Andorra sanciona a la concesionaria del agua por el caudal y la calidad del servicio
El Ayuntamiento de Andorra ha sancionado a la empresa concesionaria del servicio de aguas, Aragonesa de Servicios Públicos, con 15.000 euros de multa tras hacerla responsable de la mala calidad y escaso caudal de agua de boca que reciben los vecinos. Considera como falta grave el estado de conservación de la infraestructura, así como la "obstrucción" de la labor inspectora municipal.
El pleno aprobó ayer con el apoyo unánime de los seis grupos municipales resolver el procedimiento sancionador a la empresa por haber detectado "incumplimientos" de contrato. El Ayuntamiento encargó a la secretaria y al jefe de la Brigada Municipal, como órgano sancionador, que elaboraran un informe al respecto.
Dicho informe propuso imponer a la empresa las multas establecidas en el contrato. Con respecto al agua no controlada –fugas de agua-, se sanciona a la empresa con la cuantía de 4.549,14 euros por considerarse una falta grave el incumplimiento del contrato en lo referente al "descuido notable en la conservación y mantenimiento de las edificaciones, instalaciones y demás infraestructuras básicas que afectan al servicio".
Demasiadas pérdidas
A este respecto, el informe municipal al que ha tenido acceso este diario recuerda que en la prórroga del contrato firmada en 2009 se indica que el volumen de agua no controlada sería hasta el ejercicio 2021 del 37% -siendo que la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) estima que no debería ser superior al 25%- , mientras que la gráfica de rendimientos que presentó Aragonesa en sus alegaciones lo fija entorno al 50%, con una estimación para el año 2016 del 40,9%. Por tanto, "se está superando este valor de manera notoria y conocedora por parte de Aragonesa sin que se estén produciendo muestras evidentes de querer solventar esta problemática".
Especialmente llamativo es el apartado del informe en que se asegura que la concesionaria "no ha querido poner de manera conocedora los medios y técnicas necesarias para producir un descenso de este porcentaje hasta el momento de la comunicación de la apertura del proceso de expediente sancionador, siendo aun así insuficiente para encontrarse dentro de los valores acordados".
En cuanto a la inspección del servicio, el Consistorio impone a la empresa otros 4.549,14 euros de sanción por considerar, de nuevo como falta grave, "la obstrucción por el concesionario de la labor inspectora municipal". Se refiere a cuando, el 15 de enero de 2014, varios concejales intentaron acceder a la planta potabilizadora y la concesionaria negó el acceso alegando la falta de una solicitud previa que, según los técnicos que han elaborado el informe, no era necesaria.
Por otra parte, el Ayuntamiento considera falta leve (909,83 euros) que la empresa no haya podido justificar que el técnico especialista tiene fijada su residencia habitual en Andorra, y grave (4.549,14 euros) que el personal no tenga dedicación exclusiva en la localidad.
Juicio a la vista
El concejal delegado del Ciclo del Agua, Ramón López, explicó que estas sanciones son solo el primer renglón en su "hoja de ruta" para "remunicipalizar el servicio".
"No se le va a pasar ni una a la empresa", dijo López, para quien las faltas graves "son motivo suficiente para rescatar el servicio".
Sin embargo, para llegar a este extremo el Ayuntamiento prefiere esperar a tener redactada una auditoría externa, que ya ha sido adjudicada y que en los próximos meses "certificará los incumplimientos" del contrato, vaticinó López.
El edil entiende que el proceso solo puede acabar en juicio, ya que "si sale adelante una sanción grave tendremos derecho a reclamarle daños y perjuicios", pero Aragonesa también alegará.
"Han perdido toda el agua que han querido, deteriorando la infraestructura y, aún así, eso les ha supuesto más beneficio", manifestó el edil. "Han obligado al Ayuntamiento a subir las tasas y a aumentar la duración del contrato para cumplir con el equilibrio financiero", criticó en referencia a la modificación de la prórroga de prestación del servicio ante el temor de que la concesionaria ganara en los tribunales una reclamación de 453.000 euros de deuda acumulada entre 2008 y 2013.
En 2021 acaba el contrato, pero López no se conforma con dejar pasar el tiempo. "Tenemos la obligación de defender a los vecinos", que ven como "el precio se ha multiplicado y la calidad del agua es mucho peor" desde que se externalizó el servicio. El regidor explicó que es frecuente que los electrodomésticos se estropeen por culpa de la cal y que los vecinos tengan que comprar agua embotellada.
Autor: Marcos Navarro / Alcañiz