La larga huelga del ferrocarril Central de Aragón (I)

Uno de los temas pendientes, entre otros muchos, de los historiadores es el estudio del movimiento obrero en la provincia de Teruel a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX, de sus condiciones socioeconómicas, de su asociacionismo, de sus demandas, de sus movimientos huelguísticos... Nosotros hemos aportado el análisis de algunos temas en nuestras publicaciones, pero echamos en falta un trabajo global que abarque todo el periodo histórico como podía ser la realización de una tesis doctoral que incluyera todos los aspectos.

Podría pensarse que la provincia, de carácter eminentemente agrario y con escasa implantación de la actividad industrial en siglo XX, no ha tenido una clase social agraria en el campo (jornaleros e ínfimos propietarios, sobre todo) o unos sindicatos obreros de clase dentro de la industria (mineros, ferroviarios...) que hayan reivindicado mejoras en sus trabajos y que hayan acompañado sus demandas con medidas reivindicativas como la realización de paros laborales o de huelgas.

Nada más lejos de la realidad, podemos citar, a modo de ejemplo, las huelgas habidas en Beceite a principios de la década de los años veinte del siglo pasado en las fábricas de papel y en las minas de carbón; las acaecidas en el Bajo Aragón protagonizadas por los trabajadores empleados en la recogida de las aceitunas en los inviernos de los años treinta; las de los mineros de Sierra Menera alrededor de 1911 o la de los obreros (peones) durante la construcción del Banco de España y del alcantarillado en la ciudad de Teruel entre 1933 y 1934.

Hoy vamos a centrar nuestra entrega en una huelga, seguramente la más larga de todas las habidas en Teruel, que afectó a gran parte de la provincia pues el ferrocarril Central de Aragón la atraviesa de norte a sur y además, en él trabajaban cientos de turolenses procedentes de diversos pueblos pero, sobre todo, de los del Jiloca y de Teruel capital. De hecho, fue la provincia más afectada por las consecuencias de la huelga, mucho más que Valencia o Zaragoza por las que también circulaba el Central.

Hay que recordar que el la Compañía del Central de Aragón era la que construyó el ferrocarril del mismo nombre que unía, en principio, Calatayud con Sagunto, inaugurado al iniciarse el siglo XX y al que en 1933 se le añadió el tramo de "El Caminreal" (Caminreal-Zaragoza). Los dos tramos eran de capital privado de procedencia belga pero en su financiación había participado el Estado español.

El día 12 de agosto de 1936, casi un mes después del golpe de Estado contra la II República triunfante en gran parte de la provincia de Teruel, el coronel/comandante militar de la zona sublevada, Antonio Civera, desde su residencia en la capital, dictaba una orden militar en el cual señalaba que “los individuos de profesión ferroviarios del Central de Aragón comparecerán ante mi autoridad en el improrrogable plazo de tres días a partir de la publicación de este escrito en el Boletín Oficial de la provincia de Teruel (BOPT)…”.

Los mencionados en el escrito eran 22 vecinos de la Comarca del Jiloca pero especialmente de Caminreal que entonces era un núcleo ferroviario importante. Así, de esta localidad se citaba a Antonio Gil Herreras, Juan Polo Clemente, Victorino Hernández Pardos, Antonio Anceja Tort, Marcelino Tomás García, Alfredo Mínguez Mínguez, Juan Gaudioso Cameros, Juan Arribas Domínguez, Ernesto Guillén Arnau, Roque Guillén Santacruz, Miguel Hernández Lorente, Pascual Salas Polo, Gregorio Malo Cebrián, Manuel Pardos Saz, Bernardo Miravete Montón, Eleuterio Marco Gimeno, Adolfo Angosto Plumed, Manuel Rando Meléndez y Arturo Fraj Martínez; pero también de Calamocha, Tomás Lorente y Pedro Frías y de Cuencabuena, José Allueva.

En el escrito del BOPT también se mencionaban nominalmente a otros 43 ferroviarios que estaban avecindados en Teruel capital y que en esos momentos no se encontraban en sus domicilios porque habían "desaparecido". No reproducimos el listado con el nombre y apellidos de todos por no hacer más extenso este artículo.

En esta comparecencia obligada ante la máxima autoridad militar, los citados ferroviarios debían presentar documentos de descargo que pudieran justificar su ausencia de su domicilio donde habían sido buscados seguramente pero, sobre todo, se les señalaba por “su no incorporación” a la movilización militar del ejército sublevado y se les amenazaba: “se procederá a instruirles un expediente de deserción” que, claro, en ese momento de iniciada la guerra podría suponer su ejecución en el paredón.

En el caso de haberse incorporado, hubieran pasado a ser soldados del ejército franquista esto es, se tenían que sumar a la sublevación pues los golpistas habían pasado a militarizar a todos los trabajadores del ferrocarril aplicando la legislación vigente en la época según la cual tanto los empleados de correos como los de líneas férreas pasaban a ser automáticamente militares.

Para esas fechas del día 13 de agosto, según cuenta Gonzalo Montón (Réquiem por la estación de Caminreal. Centro de Estudios del Jiloca, 1996) ya hacía alguna semana que se había producido la desbandada de los trabajadores implicados en la huelga por temor a las represalias, de tal manera que un número indeterminado ferroviarios "huyen hacia Molina de Aragón por temor a ser represaliados (...) algunos, desde Molina, se dirigieron hacia Madrid..."