Los expertos urgen a aprovechar los efectos de los incentivos fiscales contra la despoblación

Los expertos consideran que es necesario valorar y aprovechar los efectos que los incentivos fiscales tienen en la lucha contra la despoblación para sacarles el máximo partido posible, porque todavía no hay resultados empíricos concluyentes sobre esta cuestión, si bien reconocen que las ayudas al funcionamiento de las empresas sí son eficaces a la vista del resultado que han dado en otros países europeos. Precisan, no obstante, que deben aplicarse en su máxima intensidad porque en caso contrario no logran los efectos deseados. Son algunas de las conclusiones recogidas en el Libro Blanco contra la Despoblación elaborado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) dentro del apartado dedicado a los incentivos económicos y las medidas financieras.

Este libro blanco, titulado Despoblación, cohesión territorial e igualdad de derechos, ha sido elaborado por un amplio equipo de expertos, en su mayoría catedráticos universitarios, en el marco de las actividades que desarrolla el CEPC, un organismo público que está adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

A través de una decena de capítulos, el amplio informe coordinado por Yolanda Gómez Sánchez aborda diferentes cuestiones que afectan al problema de la cohesión territorial y la despoblación en España, para cuyo análisis y conclusiones han trabajado reconocidos expertos del mundo académico en cada una de las materias que se tratan.

Incentivos económicos

Uno de los asuntos que aborda son los incentivos económicos y las medidas financieras, es decir, la fiscalidad diferenciada que tanto se pide desde la España despoblada como un mecanismo compensatorio dadas las dificultades añadidas que tiene el desarrollo de las actividades económicas en estos territorios, así como la financiación para la prestación de los servicios públicos.

Sobre esta última cuestión, los expertos consideran que la participación de las administraciones locales en los ingresos del Estado debería atender a la realidad de las obligaciones de gasto municipales, algo especialmente necesario en los ayuntamientos pequeños, que son los más afectados por la despoblación y consecuentemente los que disponen de menos recursos.

Los autores de esta parte del documento son Francisco Velasco Caballero, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid; César Martínez Sánchez, profesor de Derecho Financiero y Tributario del mismo centro universitario; y Diego Loras Gimeno, profesor de Geografía Económica de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE).

El objetivo, como en el resto de los apartados del informe, es analizar la situación de la despoblación y de la cohesión territorial y formular propuestas para que desde las políticas públicas se puedan corregir esos desequilibrios.

Algunas propuestas que hacen están contempladas ya en la incipiente legislación que están aprobando las comunidades autónomas, mientras que otras como las ayudas al funcionamiento de las empresas empezaron a aplicarse también el año pasado por parte del Estado. Sobre esta última cuestión consideran que estas ayudas sí pueden contribuir a revertir la despoblación por el efecto positivo que tienen en la regeneración económica, la creación de empleo y el asentamiento de la población.

Advierten en cualquier caso que para que sean eficaces se tienen que aplicar en su máxima intensidad, puesto que si no tienen un efecto contrario  que denominan “trampa de la deducción insuficiente”. Aclaran que solo superando un cierto umbral de esas ayudas, como ha sucedido en Noruega, las mismas generarán los efectos deseados, porque si son insuficientes no cambian nada.

Cautela

Los autores recuerdan que los beneficios fiscales deben realizarse siempre con “cautela” porque suponen un desafío al principio de igualdad y puede distorsionar el mercado, además de suponer una pérdida recaudatoria. Consideran que lo deseable es que antes de aplicarlos fuesen sometidos a un estudio sobre sus verdaderas consecuencias.

Sobre de qué forma afectan al reequilibrio territorial, indican que de acuerdo con otros estudios “existe una limitada evidencia empírica acerca de la eficacia de los incentivos fiscales para luchar contra la despoblación”, en el sentido de que sean verdaderamente útiles para fijar población o atraerla hacia territorios con alta tasa de envejecimiento y población en declive.
 

