartas, artículos de cerámica y marroquinería, centros de flores, triturado de papel para ganadería o envasado alimentario, entre otros.
Para que estas personas puedan incorporarse al mercado laboral es necesaria la implicación de las empresas. La legislación marca una reserva mínima del 2% de las contrataciones para este colectivo en empresas cuya plantilla supere los 50 trabajadores. Como alternativas, prevé donaciones o bien la contratación de productos y servicios con centros especiales de empleo. Pero "no buscamos donaciones, sino empleo", aseguró Martínez.
Herramienta empresarial
Raúl León, profesor ayudante doctor del área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza, defendió la necesidad de contemplar la responsabilidad social corporativa (RSC) como una herramienta de gestión en las empresas, que tiene dimensiones económicas, sociales y de respeto al medio ambiente.
"La visión tradicional de la empresa era de una entidad cuyo único objetivo era general beneficios para los accionistas, pero ahora se plantea que deben generar también valor para el conjunto de la sociedad. Para que una empresa sea exitosa, tiene que haber una sociedad exitosa, igual que no puede haber empresas sostenibles en una sociedad insostenible", aseguró.
A su juicio, no puede entenderse la discapacidad solo como un elemento a tener en cuenta en los procesos de contratación, porque también "entre los clientes, proveedores o accionistas hay personas con discapacidad".
Según anunció, la Universidad de Zaragoza prepara un curso sobre Situación, retos y oportunidades de la RSC que se celebrará entre el 6 y el 8 de julio en el marco de la Universidad de Verano de Teruel. "El reto es hacer de Teruel una ciudad que se ponga en el mapa sobre estos temas porque lo tiene todo: una ciudad pequeña y un tejido empresarial cercano que puede colaborar", afirmó.
El economista experto en responsabilidad Juan Royo, abogó por hablar "de diversidad" y no de discapacidad y por fijarse no en esta, sino "en las capacidades de cada persona".
Puso como ejemplo, a partir de este enfoque, que quizá una persona con autismo no reúna las características adecuadas para ser director de Exportaciones de una Empresa, pero sí para controlar procesos donde prima la repetición o el orden.
La contratación de personas con discapacidad no debe verse como el mero cumplimiento de una obligación legal, sino como algo que beneficia a la empresa. "No hablamos de caridad, sino de que las empresas encuentren el valor de estos trabajadores", aseguró Royo, quien se mostró convencido de que "el mundo cada vez lo va a mover menos la competitividad y más la colaboración, porque es lo que genera valor".
Durante la jornada se expusieron experiencias de empresas con trabajadores discapacitados, una de ellas la de la MAZ, cuya responsable de Responsabilidad Social Corporativa, Silvia Lobarte, aseguró que la discapacidad en la Mutua es "invisible" porque estos empleados "están perfectamente integrados y realizan su trabajo como cualquier otro".
La segunda fue Jisa, dedicada a la fabricación de juguetes de plástico cuyo montaje subcontrata a los centros de Atadi. Uno de sus socios, José Pastor, aseguró que realizan esta labor de forma "totalmente satisfactoria".
Esta jornada forma parte de un ciclo que incluye también sesiones en Calatayud, Zaragoza y Alcañiz -ya realizadas-, además de Huesca y Monzón.
Implicación al 100%
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), y el presidente de la Diputación Provincial, Ramón Millán (PAR), animaron a los empresarios a contratar a personas con discapacidad porque "se implican al 100%" en su trabajo, durante la inauguración de la jornada sobre Empleo, empresa y discapacidad organizada por Plena Inclusión Aragón.
Buj recordó que en la pasada corporación, se licitaron por primera vez en el Ayuntamiento contratos reservados a centros especiales de empleo, cuya plantilla está formada mayoritariamente por personas discapacitadas, en concreto los de explotación de los aparcamientos municipales, limpieza de los ascensores de San Julián y algunos servicios de jardinería. "Estos contratos funcionan a la perfección, no nos han dado ni un solo problema", resaltó Buj, quien animó a las empresas a contratar a personas de este colectivo, porque "se implican al 100% con el trabajo".
Millán se comprometió a trabajar por la integración laboral de este colectivo. "Son personas que no están pendientes de la hora de cierre, no olvidan lo que se les dice y no tienen sindicatos", bromeó, al tiempo que dijo que muchas personas consideradas normales deberían aprender de su dedicación.
Carlos Torre, presidente de CEOE-Teruel, aseguró que esta entidad realiza una labor informativa ante las empresas sobre responsabilidad social e integración de personas con discapacidad. Por este motivo, La Caixa le otorgó el premio Incorpora.
"Los resultados demuestran que la contratación de personal de colectivos desfavorecidos es positivo para las empresas", dijo Torre, quien tuvo palabras de reconocimiento para Atadi y otras entidades que trabajan en esta línea.
Autor:EVA RON / Teruel