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Frente común para unificar las ayudas a la reactivación de la cuenca minera

Donoso, Gastón y Arrufat, ayer ante los periodistas

Instituciones, empresas, sindicatos y la sociedad civil de la cuenca minera turolense formaron ayer un frente común con el objetivo de buscar soluciones para la reindustrialización del territorio, y empezaron a unificar y centralizar las ayudas que existen para este fin con el objetivo de facilitar la implantación de proyectos empresariales.

Instituciones, empresas, sindicatos y la sociedad civil de la cuenca minera turolense formaron ayer un frente común con el objetivo de buscar soluciones para la reindustrialización del territorio, y empezaron a unificar y centralizar las ayudas que existen para este fin con el objetivo de facilitar la implantación de proyectos empresariales.

Ayer se celebró en Zaragoza la primera reunión del grupo de trabajo en defensa del futuro de las zonas mineras de Teruel, con la presencia de representantes de los Gobiernos de Aragón y de España, la Diputación Provincial de Teruel, la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, el Ayuntamiento de Ariño, las empresas Endesa, Samca y Compañía General Minera de Teruel, la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, CCOO, UGT y asociaciones vecinales.

La consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, calificó la reunión de "satisfactoria", entre otras cosas porque todos los agentes convocados acudieron a la llamada.

Todos, dijo, se propusieron "en firme" trabajar de forma complementaria a lo que ya se lleva tiempo haciendo por la reindustrialización de la cuenca para "buscar soluciones a la monodependencia" de la zona hacia el sector del carbón.

En este sentido, anunció que dentro de dos meses este grupo de trabajo se volverá a reunir para unificar las ayudas que las diferentes instituciones habilitan para este fin (como el Plan del Carbón o el Fite), con el objetivo de facilitar el acceso a las mismas a los empresarios interesados en impulsar proyectos en las zonas mineras.

La finalidad, según Gastón, es hacer la zona "más atractiva" y hacer más llevadera y rápida la implantación de empresas.

Gastón puntualizó que no cree que sean necesarias mayores cuantías, y que la dotación (2 millones de euros anuales procedentes del Fite más lo que libere el Gobierno central del Plan del Carbón) es "más que suficiente", pero sí pidió que la información se unifique.

En este sentido, Antonio Donoso, presidente de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, precisó que se pretende "abrir la información" a todos los interesados para que ese dinero que a veces "se queda en el camino" porque no se sabe cómo utilizarlo, se quede en el territorio y se saque de él "el máximo provecho".

No se hablará de carbón

El grupo de trabajo creado ayer no es, según puntualizaron los asistentes, para hablar del sector del carbón.

Por ese motivo, y aunque los sindicatos y la DGA siguen apoyando al sector, en esta reunión no se habló de los planes de Endesa sobre las inversiones que es necesario acometer en la central térmica de Andorra para alargar su vida útil. De lo contrario, cerrará en 2020.

La consejera precisó que "las pistas" sobre sus intenciones tienen que venir de la dirección nacional de la empresa, porque los responsables de Endesa en Aragón ya informan "de cuánto conocen" y, en este sentido, recordó que el próximo jueves asistirá a una reunión en Madrid con el presidente de la compañía, Borja Prados para, precisamente, pedir "más información".

La constitución de este grupo de trabajo se produce tras el encuentro que tanto la consejera de Economía como el de Presidencia, Vicente Guillén, mantuvieron el pasado mes de agosto con la mesa por el futuro de Andorra y comarca, en el que se planteó la necesidad de buscar de manera conjunta soluciones que contribuyan a la reindustrialización de la zona, abordando el problema no solo desde una perspectiva centrada en la minería sino también desde el punto de vista social.

Encierro en el ayuntamiento de Estercuel hoy a las 11 horas

Representantes de la mesa por el futuro de Andorra se encerrarán a las 11 de la mañana de hoy durante 48 horas en el ayuntamiento de Estercuel para protestar por la situación laboral a la que se ha visto abocada la zona debido al descenso de la actividad en la térmica por la ausencia de un marco normativo que favorezca que Endesa compre carbón autóctono a las mineras turolenses.

A la entrada acudirá el colectivo de las Mujeres del Carbón de Aragón, que ayer celebró una asamblea en Andorra para concienciar a la ciudadanía sobre las consecuencias que puede tener en la comarca el cierre de la central térmica y las minas de carbón. Se sumarán a todas las movilizaciones y pedirán una reunión con el presidente de Aragón, Javier Lambán.

El consejero delegado de Endesa se reunirá con la mesa por el futuro de Andorra el 10 de octubre, encuentro que reforzará el de Gastón con Prados de pasado mañana.

Podemos pide auditar el Miner y acabar con la importación de carbón

Unidos Podemos pide al Gobierno en funciones una auditoría de los fondos dedicados a la reactivación de las cuencas mineras y, al mismo tiempo, "cerrar las puertas" a la importación de carbón.

En una proposición no de ley, denuncia el "incumplimiento" del Plan del Carbón y que, a pesar de que se reduce la producción nacional de mineral energético, está aumentando la importación de este recurso natural.

"El debate no es si se consume o no carbón. Se está consumiendo más, y eso es un problema con nuestros compromisos internacionales para la reducción del CO2, pero al mismo tiempo se está estrangulando de forma inaceptable la minería española", aseveró el diputado Rafael Mayoral, quien pidió que se alcance un plan de viabilidad para las cuencas y un compromiso de las administraciones públicas con este sector, "perfectamente compatible", a su juicio, con una reducción paulatina del consumo del dióxido de carbono en España.

Asimismo, también ha reivindicó la necesidad de que se produzcan cierres ordenados de las minas, y puso como ejemplo la ausencia de esto en el cierre de la explotación de Vasco Leonesa, sin tener en cuenta los riesgos de tipo ecológico para los pueblos colindantes. "No entendemos que el Gobierno esté mirando para otra parte ni que la Junta de Castilla y León no haya adoptado las medidas oportunas. La situación es de locura", señaló.

Autor:Marcos Navarro / Alcañiz