“Aún no se han podido obtener resultados concluyentes”, argumentan, por lo que admiten que es “complicado aventurar” qué tipos de beneficios fiscales pueden cumplir con ese objetivo de luchar contra la despoblación, aunque aclaran que estas políticas ya se dan en España. En concreto se refieren a los beneficios fiscales que están ligados al asentamiento de personas físicas y jurídicas en determinados territorios del país, en particular las islas, así como Ceuta y Melilla.

Apuntan por otra parte que en España se han puesto ya en marcha este tipo de medidas, en particular por parte de las comunidades autónomas como Aragón, Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, la Comunidad Valenciana y en particular Castilla-La Mancha, de la que destaca su carácter pionero y “pretensión integral”.

En el caso de los beneficios fiscales en la tributación de las personas físicas, los expertos consideran que ese incentivo fiscal puede resultar especialmente incentivador, y que de hecho “hay evidencia de que determinados beneficios fiscales introducidos en el IRPF han logrado los objetivos que perseguían”.

Argumentan los autores que al igual que hay deducciones en el IRPF para las rentas de Ceuta y Melilla, el Estado “podría plantearse una deducción para los residentes en las zonas calificadas como despobladas”. Para ello debería exigirse tanto que el beneficiario resida de verdad en la zona como que obtuviera sus rentas en ella. “Con esto se perseguiría claramente la fijación y/o atracción de población para residir en este tipo de territorios”, afirman.

Modificaciones

Otra medida que plantean es la posibilidad de modificar la actual deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, de forma que se exigiese que las mismas tuviesen su sede de dirección efectiva en las zonas que fuesen calificadas como despobladas. Apuntan que alternativamente se podría establecer “un porcentaje de deducción superior para los casos en los que las empresas estuviesen radicadas en este tipo de territorios”.

La fijación de población en estos casos se consigue de forma indirecta porque no se incentiva directamente a quienes residen sino que se favorece la creación de tejido empresarial en esos territorios.

En cuanto a las comunidades autónomas, plantean una deducción sobre la cuota autonómica del IRPF a los residentes en sitios despoblados, “si bien, a fin de incentivar también la actividad económica en estas zonas, sería recomendable que este beneficio fiscal estuviera ligado a la generación de rentas en dichas zonas o, al menos, que la deducción fuese mayor en este tipo de casos”.

Otra propuesta que lanzan es incentivar fiscalmente de manera específica determinadas actividades que se realizan en los territorios despoblados. Citan como ejemplos las deducciones por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas rurales o los gastos del traslado.

Argumentan por otra parte que habida cuenta de los problemas de transporte público por la insuficiencia de una red adecuada en estos territorios, “podría pensarse en una deducción específica que se refiriese a los gastos de transporte en los que incurren los habitantes de estas zonas”.

Beneficios fiscales

Este tipo de beneficios fiscales  podrían constituir una rebaja de la cuota tributaria lo suficientemente atractiva para fijar población, argumentan los expertos, pero también alertan del riesgo de prácticas defraudatorias “especialmente en contribuyentes que perciben altas rentas”, ante lo cual consideran que la Administración tributaria debería desarrollar herramientas para controlar posibles cambios ficticios de residencia fiscal.

Los autores del informe no entran a considerar medidas de fiscalidad especial con el IVA por las dificultades de su gestión, pero abogan por otras medidas fiscales como las que puedan facilitar el acceso a la vivienda. Consideran una medida acertada aplicar un gravamen reducido en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de vivienda habitual, y sugieren que la Administración revise la valoración de los inmuebles en estos territorios por las dificultades de fijar un valor de mercado ante el escaso número de compraventas que se realizan. Ven acertada igualmente medidas dirigidas a favorecer la rehabilitación de inmuebles mediante rebajas del tipo de gravamen en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las reformas en las viviendas que vayan a constituir residencia habitual.

