El Convenio de Transición Justa no llegará hasta un año después del cierre térmico

El próximo 23 de enero se cumplirán dos años desde la visita a Andorra de la actual vicepresidenta cuarta del Gobierno de España, Teresa Ribera, en la que anunció que en 2019 se firmaría el Convenio de Transición Justa (CTJ) de Aragón, el primero de España. Con casi dos ejercicios de retraso, el primer tramo del año que comienza debe ser el de la rúbrica de todos los programas, infraestructuras, financiación e incentivos fiscales necesarios para llevar a las comarcas mineras actividad económica alternativa que supla el cierre del sector minero-eléctrico.

El año 2020 dejó el cierre de la central térmica de Andorra, de cuya desconexión a la Red Eléctrica de España se cumplen seis meses sin que haya ninguna máquina trabajando en los polígonos de Andorra para levantar nuevas industrias. La única realidad es el inminente desmantelamiento de la planta, que generará hasta 140 empleos en los próximos tres años, y las fábricas de fertilizantes y gres de Samca en Ariño y Alcorisa, que emplean por el momento a unas decenas de personas. Endesa proyecta también una macroplanta solar y eólica en Andorra y su entorno, aunque para ello necesita que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico le adjudique el nudo de conexión Mudéjar tras el pertinente concurso público. 

Mientras llegan las soluciones prometidas por gobierno estatal y autonómico –el escepticismo es cada vez mayor– Andorra sigue perdiendo población, 127 habitantes en el último padrón hasta situarse en las 7.345 personas censadas a fecha 1 de enero de 2020. Estos datos, aportados por el Instituto Nacional de Estadística, son previos al cierre de la térmica, pero posteriores a las clausuras de las minas, la última en enero de 2019.

El ministerio ha notificado a los actores participantes en el proceso participativo del CTJ que éste no estará firmado hasta entrado 2021. Según un informe de actualización del Instituto de Transición Justa (ITJ) a fecha de noviembre de 2020, a partir de este mes de enero tendrían que celebrarse seminarios en el territorio para la presentación de los proyectos seleccionados de entre los 140 que han propuesto hasta 69 agentes de los 34 municipios comprendidos en la delimitación territorial, que fue ampliada recientemente para dar cabida a localidades históricamente receptoras de ayudas Miner.

Para entonces habrá pasado un año desde que el gabinete de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reuniera en Andorra –el pasado 27 de febrero– a todos los agentes que están participando en la definición de los proyectos que han de generar riqueza y empleo en Andorra, Cuencas Mineras y parte del Bajo Aragón, una zona deprimida ante la falta de ofertas en las que recolocarse, una situación agravada por la crisis sanitaria y económica.

Dos años de retraso

Con todo, cabe concluir que el proceso lleva dos años de retraso conforme a lo previsto inicialmente. Hace dos meses, el ITJ situaba la tramitación de los planes para las comarcas mineras españolas “en la fase de análisis y evaluación de proyectos en aquellas zonas donde van terminando los proyectos participativos”, como es el caso de Aragón.

La empresa pública Tragsatec ha visitado la zona para comprobar el grado de idoneidad–en base a unos indicadores tales como madurez, generación de empleo o sostenibilidad, entre otros– y las necesidades de las propuestas, con el objetivo de seleccionar las más viables para apoyarles con líneas de ayuda que se ajusten a su perfil.

En el proceso participativo han intervenido administraciones locales, organizaciones empresariales y sindicales, empresas, universidades, centros educativos, oenegés ambientales, agencias de desarrollo, Grupos de Acción Local y otras entidades interesadas.

Seminarios en enero de 2021

Tras el análisis de los proyectos e iniciativas, a partir de enero de 2021 estaba prevista la organización de seminarios para cada una de las zonas mineras en los que se devolverá la información compilada para que todos los agentes implicados puedan conocer los principales resultados y el procedimiento de acompañamiento de las propuestas seleccionadas, informa el ministerio a las partes en su actualización de noviembre. Sin embargo, alcaldes, sindicatos y empresarios consultados por DIARIO DE TERUEL no tienen constancia de convocatorias para las próximas semanas.

Una vez concluya el proceso de evaluación y se identifiquen los instrumentos de apoyo a las iniciativas seleccionadas, se firmará el convenio entre el ministerio, el Gobierno de Aragón, la Diputación de Teruel, los ayuntamientos y comarcas implicados y otros entes y organizaciones. 

Los acuerdos incluirán acceso asistido y ágil a las líneas de apoyo de la administración, asistencia técnica para ventanas de financiación europea, priorización en líneas de ayudas existentes a través de puntuación adicional o herramientas de política energética, como las subastas específicas de renovables, apunta el ministerio. Una de ellas, de 3.000 megavatios, tendrá lugar el 26 de enero. 

“Impacto negativo”

El ITJ reconoce que el cierre de minas y centrales térmicas está teniendo un “impacto sectorial y territorial negativo en algunas zonas que, a corto plazo, podrían suponer serios obstáculos” para la transición energética, un proceso en el que el actual Gobierno de España tiene depositadas muchas esperanzas para reducir la tasa de desempleo en el país.

