El Convenio de Transición Justa que empieza a debatirse este jueves no estará listo hasta octubre

Más de 90 representantes de distintas administraciones, agentes económicos, sociales, educativos o ambientales se reunirán hoy en Andorra para comenzar a definir el Convenio de Transición Justa de la zona, que tiene por objeto identificar oportunidades y concretar inversiones para la reactivación económica tras el severo impacto socioeconómico que acarreará este año el cierre de la central térmica de Andorra, que se sumará al impacto de la clausura de las últimas minas de carbón en Ariño, Estercuel y Foz Calanda en 2019. Aunque se firmará un Protocolo de Actuación en marzo, el contrato no estará completamente elaborado hasta octubre de este año.

La reunión de hoy, a celebrar entre las 10:30 y las 14:30 horas en la Casa de Cultura de Andorra, contará con la presencia de la asesora del Ministerio para la Transición Justa y el Reto Demográfico Laura Martín Murillo, que junto a representantes del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Andorra liderarán una jornada dirigida por la empresa pública Tragsatec.

El proceso de participación se inició de forma previa a la reunión de este jueves con el envío de documentación sobre la “delimitación, caracterización y diagnóstico inicial de la zona a las organizaciones y actores presentes en el territorio, incluidas administraciones, organizaciones sindicales, empresariales, ambientales, asociaciones de jóvenes o centros de investigación, entre otros”, según figura en el borrador del Convenio de Transición Justa para Aragón remitido a todas las partes y al que ha tenido acceso este periódico. 

Durante el proceso de participación pública, que se extenderá hasta mediados de mayo, se realizará “una caracterización y un diagnóstico definitivos del área de actuación, una identificación de la estrategia de desarrollo” y “una identificación preliminar de potenciales inversores y proyectos de desarrollo para la zona”, continúa el texto.

En una segunda fase, entre mayo y octubre, se definirán las “inversiones y proyectos concretos” y se afinarán las fuentes de financiación. Todo ello será evaluado y seleccionado “en base a unos criterios claros”.

En marzo está previsto firmar un Protocolo de Actuación entre el ministerio y los actores de Aragón de cara a la elaboración del convenio. No obstante, el texto definitivo no llegará hasta octubre, mientras que la central térmica cerrará el 30 de junio.

Entre mayo y octubre, el ministerio quiere publicar las convocatorias que desarrollen el real decreto ley 17/2019, por el que se adjudicará la potencia de evacuación de la térmica y se pondrá al servicio de Andorra y comarca la concesión de agua que actualmente dispone Endesa para la refrigeración de la planta a carbón.

Entre 40 y 50 proyectos

La “intención” es “poder firmar” dicho protocolo en las próximas semanas”, manifestó ayer en el Congreso de los Diputados la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, contestando así a una pregunta del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte.

A partir de hoy “y durante los próximos días” se ahondará “en el proceso diagnóstico, en las reacciones y las propuestas que surgen del propio territorio”, y se definirá “la calendarización de las actuaciones que serán consensuadas por todos: administraciones, organizaciones sindicales, empresariales, ambientales, jóvenes y centros de investigación”, prosiguió Ribera. La vicepresidenta aseguró que el ministerio ya trabaja en la identificación de “hasta 40-50 proyectos con una dotación específica para la zona que son enormemente prometedores, pero requieren de la participación, del compromiso, de la vinculación, de la construcción de su agenda futura por parte de los actores locales”.

Por su parte, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, confió en que “se vayan dando pasos” para que la población “pueda ver su futuro con más optimismo” tras la reunión de este jueves.

Tras confirmar este miércoles, en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno, que está previsto que la propia Ribera viaje al territorio para suscribir el protocolo, Pérez subrayó que hay “potencialidades, recursos y músculo suficiente” en la zona para su reconversión económica tras el cierre de la térmica, “y lo que tenemos que hacer es poner negro sobre blanco” y “plantear la estrategia que marque el futuro”.

A su entender, “hay que implicar a la sociedad” y por eso es “bueno” este proceso de participación para determinar conjuntamente ese futuro. En este punto, lamentó que “si lo haces, parece que es para ganar tiempo” y si no, se critica “que no se cuente con la gente de la zona”.

Plan de Acción Urgente

La herramienta de los Convenios de Transición Justa –se firmarán 14 protocolos en las zonas con cierres de centrales térmicas en ciernes– figura en la propuesta de Estrategia de Transición Justa, dentro de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, que propone la ejecución de un Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021.

Según figura en el borrador remitido a todos los participantes en la reunión de hoy, el objetivo prioritario de los Convenios de Transición Justa es “el mantenimiento y la creación de actividad y empleo en los territorios rurales o en zonas con instalaciones en cierre a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de población y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico”.

