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El Gobierno central amplía al 3 de abril el plazo de propuestas para la Transición Justa El Gobierno central amplía al 3 de abril el plazo de propuestas para la Transición Justa
El ministerio convocó a los agentes territoriales el pasado 27 de febrero en la casa de cultura de Andorra. M. N.

El Gobierno central amplía al 3 de abril el plazo de propuestas para la Transición Justa

Los agentes plantean una oficina reactivadora, infraestructuras y asignación “responsable” de MW

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha ampliado hasta el 3 de abril el plazo para que los actores institucionales, económicos y sociales puedan presentar sus propuestas al Convenio de Transición Justa de la cuenca minera. No obstante, a algunos ayuntamientos, asociaciones empresariales y trabajadores la expansión del coronavirus les ha pillado con los deberes hechos y ya han enviado sus aportaciones. Piden una extensión en Andorra del futuro Instituto para la Transición Justa, ventajas fiscales y financieras para las empresas, infraestructuras y comunicaciones del siglo XXI, y una adjudicación “responsable” de los 1.050 megavatios (MW) del punto de evacuación de la central térmica que prime la generación de empleo. 

Tras la reunión en Andorra del pasado 27 de febrero, que supuso el pistoletazo de salida al proceso de elaboración del Convenio de Transición Justa, el ministerio dio margen hasta el 20 de marzo para que los cerca de 90 estamentos que se dieron cita –diferentes niveles de la Administración, sindicatos, empresas y asociaciones de empresarios, agricultores, centros de investigación y de formación– presentaran sus propuestas. Pese a que todos clamaban agilidad en un complejo proceso que Transición Ecológica pretende concluir a finales de otoño, la propagación del Covid-19 ha cogido a algunos desprevenidos, por lo que el Gobierno ha decidido dar dos semanas más.

Así las cosas, la pandemia global se ha llevado por delante ya uno de los hitos del calendario establecido, pues en marzo no se podrá firmar el primer Protocolo de Actuación de los que ha de suscribir la ministra, Teresa Ribera, con 14 zonas con centrales térmicas en proceso de cierre. 

“Necesitamos un Messi”

También se ha cancelado la visita al ministerio que la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín tenía prevista la semana pasada para hablar de un proyecto empresarial que generaría 50 empleos a corto plazo, con posibilidad de llegar a 150 a medio plazo. Su presidente, Roberto Miguel, evitó dar detalles dada la confidencialidad de la iniciativa, aunque sí desgranó las propuestas generales presentadas al proceso de transición.

Los empresarios ven necesario activar una oficina de reactivación industrial en la zona liderada “por el mejor” gestor posible. “Necesitamos a un Messi para que tenga éxito”, indica el documento que han remitido. 

Este instrumento, ubicado en Andorra y con un equipo humano multidisciplinar e independiente, saldría a la búsqueda de empresas y coordinaría subvenciones y esfuerzos. 

También plantean una fiscalidad diferente para las zonas en transición, con desgravaciones en el IRPF, y un tipo más reducido del IVA y del impuesto de transmisiones patrimoniales. En resumen: consideran que no puede pagar lo mismo un empresario o comerciante en una ciudad que en el mundo rural. También piden reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, e incentivos y créditos para que las grandes empresas se asienten en las zonas afectadas. Además, quieren rapidez en los trámites burocráticos y que los ayuntamientos bonifiquen impuestos.

El tejido empresarial cree necesario que las ayudas Miner se concentren en zonas “realmente afectadas” por los últimos cierres de minas y el inminente de la térmica, y que sean eficientes. 

Llenar los polígonos

En la misma línea, el Ayuntamiento de Ariño urge un plan de captación de inversiones y empresas, algo que sería más viable con unas buenas comunicaciones. Pide la mejora de la pista minera entre Ariño y Andorra, agilizar la conversión de la N-232 en autovía A-68, dotar de fibra óptica los polígonos y extender el ramal ferroviario hasta el polígono andorrano.

En cuanto a los recursos hídricos, aboga por la Elevación de Aguas del Ebro, los aprovechamientos de la concesión de la térmica y un sondeo de Ariño, o balsas laterales para los ríos Escuriza y Martín.

