Norbert Feher, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Teruel en 2021
El Ministerio del Interior tendrá que indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los guardias civiles asesinados por Igor el Ruso
La lucha por el resarcimiento moral de los allegados de Romero y Caballero da sus frutos ocho años después
El Ministerio del Interior tendrá que indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados en Andorra por Norbert Feher, alias Igor el Ruso, en virtud de una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que ampara el resarcimiento moral de los allegados ocho años después del triple crimen que también segó la vida del ganadero José Luis Iranzo.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso interpuesto por el abogado de la viuda de Víctor Caballero, y los padres y hermanos de Víctor Romero, los dos agentes a los que el Ruso descerrajó numerosos disparos de pistola aquel 14 de diciembre de 2017 en el Mas de Zumino, después de asesinar con otros dos tiros a Iranzo en el cercano Saso.
En concreto, a la viuda de Caballero le corresponden 300.000 euros, a los padres de Romero 160.000 euros y a los dos hermanos de este último 100.000 euros. Se trata de las cantidades fijadas en 2021 por la Audiencia Provincial de Teruel, que en la misma sentencia por la que decretaba prisión permanente revisable para Feher determinó 300.000 euros de indemnización para las viudas, 200.000 euros para los hijos, 80.000 euros para los padres y 50.000 euros para los hermanos.
Sin embargo, el criminal serbio se declaró insolvente. Las familias -también la viuda e hijo de Iranzo y la viuda de Romero, que llevan otro camino judicial- reclamaron al Estado esa indemnización, pero el Ministerio del Interior desestimó en 2023 el resarcimiento a familiares de guardias civiles fallecidos en acto de servicio, por asesinato. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 de la Audiencia Nacional dictó sentencia el 20 de noviembre de 2024, desestimando el recurso, pero los allegados apelaron y ahora han ganado.
“La normativa aplicable al resarcimiento por daños personales a un guardia civil incluye al lesionado y, en caso de fallecimiento, a sus herederos, siendo aplicable el principio de indemnidad en interpretación jurisdiccional para incluir la indemnización declarada en sentencia penal por el asesinato de los guardias civiles ocurrido en acto de servicio”, añade la sentencia de la Sección Quinta, que se ampara en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y a la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil.
Hasta ahora, solo constaban sentencias en las que estas indemnizaciones las cobraban las víctimas, pues los agentes no habían fallecido. Ahora, la Audiencia Nacional abre la puerta a que las familias también puedan recibir indemnización por daños morales. Algo que la representación de las víctimas valoró ayer, con el deseo que el Ministerio del Interior no recurra la sentencia porque iría contra los derechos de los funcionarios. Existen 30 días para interponer recurso de casación y el resultado final marcará jurisprudencia.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso interpuesto por el abogado de la viuda de Víctor Caballero, y los padres y hermanos de Víctor Romero, los dos agentes a los que el Ruso descerrajó numerosos disparos de pistola aquel 14 de diciembre de 2017 en el Mas de Zumino, después de asesinar con otros dos tiros a Iranzo en el cercano Saso.
En concreto, a la viuda de Caballero le corresponden 300.000 euros, a los padres de Romero 160.000 euros y a los dos hermanos de este último 100.000 euros. Se trata de las cantidades fijadas en 2021 por la Audiencia Provincial de Teruel, que en la misma sentencia por la que decretaba prisión permanente revisable para Feher determinó 300.000 euros de indemnización para las viudas, 200.000 euros para los hijos, 80.000 euros para los padres y 50.000 euros para los hermanos.
Sin embargo, el criminal serbio se declaró insolvente. Las familias -también la viuda e hijo de Iranzo y la viuda de Romero, que llevan otro camino judicial- reclamaron al Estado esa indemnización, pero el Ministerio del Interior desestimó en 2023 el resarcimiento a familiares de guardias civiles fallecidos en acto de servicio, por asesinato. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 de la Audiencia Nacional dictó sentencia el 20 de noviembre de 2024, desestimando el recurso, pero los allegados apelaron y ahora han ganado.
Principio de indemnidad
La sentencia ha sido considerada histórica porque los magistrados la sustentan en el principio de indemnidad de los funcionarios no como restitución de lesiones en acto de servicio, sino una vez fallecidos. “La Administración debe resarcir a sus funcionarios por los daños sufridos en el ejercicio de sus funciones por acciones ilícitas de las personas sobre las que las ejercen, cuando no haya dolo, culpa o negligencia por parte del funcionario y el responsable directo del daño sea insolvente”, dicta el fallo.“La normativa aplicable al resarcimiento por daños personales a un guardia civil incluye al lesionado y, en caso de fallecimiento, a sus herederos, siendo aplicable el principio de indemnidad en interpretación jurisdiccional para incluir la indemnización declarada en sentencia penal por el asesinato de los guardias civiles ocurrido en acto de servicio”, añade la sentencia de la Sección Quinta, que se ampara en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y a la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil.
Hasta ahora, solo constaban sentencias en las que estas indemnizaciones las cobraban las víctimas, pues los agentes no habían fallecido. Ahora, la Audiencia Nacional abre la puerta a que las familias también puedan recibir indemnización por daños morales. Algo que la representación de las víctimas valoró ayer, con el deseo que el Ministerio del Interior no recurra la sentencia porque iría contra los derechos de los funcionarios. Existen 30 días para interponer recurso de casación y el resultado final marcará jurisprudencia.
