Todos los hospitales generales del Sistema Aragonés de Salud, entre ellos el Obispo Polanco de Teruel, están acreditados para la práctica del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. Así lo recogía una orden del Departamento de Salud y Consumo publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial de Aragón por la que se desarrollan determinados aspectos de la Ley del Aborto.
El Gobierno de Aragón ha acreditado para realizar la interrupción voluntaria del embarazo a todos los hospitales públicos. Por su parte, los centros sanitarios privados actualmente acreditados para la realización de abortos tendrán un plazo de cuatro meses para adecuarse a las condiciones de calidad asistencial de la prestación del aborto reguladas en el Real Decreto 831/2010.
Todos los centros sanitarios privados deberán presentar una solicitud de nueva acreditación para realizarlos ante la Dirección General de Planificación y Aseguramiento del Departamento de Salud y Consumo, órgano competente en materia de autorización, acreditación y registro de servicios y centros sanitarios.
Mientras no obtengan la acreditación, estos centros únicamente podrán realizar las actividades para las que hubiesen sido acreditados conforme a las normas vigentes antes de la entrada en vigor del Real Decreto de garantía de calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo.
Además, está prevista la creación del Comité Clínico del Sistema de Salud de Aragón para la interrupción voluntaria del embarazo, como órgano colegiado, de ámbito regiona.
“Normalidad”
Aragón aplicará con seriedad la reforma de la Ley del Aborto. Así lo expresó esta semana la consejera de Salud y Consumo del Ejecutivo autonómico, Luisa María Noeno. Noeno aseveró que en la Comunidad “nos tomamos la Ley, nos guste o no nos guste, de manera muy seria” porque el texto ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados y por tanto, “una Ley siempre hay que cumplirla”.
Además, la consejera puntualizó que este texto es una reforma de una ley que ya existía hace ya más de 20 años y que en Aragón no ha supuesto “ningún problema”. Con motivo de la entrada en vigor de la modificación legislativa, la Consejería de Salud y Consumo ha tenido que poner en marcha una serie de aplicaciones de la nueva Ley del Aborto
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