Los convenios buscan aprovechar los recursos endógenos del territorio, ya sean económicos, sociales o ambientales, y atraerán inversiones exógenas cuando sea necesario, explica el gabinete de Ribera en este documento. 

El Convenio de Transición Justa de Aragón se suscribirá entre el Ministerio para la Transición Ecológica –previo informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio– y otras administraciones públicas, y buscará la implicación de todos los niveles de la administración: Administración General del Estado (AGE), Gobierno de Aragón, Diputación de Teruel, ayuntamientos y comarcas.

Tomando como referencia las localidades en las que cerraron las últimas minas (Ariño, Estercuel y Foz Calanda) y en la que cerrará la térmica (Andorra), el ámbito geográfico de aplicación de los convenios se extiende a 22 municipios de las comarcas Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín y Bajo Aragón, teniendo en cuenta criterios de población afectada y otros como cohesión territorial y despoblación.

No obstante, el ministerio advierte en dicho borrador que “no se debe confundir la delimitación propuesta –se entiende que sujeta a modificaciones tras el proceso participativo– “con la zonificación de otras ayudas para la reactivación de comarcas mineras que se seguirán manteniendo independientemente de los convenios”. Es decir: El plan Miner seguirá tal como está y los convenios los complementan. 

Las energías renovables, el turismo y la actividad industrial como puntos fuertes

La reactivación económica en los 22 municipios objeto del Convenio de Transición Justa para Aragón pasa por la potenciación de las energías renovables, del turismo y la revitalización de la actividad industrial, señalan los informes preliminares remitidos por el ministerio a los agentes implicados en el proceso participativo.

En un análisis, el ministerio señala que los municipios, además de enfrentarse al cierre del sector minero-eléctrico, lo hacen también a la despoblación y al envejecimiento.

Destaca como oportunidades para el territorio la reconversión industrial en el sector de las energías renovables, la existencia de empresas locales solventes y ampliamente diversificadas, el mantenimiento del acceso a la red eléctrica y al agua, la existencia de fuentes de financiación externas, la revitalización del turismo en la zona tras la reparación ambiental y paisajística de las explotaciones mineras y la presencia de Grupos de Acción Local (Omezyma y Adibama).

Como “elementos transversales trabajados por la Administración General del Estado para la elaboración de los Convenios de Transición Justa”, el ministerio subraya el real decreto ley 17/2019 que proporciona el marco para regular la sustitución de la potencia térmica de carbón por potencia renovable en el mismo punto. De esta forma, “el acceso a red se lo llevará a través de concurso el mejor proyecto para el territorio, teniendo en cuenta criterios ambientales, económicos y sociales, como el número y tipo de empleos que se generen”. La misma normativa también favorece que el uso del agua que refrigera las centrales pueda revertir en nuevos proyectos en los mismos municipios.

Por otra parte, Transición Ecológica y Reto Demográfico trabaja en la puesta en marcha de un “programa de asesoramiento y gestión de itinerarios personalizados, formación profesional e inserción laboral de trabajadores para Aragón, Asturias y Castilla y León, que atenderá a un mínimo de 500 personas a lo largo de 30 meses desde su formalización” y se financiará con 2,25 millones de euros del Instituto del Carbón. Dentro del Miner 2019-2027, se realizarán itinerarios personalizados para los excedentes de minería y formación adecuada a cada perfil profesional, adaptado a la realidad del mercado de trabajo para favorecer la inserción laboral.

Igualmente, el ministerio destaca el plan social, que permite la prejubilación de los empleados con al menos 48 años de edad equivalente y al menos 20 años de mina, y bajas voluntarias para el resto. En 2019 se concedieron 39 prejubilaciones en Aragón, informa.

Por su parte, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) está en disposición de aportar “capital social, financiación” o subvenciones a los proyectos inversores que cumplan unos requisitos de innovación y sostenibilidad. 

Adicionalmente, están pendientes de firma los convenios de infraestructuras del plan Miner 2013-2018, con 16,8 millones de euros para Aragón y 25 actuaciones prioritarias generadoras de empleo.

El nuevo Miner 2019-2027 prevé destinar 250 millones de euros para la reactivación de las comarcas mineras con proyectos empresariales, y actualmente se encuentran en tramitación las bases reguladoras. En cuanto a la convocatoria de 2018, Aragón cuenta con 22 proyectos empresariales para generar 236 empelos con una aportación de 7 millones de euros, así como 17 mínimis para generar 29 empleos con una aportación de 1,2 millones.

También disponen las empresas del programa Reindus, dotado con 400 millones de euros para toda España, si bien hay municipios prioritarios; así como ayudas a incentivos regionales para el periodo 2014-2020.