El ministerio asume en la comunicación remitida a las partes en noviembre que el objetivo de los CTJ es constituir proyectos integrados de desarrollo territorial que garanticen el empleo “a medio y largo plazo y que dinamicen la transición ecológica”. No ha corrido el gabinete de Ribera porque ha buscado “la máxima participación para que sea el territorio el que diga por qué sectores quiere apostar, siempre aprovechando los recursos endógenos –ya sean económicos, sociales o ambientales–, con inversiones exógenas “cuando sea necesario”, y apostando por los nichos económicos que presenten “mejores resultados de sostenibilidad” ambiental, económica y social. 

Los CTJ incluirán “hojas de ruta con calendarios de transformación acordados” y “obligarán a la consecución de objetivos medibles en materia de empleo, empresas creadas y de mejoras ambientales”. La evaluación será constante, tal y como se compromete el gabinete de Ribera.

Los avances: financiación definida y nudo Mudéjar en vías de adjudicación

El proceso de Transición Justa ha registrado en las últimas fechas tímidos avances. Uno de los más significativos ha sido la consulta pública –abierta hasta el 13 de enero– del ministerio previa a la regulación de la concesión, total o parcial, de la capacidad de acceso de evacuación de los nudos de la red eléctrica afectados por los cierres de centrales térmicas de carbón y nucleares. Es el caso del nudo Mudéjar (400 kV) en Andorra.

El territorio mantendrá el acceso a red y al recurso hídrico, tal y como establece el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, una norma que regula la sustitución de la potencia térmica de carbón por renovable en el mismo punto a través de un concurso que ganarán los mejores proyectos teniendo en cuenta criterios ambientales, económicos y sociales.

Esto es lo que las eléctricas estaban esperando para conocer el alcance de sus proyectos de reconversión energética en enclaves como la central térmica de Andorra, donde Endesa proyecta una inversión de más de 1.487 millones de euros que tiene como objetivo final la construcción de 1.725 MW de potencia renovable, de los cuales 1.585 MW corresponderán a la que será la mayor planta solar en construcción en Europa y 139 MW tendrán origen eólico. El proyecto contará además con un sistema de almacenamiento energético a gran escala de hasta 159,3 MW. 

El proyecto es visto con buenos ojos por el ministerio, aunque tendrá que competir con otras empresas energéticas que a buen seguro se presentarán. 

En cuanto a las líneas de financiación de los proyectos susceptibles de entrar en el Convenio de Transición Justa, se contemplan las propias del Instituto para la Transición Justa (Miner 2019-2027); la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden, 7 millones de euros destinados a ayuntamientos afectados por el cierre de centrales térmicas y desarrollo del almacenamiento de hidrógeno verde); el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que priorizará las zonas de transición en el reparto de 300 millones de euros y, sobre todo, el Fondo de Transición Justa europeo que ha de aportar la mayor cantidad de dinero para los proyectos más sugerentes.

En una nueva notificación a las partes fechada el 16 de diciembre de 2020, el ITJ presume de haber incluido “objetivos de transición justa en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España”, y afirma que “en las últimas semanas se han producido los primeros intercambios con la Comisión Europea para la presentación de las actividades con un presupuesto total de 300 millones de euros a través de cuatro planes de inversión: de restauración, para generar empleo para los trabajadores excedentes del carbón en actividades de recuperación ambiental; de infraestructuras, para promover mejoras digitales, sociales y ambientales que atraigan población; proyectos de innovación a través de Ciuden e inversiones en la mejora de la empleabilidad y formación de los trabajadores afectados por los cierres.

Por otra parte, el ministerio lanzó una Manifestación de Interés orientada a identificar y localizar proyectos solventes que sean tractores para afrontar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación, en el que las comarcas de transición energética tenían preferencia. 

También se han desbloqueado, por fin, las ayudas a infraestructuras del antiguo plan Miner 2013-2018, por las que el Gobierno de Aragón y el ministerio aportarán 16,1 millones de euros para 24 proyectos en Aragón que crearán previsiblemente 211 puestos de trabajo.

Por otra parte, el ministerio lanzó otra Manifestación de Interés, esta vez para identificar y localizar proyectos solventes de hidrógeno renovable en España. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, mostró interés por la producción de esta nueva tecnología en el entorno de la térmica, ligada a su macroproyecto renovable.

El retraso en las soluciones hace mella entre los agentes locales​: los empresarios urgen proyectos industriales solventes

El retraso constante en los plazos, agravado por la crisis sanitaria que bloqueó la Administración durante meses la pasada primavera, ha levantado las quejas de los actores locales implicados en un proceso que ya no dudan en tildar de “transición injusta”. Exigen agilidad en las decisiones políticas para priorizar proyectos generadores de empleo y riqueza en una zona que es víctima del cambio de paradigma energético.

