La Casa Blanca acoge desde hoy el Juzgado de lo Penal y sigue el traslado
La Casa Blanca, en la calle San Vicente de Paúl, acoge desde hoy parte de la actividad de los juzgados turolenses. Durante la tarde de ayer se procedió al traslado del Juzgado y sala de vistas de lo Penal y durante los próximos diez días se continuará reubicando servicios para poder realizar las obras del palacio de Justicia, en la plaza San Juan, unos trabajos que adaptarán el edificio a las condiciones de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) y en los que se invertirán más de tres millones de euros. Desde la Junta de Personal se advierte de que podrían generarse algunos problemas de funcionamiento ya que algunos servicios se mantendrán en el Centro y otros vinculados con ellos estarán en el Ensanche.
La Casa Blanca será sede provisional de los juzgados durante al menos dos años. En total se mueven 53 puestos de trabajo.
Todos los traslados se efectuarán a partir de las dos de la tarde. Mobiliario y equipamiento quedarán reubicados a lo largo de la misma tarde para que puedan estar operativos al día siguiente sin que se interrumpa el servicio al público ni el trabajo de los propios funcionarios. Hoy se hará el cambio del Juzgado de lo Social y mañana, la Secretaría de la Fiscalía y al día siguiente, la Fiscalía. El 26 de septiembre será el turno del Juzgado de menores y Fiscalía de Menores, el 27, la Secretaría de la Audiencia, el 28, el presidente, magistrado y letrado y el 29 de septiembre, la sala de vistas de la Audiencia Provincial.
Para que el edificio que tiene el Gobierno de Aragón en la calle San Vicente de Paúl pueda ser utilizado para Administración de Justicia, fue necesario realizar una serie de trabajos de carácter menor con un presupuesto aproximado de 30.000 euros. Fueron obras puntuales de distribución de espacios y nuevos tabiques, tanto en la planta baja como en la planta primera. Se efectuaron también trabajos de revisión y complemento tanto en la instalación eléctrica como en la red informática.
Una vez finalizada la ocupación será preciso devolver los espacios a su estado original, especialmente en la distribución de la sala de exposiciones de la planta baja.
Inquietud de los trabajadores
Por su parte, los trabajadores, a la espera de ver cómo se desarrolla todo el proceso de cambio de ubicación, sí que advierten de algunas cuestiones que podrían afectar al desarrollo de la actividad.
En primer lugar, el presidente de la Junta de Personal, Manuel Prats, señaló ayer que septiembre no es el mes más adecuado para un traslado de este tipo ya que, tras la reducción de actividad en agosto, es uno de los meses con más volumen de trabajo del año.
Por otro lado, Prats indicó que es "un error grave" separar la Fiscalía de los órganos mixtos, esto es, de los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia, puesto que van a tener que ir de una sede a otra constantemente. Asimismo, el representante de los trabajadores señaló que, aunque hay procedimientos que se pueden hacer de forma telemática, si el Fiscal necesita informar sobre una causa, necesitará revisar el expediente completo físicamente con el consiguiente traslado de la documentación de una sede a otra.
Manuel Prats recordó que remitieron un escrito a la directora general de Justicia e Interior que recogía sus advertencias pero que no han sido contempladas.
Por otro lado, aseguró que el sentir mayoritario de los trabajadores de los Juzgados es que no hacía falta una obra de esta envergadura. Señaló que los trabajo se podrían haber centrado en instalar un sistema de la climatización en los dos edificios, resolver los problemas de tuberías y baños del más viejo y mejorar los archivos.
Las obras en el Palacio de Justicia, que va a realizar el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, comenzarán de forma inminente ya que está previsto que la propuesta de adjudicación definitiva se realice esta misma semana.
El proyecto busca introducir el modelo de la Nueva Oficina Judicial, que abandona la idea de la oficina tradicional y dota a los espacios de una mayor flexibilidad.
La obra persigue encajar los dos edificios, que cuentan con una superficie útil de 6.000 metros cuadrados, para que cada planta funcione como única pieza, solventar los problemas de humedades y climatización. También se pretende mejorar la seguridad, marcando claramente la diferenciación de los espacios para la utilización pública y los privados que se emplean para los despachos de jueces, fiscales y letrados judiciales. Además se preservará la privacidad en el traslado de los detenidos desde los calabozos hasta las salas de vistas o para la toma de declaraciones.
Autor:I. M. T./ Teruel