Greenpeace denuncia que España no realiza una "transición justa" del carbón
Greenpeace denunció ayer en la cumbre internacional del clima de Marrakech (Marruecos) que España no está realizando una transición justa del carbón, por lo que está "abandonando" a los trabajadores del sector y al medio ambiente, y reclamó el fin de las subvenciones a las energías "sucias e ineficientes" por "responsabilidad" y "coherencia".
La ONG reclamó también al Gobierno de España un plan con fecha de cierre progresivo hasta el año 2025 de las térmicas de carbón que incluya como elementos "ineludibles" un plan para el descenso paulatino del uso del carbón y la transformación justa para todos los trabajadores del sector en el marco de un pacto por la energía.
En un evento organizado en la cumbre climática por la Confederación europea de sindicatos y la Organización Internacional del Trabajo, la ONG presentó el informe Más allá del carbón. Alternativas sostenibles para el futuro de las cuencas mineras. Estudio de caso: El desarrollo alternativo de la cuenca minera de Teruel.
El trabajo analiza el fin del uso del carbón para producción eléctrica con un caso de estudio concreto -el de la cuenca minera turolense- y presenta alternativas de empleo para las personas que dependen de este sector.
En este contexto, la ONG refleja que la UE obliga a cerrar en 2018 la minería del carbón y para ello se han recibido ayudas para el cierre y la reconversión del sector. Sin embargo, advierte de que España "apenas ha abordado el problema" de esta transición.
Si bien, insiste en que la quema del carbón para obtener electricidad es la principal causa del cambio climático y que "debe terminar" para que la temperatura global del planeta no suba por encima de 1,5 grados centígrados.
El informe, elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO y la consultora Abay Analistas Económicos, aborda una cuestión sobre la que, según Greenpeace, ni las administraciones ni las empresas quieren hablar abiertamente: el fin del carbón y la necesidad de buscar alternativas sostenibles para el empleo.
Greenpeace recuerda que desde los años 70 del siglo pasado se han invertido "miles de millones de euros en los programas de ayuda al sector", pero con una "falta absoluta de transparencia y de control administrativo" sobre el destino de estos fondos.
La responsable de energía y cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, que presentó el estudio en Marrakech, aseguró que las empresas tienen una "especial responsabilidad" porque juegan con las esperanzas de los trabajadores al hacer depender de subvenciones públicas la continuidad de un sector que saben "no tiene futuro".
Nadal: El cierre "lo fijará el mercado"
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, negó ayer en Marrakech que su Gobierno vaya a obligar al cierre de minas de carbón ni al de las centrales térmicas. "Un cierre decretado de centrales no se contempla" porque "no es una obligación comunitaria", indicó en declaraciones a la prensa, aunque se mostró seguro de que "van a disminuir" porque son costosas o producen demasiadas emisiones; en definitiva, eso "lo va a fijar el mercado".
Con respecto a una futura Ley de Cambio Climático, confirmó que ya ha sido tratada con varios grupos políticos, especialmente con Ciudadanos, y no dio ninguna fecha tentativa para que pueda ser aprobada, pero indicó que espera que surja de "un proceso de diálogo y consenso".
Media comarca depende directamente del carbón
La economía de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos depende todavía en un 47,3% directamente del sector minero-eléctrico, según el Valor Añadido Bruto (VAB) que utiliza el informe de Greenpeace como referencia. El estudio cifra en el 17,9% el empleo directo comarcal que genera el sector.
Estos datos sirven a la organización ecologista para concluir que" la falta de aceptación de un escenario futuro y cierto sin carbón ha frenado de forma significativa el proceso de transición hacia una economía apoyada en actividades económicas alternativas".
El informe habla de una "estrategia de negación" entre la sociedad civil y política de la zona para no buscar con demasiado ahínco alternativas al carbón que "ha impedido un diagnóstico realista de la situación de los plazos, no ha permitido la implicación y el compromiso unánime de todos los actores con la necesaria transición" y "ha pospuesto la búsqueda de alternativas económicas".
A ello, siempre según el informe, ha contribuido el alto nivel de masculinización del sector, el modelo monoindustrial y unas mejores condiciones laborales de los mineros con respecto a cualquier otro sector industrial.
Greenpeace aboga por un "plan de transición justa que debe ser liderado por un organismo con visión global del conjunto de los planes -Miner, Reindus, Fite, etc.- que tienen incidencia en la zona".
La ONG propone alternativas al carbón como energías renovables, turismo, control de la contaminación, reciclaje de materiales, servicios culturales, gestión del agua o eco-construcción.
Greenpeace incide en que el futuro de la térmica no está asegurado más allá de 2020. De acuerdo a la Directiva europea de emisiones, para que la central continúe su funcionamiento deberá implantar tecnología de reducción de emisiones antes del 30 de junio de 2020, aunque Enel-Endesa aún calla sobre si invertirá en las mejoras ambientales necesarias, valoradas en unos 230 millones de euros.
En este contexto, recuerda a Endesa y Samca, que "se han beneficiado" durante años de las ayudas, que tienen capacidad de buscar alternativas sostenibles de empleo para la zona como la inversión en renovables.
Autor: Redacción / Alcañiz