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La directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín (d) toma la palabra en Andorra durante la reunión del pasado 27 de febrero. M. N.

El Convenio de Transición Justa de Aragón se firmará con 2 años de retraso

El Ministerio presentará los proyectos con más posibilidades a partir de enero en unos seminarios

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no firmará el Convenio de Transición Justa (CTJ) de Aragón hasta entrado 2021, dos años más tarde de lo anunciado en 2019 por Teresa Ribera en su visita a Andorra. A partir de enero tendrán lugar seminarios en el territorio para la presentación de los proyectos seleccionados de entre los 140 que han propuesto hasta 69 agentes.

Para entonces habrá pasado un año desde que el gabinete de la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España reuniera en Andorra –el pasado 27 de febrero– a todos los agentes que están participando en la definición de los proyectos que han de generar riqueza y empleo en Andorra, Cuencas Mineras y parte del Bajo Aragón, una zona deprimida desde que la central térmica cerró sus puertas el 30 de junio sin empresas en las que recolocarse.

Ribera visitó Andorra en enero de 2019, donde anunció que en junio de ese año se firmaría el primer CTJ de España en el que tanto el territorio como las instituciones plasmarán todos los programas, infraestructuras, financiación e incentivos fiscales necesarios para atraer actividad económica que supla el cierre del sector minero-eléctrico.

Con todo, cabe concluir que el proceso lleva dos años de retraso conforme a lo previsto inicialmente, y que la situación no es del todo atribuible a la pandemia porque esta comenzó a preocupar en España a mediados de marzo de 2020, cuando sí es cierto que la Administración se paralizó y se enfocó durante varios meses exclusivamente a contrarrestar sus efectos.

En un informe de actualización de los CTJ a fecha de noviembre de 2020, el ministerio sitúa la tramitación de los planes para las comarcas mineras españolas “en la fase de análisis y evaluación de proyectos en aquellas zonas donde van terminando los proyectos participativos”, como es el caso de Aragón.

Un total de 69 agentes de los 34 municipios comprendidos en el CTJ de Aragón han presentado por el momento 140 propuestas e ideas al proceso.

La empresa pública Tragsatec ha visitado la zona para comprobar el grado de idoneidad–en base a unos indicadores tales como madurez, generación de empleo o sostenibilidad, entre otros– y las necesidades de las propuestas, con el objetivo de seleccionar las más viables para apoyarles con líneas de ayuda que se ajusten a su perfil.

En el proceso participativo han intervenido administraciones locales, organizaciones empresariales y sindicales, empresas, universidades, centros educativos, oenegés ambientales, agencias de desarrollo, Grupos de Acción Local y otras entidades interesadas.

Seminarios en enero de 2021

Tras el análisis de los proyectos e iniciativas, a partir de enero de 2021 se organizarán seminarios para cada una de las zonas mineras en los que se devolverá la información compilada para que todos los agentes implicados puedan conocer los principales resultados y el procedimiento de acompañamiento de las propuestas seleccionadas, informa el ministerio a las partes en su actualización de noviembre. 

Una vez concluya el proceso de evaluación y se identifiquen los instrumentos de apoyo a las iniciativas seleccionadas, se firmará el convenio entre el ministerio, el Gobierno de Aragón, la Diputación de Teruel, los ayuntamientos y comarcas implicados y otros entes y organizaciones. 

Los acuerdos incluirán acceso asistido y ágil a las líneas de apoyo de la administración, asistencia técnica para ventanas de financiación europea, priorización en líneas de ayudas existentes a través de puntuación adicional o herramientas de política energética, como las subastas específicas de renovables, apunta el ministerio.

Cabe recordar que el territorio mantendrá el acceso a red y al recurso hídrico, tal y como establece el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, una norma que regula la sustitución de la potencia térmica de carbón por potencia renovable en el mismo punto a través de un concurso que ganarán los mejores proyectos teniendo en cuenta criterios ambientales, económicos y sociales. De la misma forma, el uso del agua que realizan las centrales revertirá en nuevos proyectos en los mismos municipios.

En cuanto a las líneas de financiación, se contemplan las propias del Instituto para la Transición Justa (Miner 2019-2027); la Fundación Ciudad de la Energía (7 millones de euros destinados a entidades locales afectadas por el cierre de centrales térmicas y desarrollo del almacenamiento de hidrógeno verde); el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que priorizará las zonas de transición justa en el reparto de 300 millones de euros y, sobre todo, el Fondo de Transición Justa europeo que ha de aportar la mayor cantidad de dinero para los proyectos más sugerentes.

Transición Ecológica asume que el plan no generará empleo a corto plazo

Transición Ecológica reconoce que el cierre de minas y centrales térmicas está teniendo un “impacto sectorial y territorial negativo en algunas zonas que, a corto plazo, podrían suponer serios obstáculos” para la transición energética, un proceso en el que el actual Gobierno de España tiene depositadas muchas esperanzas para reducir la tasa de desempleo en el país, que duplica la media europea, así como el alto nivel de contratación temporal y de trabajadores pobres.

Para frenar los impactos de los cierres, argumenta el gabinete de Ribera, la Estrategia de Transición Justa contempla un Plan de Acción Urgente para las comarcas mineras que se compromete a realizar los Convenios de Transición Justa. 

No obstante, desde el territorio no se entiende que la firma de un plan que todavía se ha de ejecutar vaya a llegar un año después del cierre de la térmica, y año y medio después del cierre de las últimas minas de carbón.

El ministerio asume en la última comunicación remitida a las partes que el objetivo de los CTJ es constituir proyectos integrados de desarrollo territorial que garanticen el empleo “a medio y largo plazo y que dinamicen la transición ecológica”. Tampoco ha corrido, porque ha buscado “la máxima participación para que sea el territorio el que diga por qué sectores quiere apostar, siempre aprovechando los recursos endógenos –ya sean económicos, sociales o ambientales– con inversiones exógenas “cuando sea necesario”, y apostando por los nichos económicos que presenten “mejores resultados de sostenibilidad, tanto ambiental, como económica y social”.

Los CTJ incluirán “hojas de ruta con calendarios de transformación acordados” y “obligarán a la consecución de objetivos medibles en materia de empleo, empresas creadas y de mejoras ambientales”. La evaluación será constante.