Sobre posibles beneficios en el Impuesto sobre Sociedades, los expertos entienden que no son concluyentes los logros alcanzados, siendo además un tributo dependiente del Estado. De cara a prevenir también la picaresca, los expertos estiman que lo más adecuado sería diseñar los incentivos fiscales “de manera que aseguren la inversión directa” en los territorios.

Apuntan incluso beneficios análogos para actividades como las producciones cinematográficas y audiovisuales, tan en boga hoy en la provincia de Teruel, de manera que la deducción “estaría constituida por un porcentaje de los gastos efectivamente realizados en los territorios despoblados, ya fueran inversiones de capital, servicios allí contratados o sueldos de personal que desempeñase su trabajo” en estas zonas.

Coeficientes reductores

Otras dos medidas que sugieren son aplicar un coeficiente reductor del IAE a las empresas que ejercen su actividad en zonas despobladas, al igual que reducirles el tipo de gravamen del ICIO para hacer obras, puesto que la renta potencial de estas empresas es inferior en las zonas despobladas. Advierten, no obstante, que eso repercutiría en las haciendas locales porque son impuestos municipales, lo que debería compensarse con una mejora de la participación de los municipios rurales en la participación de los ingresos del Estado.

En cuanto a los incentivos en las cuotas a la Seguridad Social aprecian que pueden ser muy eficaces como se ha puesto de manifiesto en Noruega, Suecia u otros países de fuera de Europa, porque lo que hacen es compensar la “situación desigual” frente a las empresas que operan en zonas desarrolladas; situación que se debe a la falta de infraestructuras, de mano de obra o de demanda suficiente de sus productos en los núcleos cercanos por la escasa población.

Los expertos recuerdan que en los sitios más poblados se localizan un mayor número de empresas porque la aglomeración les beneficia, de ahí que las nuevas empresas prefieran hacerlo en esos sitios. Eso explica el progresivo crecimiento poblacional de unos territorios y el declive o estancamiento de otros.

Las ayudas al funcionamiento, como las del 20% en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, consisten en reducir las cantidades que contribuyen las empresas a la Seguridad Social por cada trabajador. El problema en el caso de Teruel y las otras dos provincias que no superan una densidad demográfica de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, es que ese 20% se aplica sobre las contingencias comunes, no sobre el total de los costes laborales que es lo autorizado por la Comisión Europea. En consecuencia, lo que se está bonificando ahora es apenas un 1% del máximo permitido.

Sobre esta cuestión los autores del informe señalan que una bonificación tan pequeña no tiene efectos positivos. Son políticas a las que los expertos denominan “trampa de la deducción insuficiente”, es decir, que al ser porcentajes tan bajos, no suponen un cambio sustancial en los costes de contratación y por tanto “no afecta a las decisiones de nueva creación o cambio de sede de la empresa”.

Empresas en el territorio

Eso indica, según explican los académicos, que hay un cierto umbral de ayudas que si se superan comienzan a ser efectivas en la generación de más puestos de trabajo y la subida de salarios. “Por debajo de este umbral, las empresas que ya están en el territorio o las que se hubieran creado también sin esas deducciones, se benefician de mejores condiciones pero sin modificar sustancialmente su comportamiento a la hora de contratar más”, sostienen.

Eso quiere decir que cuando las bonificaciones son tan bajas, “el beneficio que les reporta la deducción no es tan fuerte como para modificar su comportamiento a la hora de contratar”, con lo cual no se consiguen los efectos deseados, que es el caso, aclaran, de lo que está pasando en Teruel, Cuenca y Soria con las ayudas de funcionamiento.

“Si la deducción es insuficiente, supone un trasvase de recursos del Estado a las empresas sin que los resultados finales sean distintos”, aclaran los académicos, que sin embargo precisan que “con una deducción suficiente, aunque el Estado dedique más recursos a esta política, se generan círculos virtuosos de generación de empleo, mejores salarios y atracción de población”.