La mina a cielo abierto de Samca se podría destinar a uso agrícola, para parques fotovoltaicos o incluso usos turísticos o industriales, plantea el consistorio, que recuerda que la ampliación del hotel-balneario requiere una inversión de 3,8 millones de euros. Ello depende de que, de una vez por todas, se desbloqueen los convenios de infraestructuras del Miner. También ampliaría la residencia de la tercera edad La Solana, que da cobijo a 50 residentes y tiene 47 más en lista de espera. 

Pide potenciar la formación, especialmente en renovables, aprovechando el IES Pablo Serrano y el Ítaca de Andorra. Un plan de dinamización turística y la puesta en marcha del patrimonio natural e industrial también serían interesantes para el municipio minero, que concluye exigiendo un reparto proporcional de ayudas, ajustado “a la realidad de nuestro territorio”. 

Agilizar los 1.050 MW

Todas las propuestas en materia de comunicaciones e infraestructuras son compartidas por los sindicatos y la Plataforma de trabajadores de las subcontratas, que en su escrito de aportaciones pone el acento en “la necesidad máxima de proteger los empleos directos de la actual plantilla de la central térmica, tanto de la propia Endesa como subcontratas”, pues la movilidad laboral “no puede ser una solución a largo plazo”, subrayan los operarios más vulnerables. 

“Existen herramientas legales amparadas por la constitución para realizar una adjudicación responsable de los megavatios disponibles del punto de evacuación de la central, de forma que esté ligada a una formación, reciclaje y absorción del conjunto de las plantillas por parte de las empresas adjudicatarias en los procesos de desmontaje de la central, acondicionamiento de las instalaciones y terrenos, y montaje y explotación de energías renovables”, insisten en unos postulados que rubrican CCOO y UGT. 

En esta línea, Endesa ha reiterado la voluntad de pujar fuerte por el nudo de 1.050 MW. La eléctrica plantea una inversión de casi 1.500 millones de euros para un total de 1.725 MW de potencia instalada, sobre todo fotovoltaica. Ello generaría 4.000 puestos de trabajo –fraccionados por fases de construcción de los parques fotovoltaicos y eólicos que planea– de aquí a 2026.

Además, 130 trabajadores, con puntas de hasta 200, desmantelarán la central térmica a partir del 30 de junio. Los pliegos que ha establecido Endesa para contratar a una empresa especialista en estos trabajos prevén incentivos para que entre un 30 y un 80% de la mano de obra sea local. Al menos, esa era la intención antes de la crisis del coronavirus, que va a retrasar los cursos de formación que debían comenzar después de Semana Santa. 

Los regantes piden paso

Por su parte, los regantes siguen levantando la mano para que se tengan en cuenta los “daños colaterales” que dejará el cierre de la térmica para 2.000 agricultores de la cuenca del Guadalope, pues Endesa está asumiendo hasta ahora el 45% del canon que exige la Confederación Hidrográfica del Ebro y el 48% de las inversiones. Sin estas aportaciones, “se nos va el canon de treinta y tantos euros a 205 por hectárea”, lo cual hace “inviable” cualquier cultivo, apuntaba el día de la reunión el presidente del Sindicato central, José Fernando Murria.

La pandemia retrasa la firma del Protocolo de Actuación

A la cuenca minera ya solo le faltaba una pandemia para terminar de rematar sus planes de futuro. La incertidumbre es máxima sobre si las secuelas económicas que dejará la crisis del Covid-19 mantendrán como prioritarias estas zonas. Por el momento, el Protocolo de Actuación que debía suscribir la vicepresidenta Ribera se retrasa, y tampoco se celebrarán las jornadas técnicas previstas para mediados de abril para ordenar las propuestas de los agentes del territorio. 

Todos los hitos marcados en el calendario se van a demorar, mientras que el cierre de la central térmica está previsto inexorablemente para el 30 de junio. No parece que se vaya a alargar su vida útil pese a que las instalaciones de generación son prioritarias dentro del estado de alarma. 

La asesora ministerial previó en Andorra que el proceso de confección del Convenio de Transición Justa, liderado por la empresa pública Tragsatec, se alargara hasta “finales de otoño”.