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El Convenio de Transición Justa sigue atascado 10 meses después del cierre El Convenio de Transición Justa sigue atascado 10 meses después del cierre
Sesión de presentación del Convenio de Transición Justa de Aragón, el 27 de febrero de 2020 en Andorra. M. N.

El Convenio de Transición Justa sigue atascado 10 meses después del cierre

Las 140 iniciativas presentadas, pendientes de aprobación y financiación

El Convenio de Transición Justa (CTJ) de Aragón sigue pendiente de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) defina cuáles de las 140 iniciativas presentadas por 69 agentes son las más adecuadas para resolver las necesidades de un territorio que vio cerrar la central térmica de Andorra hace ya 10 meses. 
Así se desprende de la actualización mensual de los CTJ que el gabinete de Teresa Ribera remite a las partes implicadas en su rutinaria información sobre los progresos del proceso participativo, así como la puesta en marcha de nuevas iniciativas y financiación que afectan a la reactivación de las comarcas que han visto cerradas centrales a carbón y minas en los últimos tiempos.
El proceso de participación pública finalizó el 7 de junio de 2020 y el protocolo entre el Miteco y el Gobierno de Aragón fue firmado el pasado 22 de mayo, pero la rúbrica del convenio sigue sin llegar porque todo sigue en fase de “análisis y evaluación de proyectos” recibidos.
“A través de la información recopilada se realiza una evaluación de las propuestas, de cara a identificar en qué consisten, su nivel de madurez y cuáles son sus necesidades, con el objetivo de empezar a apoyarles mediante la propuesta de líneas de ayuda que se ajusten a su perfil o la reflexión de nuevos instrumentos de apoyo a trabajar en el futuro”, indica el Miteco de forma insistente en sus actualizaciones. En ellas, continúa emplazando a “seminarios” en los que “se devolverá la información compilada para que todos los agentes implicados puedan conocer los principales resultados, y el procedimiento de acompañamiento de las propuestas recibidas”.
Un total de 69 agentes de los 34 municipios comprendidos en el CTJ de Aragón han presentado 140 propuestas e ideas al proceso, según la última comunicación, si bien la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, las rebajó a 99 en marzo en el Senado en una respuesta a Teruel Existe sobre esta materia. 
La empresa pública Tragsatec ha visitado la zona para comprobar el grado de idoneidad y las necesidades de las propuestas, con el objetivo de seleccionar las más viables para apoyarles con líneas de ayuda óptimas.
En el proceso participativo han intervenido administraciones locales, organizaciones empresariales y sindicales, empresas, universidades, centros educativos, oenegés ambientales, agencias de desarrollo, grupos de acción local y otras entidades interesadas.
Una vez concluya el proceso de evaluación y se identifiquen los instrumentos de apoyo a las iniciativas seleccionadas, se firmará el convenio entre el ministerio, el Gobierno de Aragón, la Diputación de Teruel, los ayuntamientos y comarcas implicados y otros entes y organizaciones. 
Los acuerdos incluirán acceso asistido y ágil a las líneas de apoyo de la administración, asistencia técnica para ventanas de financiación europea, priorización en líneas de ayudas existentes a través de puntuación adicional o herramientas de política energética, como subastas específicas de renovables, apunta el Miteco.
Cabe recordar que el territorio mantendrá el acceso a red eléctrica a través de un concurso que ganarán los mejores proyectos teniendo en cuenta criterios ambientales, económicos y sociales. De la misma forma, el uso del agua que realizan las centrales revertirá en nuevos proyectos en los mismos municipios.

Financiación
El ministerio insiste en que la demora con los CTJ se debe, paradójicamente, a una buena noticia como son los 300 millones de euros en ayudas específicas para las zonas en transición energética que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España contempla inyectar, si bien hay que “replantear agendas y procesos para aprovechar esta nueva vía de financiación”. 
Algo que el territorio comprende, aunque en paralelo urge medidas urgentes y toda la agilidad administrativa posible a través de una oficina en el territorio que funcione a modo de ventanilla única para las inversiones empresariales y descentralice el trabajo del ministerio. 
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se refirió en marzo en el Senado al proceso de Transición Justa en Teruel como “un esfuerzo colectivo sin precedentes para crear y fijar empleo, atraer inversión para dinamizar, diversificar y restaurar las economías de Andorra y las regiones mineras de Teruel”.
Prometió que el Convenio sería “un documento de acciones y no de intenciones”, elaborado a partir de la participación y la consulta social” en aras de “identificar los mejores proyectos para el territorio teniendo en cuenta criterios ambientales, económicos y sociales.
El compromiso del Ejecutivo estatal es crear en el territorio, al menos, el mismo número de empleos que estarían potencialmente afectados por el cese de la actividad minera y energética, estimados en 504, la mayor parte de los cuales se corresponde actualmente con trabajadores prejubilados, empleados en las tareas de restauración o en formación profesional.
Las ayudas a trabajadores, municipios e iniciativas empresariales concedidas hasta la fecha en la zona de este Convenio, que incluye 34 municipios –de Cuencas Mineras, Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Maestrazgo– ascienden a 43,4 millones de euros, que según el ministerio ayudarán a crear 294 empleos y a mantener 338 puestos de trabajo. No obstante, comprenden algunos planes antiguos, como el Miner 2013-2018, cuyas infraestructuras no se han ejecutado. De ellas dependen más de un centenar de empleos.
Entre las ayudas, según informa el Miteco en su actualización de información a los agentes implicados, se encuentran los 27 millones de euros para financiar proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión hasta 2023 en las zonas mineras de Asturias, Castilla y León, Aragón y Puertollano. 
Además, el 23 de marzo se firmó el real decreto 179/2021 por el que se aprueba el Estatuto del Instituto para la Transición Justa, informa el Miteco. 
Por otra parte el 21 de abril finalizó la fase de audiencia e información pública a efectos de elaborar otro real decreto, en esta ocasión el que regulará la concesión directa de ayudas para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia.
Por otra parte, la Fundación Biodiversidad ha presentado un programa de apoyo para “emprendimientos verdes”, informa el Miteco. Se trata de un proceso online de mentoring gratuito y personalizado.