Rueda de prensa de CHA, Compromís y Amigos de Iranzo hace unos días en Andorra
El Gobierno de España no tiene intención de dar explicaciones en el Senado por el operativo de seguridad previo al triple crimen de Andorra
Ningunea la enésima petición de CHA, a través de su socio Compromís, para abrir una comisión de investigación en la Cámara Alta
El Gobierno de España no tiene ninguna intención de dar explicaciones en el Senado por el operativo de seguridad que precedió al triple crimen de Andorra, el 14 de diciembre de 2017. Así se desprende de la escueta respuesta que del Ejecutivo central ha recibido Compromís en su última petición en la Cámara Alta para que se pueda investigar la ausencia de un dispositivo más contundente entre el doble intento de homicidio en Albalate del Arzobispo, el 5 de diciembre anterior, y los asesinatos, a manos del Norbert Feher, del ganadero José Luis Iranzo y de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero.
“En relación con la pregunta formulada se informa que el Gobierno de España cumplirá con todos los requerimientos legales establecidos por las Cortes Generales”. Así, en una sola línea, despacha el Gobierno de España la enésima iniciativa parlamentaria de Compromís -socio de CHA, que no tiene representación en el Senado- para esclarecer el criticado operativo de seguridad, por falta de contundencia, que precedió al fatal desenlace.
Esta pregunta escrita, redactada por el senador Carles Mulet, se suma a las más de 30 que desde 2018 ha presentado por el mismo asunto. En esta ocasión, volvía a requerir si el Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos “tiene previsto, tal y como se comprometió el secretario de Estado de Seguridad” en la Comisión de Interior en marzo de 2018, “facilitar todos los informes realizados por la Guardia Civil relativos a aquellos días”.
También preguntaba si el Gobierno iba a colaborar “si finalmente se crea una comisión de investigación parlamentaria para la que ciudadanía y especialmente los familiares de las víctimas, tengan todas las explicaciones”.
“Las diferentes respuestas formuladas por los responsables del Ejecutivo a preguntas presentadas en el Senado, así como los debates parlamentarios en el sentido de abrir una comisión de investigación para conocer toda la realidad de los hechos acaecidos en la zona, apuntaban a la necesidad de no realizar actuaciones que pudieran interferir en el proceso judicial abierto en su día”, recordaba Compromís en el texto.
Ahora, tras el fallo del Tribunal Supremo el pasado 20 de mayo, que desestimó el recurso interpuesto por Feher contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel que lo condenó a prisión permanente revisable, CHA y Compromís advertían de que “no existen impedimentos para conocer todos los pormenores”.
De esta forma, querían saber las “decisiones” que tomaron “los responsables públicos encargados de velar por la seguridad ciudadana”, así como “los informes disponibles sobre las comunicaciones mantenidas entre ellos” esos nueve días, y solicitan que se depuren “responsabilidades” y se mejoren “los protocolos establecidos para zonas rurales ante este tipo de circunstancias”.
Tras conocer la respuesta, el secretario general de CHA en las comarcas turolenses, José Manuel Salvador, ha calificado de “lamentable” la respuesta del Ejecutivo central, que llega precisamente en la semana de la conmemoración del quinto aniversario de la tragedia y con el asunto judicializado por el colectivo Amigos de Iranzo.
“Desde CHA siempre hemos apoyado esta causa tan justa promovida por los amigos y familiares de los fallecidos, porque creemos que para cerrar una herida tan dolorosa hay que ser claros con lo que ocurrió”, ha señalado Salvador.
“Tenemos derecho a saber por qué un asesino campó a sus anchas por la zona tras dos intentos de asesinato en Albalate el 5 de diciembre, y por qué hasta el 14 de diciembre, día en el que fueron asesinadas tres personas, el operativo lo componía exclusivamente personal de la Guardia Civil vinculado a la zona, sin contar con refuerzos de las fuerzas especiales”, ha finalizado.
“En relación con la pregunta formulada se informa que el Gobierno de España cumplirá con todos los requerimientos legales establecidos por las Cortes Generales”. Así, en una sola línea, despacha el Gobierno de España la enésima iniciativa parlamentaria de Compromís -socio de CHA, que no tiene representación en el Senado- para esclarecer el criticado operativo de seguridad, por falta de contundencia, que precedió al fatal desenlace.
Esta pregunta escrita, redactada por el senador Carles Mulet, se suma a las más de 30 que desde 2018 ha presentado por el mismo asunto. En esta ocasión, volvía a requerir si el Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos “tiene previsto, tal y como se comprometió el secretario de Estado de Seguridad” en la Comisión de Interior en marzo de 2018, “facilitar todos los informes realizados por la Guardia Civil relativos a aquellos días”.
También preguntaba si el Gobierno iba a colaborar “si finalmente se crea una comisión de investigación parlamentaria para la que ciudadanía y especialmente los familiares de las víctimas, tengan todas las explicaciones”.
“Las diferentes respuestas formuladas por los responsables del Ejecutivo a preguntas presentadas en el Senado, así como los debates parlamentarios en el sentido de abrir una comisión de investigación para conocer toda la realidad de los hechos acaecidos en la zona, apuntaban a la necesidad de no realizar actuaciones que pudieran interferir en el proceso judicial abierto en su día”, recordaba Compromís en el texto.
Ahora, tras el fallo del Tribunal Supremo el pasado 20 de mayo, que desestimó el recurso interpuesto por Feher contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel que lo condenó a prisión permanente revisable, CHA y Compromís advertían de que “no existen impedimentos para conocer todos los pormenores”.
De esta forma, querían saber las “decisiones” que tomaron “los responsables públicos encargados de velar por la seguridad ciudadana”, así como “los informes disponibles sobre las comunicaciones mantenidas entre ellos” esos nueve días, y solicitan que se depuren “responsabilidades” y se mejoren “los protocolos establecidos para zonas rurales ante este tipo de circunstancias”.
Tras conocer la respuesta, el secretario general de CHA en las comarcas turolenses, José Manuel Salvador, ha calificado de “lamentable” la respuesta del Ejecutivo central, que llega precisamente en la semana de la conmemoración del quinto aniversario de la tragedia y con el asunto judicializado por el colectivo Amigos de Iranzo.
“Desde CHA siempre hemos apoyado esta causa tan justa promovida por los amigos y familiares de los fallecidos, porque creemos que para cerrar una herida tan dolorosa hay que ser claros con lo que ocurrió”, ha señalado Salvador.
“Tenemos derecho a saber por qué un asesino campó a sus anchas por la zona tras dos intentos de asesinato en Albalate el 5 de diciembre, y por qué hasta el 14 de diciembre, día en el que fueron asesinadas tres personas, el operativo lo componía exclusivamente personal de la Guardia Civil vinculado a la zona, sin contar con refuerzos de las fuerzas especiales”, ha finalizado.
