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Castelnou gestionó los fondos públicos de forma irregular en el ejercicio 2018 Castelnou gestionó los fondos públicos de forma irregular en el ejercicio 2018
El alcalde de Castelnou, José Miguel Esteruelas (i) en una imagen de archivo del año 2010, el día de la Caravana de Niños

Castelnou gestionó los fondos públicos de forma irregular en el ejercicio 2018

La Cámara de Cuentas cuestiona al consistorio por los salarios y los procesos de contratación y subvenciones

El informe de fiscalización de la cuenta general del Ayuntamiento de Castelnou correspondiente al ejercicio 2018 realizado por la Cámara de Cuentas de Aragón detecta una gestión económica de los fondos públicos ilegal, especialmente en cuanto a la contratación pública, la concesión de subvenciones y la retribución del secretario-interventor y el alcalde, José Miguel Esteruelas. 

Esta fiscalización, que se suma a las de los consistorios de Valle de Hecho (Huesca), Valle de Bardají (Huesca), Munébrega (Zaragoza) y La Vilueña (Zaragoza), se incluyó en la programación de la Cámara del año 2020 debido a la falta reiterada por parte de estas entidades locales del cumplimiento de su obligación de rendición de cuentas, informa la Cámara en una nota.

En el año auditado, el Ayuntamiento de Castelnou –población de 160 habitantes al cierre de 2018– manejó un presupuesto de más de 1,1 millones de euros gracias en un 90% a los ingresos procedentes de la central de ciclo combinado. 

Gestión económica ilegal

La opinión de auditoría financiera es favorable, con salvedades, respecto a las cuentas de los cinco ayuntamientos. Sin embargo, salvo en Valle de Hecho, en el resto la opinión sobre el cumplimiento de la legalidad en la gestión económica realizada es desfavorable por entender que el manejo de los fondos públicos no se ha realizado de acuerdo con la normativa aplicable.

En general, los consistorios carecen de inventario de bienes y derechos o de su actualización, lo que afecta a la corrección de los estados contables. También se incumple el deber de archivo y documentación de las actuaciones llevadas a cabo. Los secretarios-interventores no han ejercido un control interno suficiente, reprocha el auditor.

Entre los incumplimientos de legalidad, la Cámara señala la liquidación de gastos e ingresos al margen de la normativa aplicable, especialmente en el área de contratación, o ausencia de actas de las sesiones plenarias. Los cinco ayuntamientos reflejan algún incumplimiento en materia de personal, siendo común a todos ellos la falta de un instrumento para ordenar los puestos de trabajo.

En cada informe, la Cámara  realiza recomendaciones concretas a los ayuntamientos para contribuir a mejorar la gestión económica, la transparencia y la fiscalización interna.

Tan rico como opaco

Respecto al Ayuntamiento de Castelnou, el auditor observa en su informe específico que, a pesar de su escasa población, el presupuesto municipal supera el millón de euros y es el tercer municipio de Teruel en gasto por habitante (5.691 euros). Esta situación se justifica, principalmente, por los ingresos tributarios que genera la planta de ciclo combinado instalada en el municipio.

El presupuesto inicial de ingresos y gastos ascendió a un total de 1.163.870 euros en 2018. Se reconocieron obligaciones de gasto por importe de 910.538,74 euros, concentrados casi exclusivamente en dos capítulos: inversiones reales (378.608,64 euros, 41,6% del total), fundamentalmente por obras de restauración de la iglesia parroquial, y gasto corriente en bienes y servicios (361.970,03 euros, 39,7% del total). En cuanto a ingresos, se contabilizaron derechos reconocidos netos por importe de 1.086.364,89 euros. La recaudación de impuestos directos por IBI e IAE  supone 979.879,53 euros, el 90,2%.

En opinión de la Cámara, la cuenta general “expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados económicos y presupuestarios”. Cumple con el principio de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto. 

Sin embargo, con respecto al cumplimiento de la legalidad en la gestión económica de los fondos públicos, la Cámara emite una opinión “desfavorable”.

Retribuciones dudosas

En 2018, el alcalde de Castelnou desempeñó su cargo con dedicación exclusiva, percibiendo 33.417,12 euros brutos. Sin embargo, no consta que el pleno haya aprobado tal régimen retributivo y de dedicación. No se ha dado publicidad y ni siquiera es legal, pues según la ley no pueden tener dedicación exclusiva –como mucho el 75%– miembros de corporaciones de poblaciones inferiores a 1.000 habitantes.

Además, Castelnou asume más de un 40% de las retribuciones del secretario cuando su dedicación semanal en la agrupación secretarial que constituye junto a Samper de Calanda apenas es del 16%. La Cámara de Cuentas no ha podido verificar la razonabilidad del 69% (10.394,32 euros) de lo que le paga el consistorio auditado. 

El tercer puesto remunerado, el de administrativo, también presenta irregularidades, tanto en el contrato de la trabajadora como en el proceso selectivo efectuado en su día. 

No hay expedientes de contratación, ni publicidad de los mismos, ni bases reguladoras ni convocatorias para subvenciones.

Por otra parte, se han contabilizado como “gasto por suministros, comunicaciones y otros servicios” dos retiradas de efectivo por un total de 5.600 euros para los que no consta acreditación del gasto realizado. Según las explicaciones de los responsables del ayuntamiento, corresponden al pago por la actuación de rondallas y grupos de baile, a los que se retribuye en efectivo.

Tampoco hay demasiada transparencia en la forma de uso del convenio –entre 250.000 y 300.000 euros anuales adicionales– con la propietaria de la central de ciclo combinado, por lo que desde 2017 las aportaciones quedaron en suspenso “dada la falta de colaboración municipal para efectuar una auditoría privada sobre las actividades prestadas entre los ejercicios 2010-16”. 

El órgano fiscalizador de Aragón no tiene en cuenta las alegaciones presentadas por el consistorio antes de emitir el informe, pues únicamente confirman las incidencias y “en su mayor parte se trata de manifestaciones de carácter exculpatorio (descargando la responsabilidad en el secretario-interventor que ocupó el cargo durante el primer semestre del ejercicio 2018) o se alega desconocimiento, obviando la responsabilidad que también recae sobre los órganos de gobierno municipales (alcalde y pleno)”.