“Aquí ni viene Forestalia, ni las empresas secretas de Lambán. Sólo vemos mucha literatura, plazos, consultas públicas y participación ciudadana, pero los representantes públicos, que son los que deciden, no resuelven las demandas”, protestó el presidente de la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, Roberto Miguel.

“La realidad es que la gente se está marchando y hay pocas expectativas laborales”, añadió el empresario, que consideró que la Administración “no ha resuelto absolutamente ninguno de los problemas que tenían las comarcas mineras” tras el cierre de los pozos de carbón y de las centrales térmicas.

Miguel agradeció el esfuerzo de empresas como Samca y Endesa por plantear proyectos de futuro. “Sin ir más lejos, la planta de fertilizantes de Ariño va a pulmón, ha contratado ingenieros que salían de la central y es un proyecto que ya está en marcha sin subvenciones”. El presidente de los empresarios aseguró que la zona “puede ser interesante para comenzar actividades industriales”, pero “hay que detectarlas y trabajar para ello”. La asociación planteaba la creación de una oficina satélite del ITJ en el territorio que no llegará.

El Ayuntamiento de Andorra tenía en cartera antes de la pandemia varios proyectos sobre la mesa para la creación de centenares de empleos. Dos de ellos los capitaneaba el grupo Térvalis, uno para una planta de fertilizantes a partir de purines y otro para la fabricación de amoniaco verde con 140 empleos en total; Forestalia mantenía su intención de levantar una planta de pellets (80 empleos), que se acompañaría de un centro logístico (20 empleos), con opción a otra fábrica de biomasa; el grupo Arcoiris planteaba la instalación en Andorra de una granja que generaría 25 empleos, y el Grupo Jorge, uno de los mayores grupos cárnicos de España, proyectaba una industria de proteína de hierro para cerdos que emplearía a otras 40 personas.  Otro proyecto que ilusionaba al consistorio es una centralita de llamadas (call center) desde la que las empresas venderían sus servicios energéticos, telefónicos y otros. 

Sin embargo, estos proyectos y otros externos se han visto afectados sobremanera por la pandemia. “Se sigue trabajando para anunciar proyectos y esperamos que haya novedades pronto, pero los cierres perimetrales nos están haciendo mucho daño a la hora de que los empresarios puedan visitar los polígonos. Por motivos empresariales se puede viajar, pero no es lo mismo en estas condiciones”, justificó el alcalde de Andorra, Antonio Amador, que urgió al ministerio agilidad en el Convenio de Transición Justa porque “la térmica se cerró ya en 2020”.

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, confió en que la firma de los convenios de infraestructuras pendientes del Miner 2013-2018 sirva para activar proyectos como la ampliación del hotel-balneario, que garantizará 25 puestos de trabajo. Además, “la planta de fertilizantes ha empezado a trabajar con un treintena de personas y ya es una realidad”, junto a las canteras de arcillas y el inminente desmantelamiento de la central que “también va a crear puestos de trabajo”. También “se están moviendo las plantas solares de Endesa en Andorra, la localidad más grande pero para la que de momento no hay ninguna industria encima de la mesa”, resumió. Con todo, pidió también agilidad al ministerio para que cualquier proyecto que tenga visos de realidad antes de la firma del convenio se agilice.

Por su parte, los sindicatos no dudan en calificar de “injusta” la transición. El secretario de la Unión Comarcal de CCOO en Andorra, Antonio Jiménez, aseguró que “aquí sólo ha ganado Endesa” porque ha sido capaz de cambiar su modelo energético y mantener beneficios, pero “los trabajadores y el pueblo de Andorra y comarca se van a quedar atrás”.

“Los que han enganchado ha sido porque se han buscado la vida, pero los que están haciendo los cursos de formación para el desmantelamiento no tienen certezas”, lamentó Jiménez, que confesó que el movimiento sindical está “casi desconectado porque damos por perdida la transición, esa es la realidad”.

“Todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar la forma de producir energía porque el carbón contaminaba mucho, pero por lo menos que los parques eólicos y solares se transformen en puestos de trabajo. Ya que nuestros paisajes se los van a tener que comer, por lo menos vamos a fabricar los componentes aquí”, propuso Jiménez.

Por su parte, el secretario de UGT en Teruel, Alejo Galve, criticó la “lentitud” del proceso, hasta tal punto que “está como al principio porque no han hecho absolutamente nada”.

“Solo conocemos que metieron más pueblos en el convenio, y por ello se amplió el plazo”, dijo el sindicalista, que lamentó “las cosas que se prometieron”, aunque la realidad es que sobre la mesa “solo está el plan que tiene Endesa, pero cuando los parques estén construidos el empleo será mínimo, y el que quiera vender motos que las venda”.

“Es desmoralizador no ver máquinas trabajando en los polígonos”, dijo Galve, que se sumó a la petición de que los componentes para las centrales renovables se fabriquen en la zona, así como “los del coche eléctrico”.