Dos de las partes del triple crimen recurren el auto que deniega la citación del Estado
Cuestionan que la juez rechace la práctica de pruebas cuando se está en periodo de instrucciónLos abogados que representan a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y a la viuda del guardia civil Víctor Jesús Caballero por una parte y a la familia del agente Víctor Romero, por otra, han formulado un recurso de reforma contra el último auto del juzgado número 2 de Alcañiz que instruye el triple crimen de Andorra. En éste, la magistrada desestimaba la práctica de determinadas diligencias para valorar la responsabilidad subsidiaria del Estado en los hechos del pasado 14 de diciembre, cuando el agente Caballero, su compañero Víctor Romero y el ganadero José Luis Iranzo fueron presuntamente asesinados por el serbio Norbert Feher.
Los abogados de ambas partes, Mariano Tafalla y Javier Notivoli, respectivamente, recurren el auto reiterando la necesidad de practicar varias pruebas dirigidas a valorar la responsabilidad del Estado en los hechos. Ambas partes insisten en que se solicite información a la Guardia Civil relacionada con la prevención de riesgos laborales en el trabajo de los dos agentes. Piden que se requiera a la Comandancia para que aporte información sobre los equipos de protección individual de dotación (guantes y chalecos antibalas, entre otro material) que se les entregó, la talla y el año de fabricación del material, así como las pruebas de prevención realizadas a los mismos.
En el caso de Tafalla, solicita al juzgado que requiera a la Guardia Civil por los procedimientos de actuación, las instrucciones y las órdenes dictadas para la búsqueda, detención y puesta a disposición judicial de Feher, que presuntamente habría cometido dos homicidios frustrados el día cinco de diciembre en Albalate, nueve días antes de que supuestamente acabara asesinando al ganadero y a los dos agentes del equipo ROCA. Asimismo, considera necesaria la información sobre los procedimientos y los datos que se facilitaron a los guardias civiles en relación al tipo de intervención específica a ejecutar para la búsqueda de una persona que había presuntamente intentado asesinar a dos vecinos en Albalate el 5 de diciembre.
Y de la misma manera demanda que se reclame a la delegación del Gobierno en Aragón información relativa a las comunicaciones y actuaciones solicitadas para encontrar al autor de los asesinatos frustrados de Albalate y de los medios que se usaron para su búsqueda.
La parte recurrente considera que toda esta información es necesaria para esclarecer los motivos de la muerte de Caballero y, sobre todo, para saber porqué no se pudo localizar a Feher entre los días 5 y 14 de diciembre, cuando se mantuvo en la zona pese a haber cometido dos intentos de asesinato, además de numerosos robos, y cuando existían órdenes internacionales de busca del serbio.
El letrado de la viuda de Caballero reitera su solicitud sobre la responsabilidad civil del Estado por una actuación por omisión, cuestión que en su último auto la juez instructora desestimó.
En cuanto al letrado de la familia de Romero, Notivoli insiste en la necesidad de obtener datos sobre el operativo, protocolo, órdenes cursadas, sobre quien era el responsable del mismo, los mandos y efectivos que se pusieron a disposición para la búsqueda del autor de los disparos de Albalate, etc. Además, pide al juzgado que se reclame información sobre las medidas adoptadas para alertar a la población civil de la zona ante los robos.
En su recurso, esta parte considera que el actual no es el momento procesal oportuno para concretar las acciones u omisiones que se consideran obra del Estado, por estar en proceso de instrucción, y que en este momento se han de practicar diligencias para determinar a posteriori los elementos de delito y las personas responsables. Indica el letrado que las manifestaciones del auto de la juez en las que señala que la posible responsabilidad del Estado no encuentra acomodo en el Código Penal son inadecuadas, puesto que el delito se está todavía investigando y las diligencias han de ir encaminadas a concretar los hechos y a valorar si existió la responsabilidad civil estatal derivada del delito. En este sentido, el representante legal de los padres y hermanos de Víctor Romero apela a la consideración de víctimas de sus representados y al reconocimiento del derecho de protección, apoyo e indemnización dentro del proceso penal, debiendo el juzgado instructor, dice en su recurso, decidir con criterios menos restrictivos sobre admisión de pruebas.
Prórroga de la instrucción
Por otra parte, la familia de Víctor Jesús Caballero se ha adherido al escrito presentado por la Fiscalía el día 12 de este mes en el que solicitaba la prórroga del plazo de instrucción por un periodo de doce meses más, aludiendo a la falta de resolución de determinadas cuestiones procesales y a la práctica de otras diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
