Domingo, 22 Agosto 2010
TRIBUNA ABIERTA
César Román. Portavoz de la Asociación Profesional Española de Directores de Recursos Humanos
El presidente del Gobierno ha anunciado su disposición a abordar una reforma del sistema de pensiones consistente en el aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años. Esto se produce por las permanentes dificultades para el pago de las pensiones. Y esas dificultades devienen de un sistema financiado íntegramente a través de las cuotas a la Seguridad Social que pagan empresarios y trabajadores, unido a que tenemos una pirámide poblacional en la que cada vez nuestros mayores son más y su esperanza de vida es mayor. A pesar que el empresario paga a la Seguridad Social el 28% del salario bruto del trabajador y el empleado el 6,4% y que estas cuotas suponen unas de las más elevadas del conjunto de la Unión Europea, esa fuente de ingresos no es suficiente para garantizar el pago de las pensiones y la viabilidad futura del sistema. Ante esa situación el Gobierno estudia abordar que la edad de jubilación pase de los 65 a los 67 años junto con la eliminación o recorte de la jubilación anticipada. Con esta medida el Gobierno plantea dilatar en el tiempo el pase a la jubilación de los trabajadores en activo, lo que en la práctica supondría que habría que pagarles dos años menos de jubilación y que durante ese tiempo estos seguirían ingresando sus cuotas a la Seguridad Social.
Durante muchos años se nos ha venido explicando profusamente que la solución a la financiación del sistema de pensiones residía en la inmigración. Esta máxima, además de ser falsa, parte de un punto de partida amañado y poco explicado. A diferencia de lo que la mayoría de la población cree, lo que empresarios y trabajadores cotizan hoy no se guarda para pagarle su pensión mañana sino que con ese dinero se pagan a los pensionistas actuales. Es decir que con el actual modelo se necesita que cada vez haya más trabajadores en activo para pagar a los que están ya jubilados. Este sistema perverso, en la práctica es un sistema piramidal en toda regla, no muy distinto de lo que hacía Madoff, Afinsa o Fórum Filatélico por citar sólo algunos casos de sistemas de financiación piramidal. Se da la paradoja que lo que es un delito de estafa para cualquier ciudadano es una práctica institucionalizada por el Estado. El sistema precisa para sostenerse que cada día se ingrese más para pagar a quienes ya pagaron en su día en una espiral de imprevisibles consecuencias. Del propio sistema de financiación emana que en épocas de crisis como la actual al reducirse el número de trabajadores se reducen los ingresos por cuotas por Seguridad Social, y por tanto hay menos dinero para hacer frente a las pensiones, al tiempo que hay que pagar más en subsidios de desempleo. Un Premio Nobel de Economía dijo que el sistema de financiación de las pensiones españolas es una bomba de tiempo. Una bomba que puede estallar en el momento en que los ingresos sean inferiores a la cuantía de las pensiones que se tengan que pagar. Por esa razón retrasar la edad de jubilación sólo supone aplazar en el tiempo el estallido del sistema no siendo la solución adecuada. La entrada de inmigrantes sólo parcheó el problema temporalmente puesto que a estos inmigrantes también hay o habrá que pagarles sus pensiones, amén de otros gastos sociales destinados a este colectivo. Y resulta imposible que la población crezca de forma constante. Y es que por cada nuevo pensionista hacen falta tres trabajadores en activo que sostengan esa pensión. Y ese crecimiento exponencial de población es absolutamente imposible de mantener en el tiempo.
La medida de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años puede ser contradictoria en sí misma. En primer lugar porque cuanto más tarde un trabajador en jubilarse, más atrasará que otro más joven le reemplace en su puesto de trabajo. Este no es un asunto baladí en una nación como España que tiene la mayor tasa de desempleo juvenil de Europa. Además y según las memorias anuales de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, la mayor tasa de accidentabilidad laboral y bajas por contingencias comunes se dan en los últimos años laborales, por lo que estas bajas aumentarán paralelamente a que el empleado tenga más edad. Ello generará más gastos para el Estado, y en algunos casos puede que este sea mayor aún que los ingresos previstos por cuotas durante esos dos años.
Para frenar esa dinámica de financiación piramidal de la Seguridad Social deberíamos abordar con premura una profunda reforma. Esta nos debería conducir a cambiar progresivamente el actual sistema basado en cotizaciones (y que sólo pagan quienes están en activo), sustituyéndolo por otro mixto. Este tendría una parte reducida del anterior, junto con un impuesto directo que pagarían todos los ciudadanos sin excepción, incluidos los turistas y los inmigrantes que residen o pasan por nuestra nación. Además esto debería ir ligado a un progresivo descenso de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que podría aplicarse normativamente en un aumento de los salarios de los trabajadores, aumentando de esa forma su capacidad de compra y reactivando consecuentemente el consumo. Lo que no se le da al Estado, se le entrega a los trabajadores para que estos a su vez generen nuevos ingresos al fisco vía impuestos directos.
Con un sistema de financiación como el descrito conseguiríamos dar estabilidad a las pensiones sacándolas del debate político, y garantizando su existencia. Algo que por otra parte nos interesa a todos, puesto que es uno de los pilares básicos de un estado social. Y en la misma correspondencia dejaríamos de depender de la inmigración para poder pagar nuestras pensiones, lo que también podría acarrearnos positivas consecuencias en áreas como el gasto social y el volumen del Estado. Seguir haciendo reformas que nos conduzcan a más años de cotización o a plantear aumentos en los porcentajes de esas cotizaciones sólo nos conducirá a seguir haciendo crecer la pelota en la que estamos inmersos actualmente.
