Greenpeace ve viable abandonar la energía nuclear y el carbón en 2025

Un informe presentado por Greenpeace afirma que España podría prescindir sin problemas de la energía nuclear y la de carbón para satisfacer su demanda eléctrica en apenas siete años, si las sustituyera por renovables.

Según el documento Único sentido: 2025 sin carbón ni energía nuclear, la diferencia de costes y emisiones entre las diferentes opciones es "lo suficientemente pequeña como para que no sirva de base para una decisión política" y permite la viabilidad económica de este reemplazo energético.

El análisis, elaborado por el Instituto de Investigación Técnica (IIT) de la Universidad de Comillas de Madrid, contempla diferentes escenarios futuros en función del crecimiento de la demanda de energías, la aportación de la nuclear y el carbón al mix energético y la variación del porcentaje de generación renovable, incluso en situaciones de estrés hídrico y eólico.

Durante la presentación del informe, la responsable de Energía de Greenpeace, Raquel Montón, señaló que la seguridad del suministro estaría garantizada "hasta en las peores condiciones posibles", además de que "la alta penetración de renovables y el ahorro energético disminuyen los costes".

Por este motivo, incidió además en la necesidad de aplicar medidas de eficiencia energética y de flexibilidad en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, sobre cuyo borrador trabaja actualmente el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

El sobrecoste que supondría pasar de un escenario continuista a otro sin carbón ni nuclear, con un mínimo crecimiento de la demanda eléctrica y con un nivel alto -65  por ciento- de renovables, sería de 186 millones de euros, una cifra "muy pequeña cuando estamos hablando de cambiar el sistema eléctrico", valoró Montón. Como referencia, aseguró que "sólo la mala gestión de Castor ha costado a los usuarios 1.755 millones, sin contar los intereses", por lo que "con el gasto de Castor podríamos haber cambiado nuestro sistema eléctrico diez veces".

El documento de Greenpeace considera que "cuando hay voluntad política" se incluyen cantidades similares en los presupuestos "sin muchos problemas" y cita, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa contemple la posibilidad de duplicar su presupuesto anual hasta los 18.000 millones de euros en 2024.

Montón añadió que los resultados de este estudio "desmienten las declaraciones ofrecidas este lunes en Zaragoza por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal" cuando anunció una proposición de ley para evitar el cierre de centrales nucleares y de carbón porque encarecería el precio de la factura de la luz.

Factura más barata

Según la portavoz de la ONG, aunque los costes totales son similares en todos los casos, "precisamente el coste que se traslada de forma más directa a la factura de la luz sería más bajo con un mix energético sin carbón y sin nuclear".

Por ello considera el anuncio de Nadal una "cadena perpetua al carbón y la nuclear" así como una "táctica política" para las zonas de España "donde el asunto del carbón es más sensible, ofreciendo una hipotética continuidad que él mismo sabe que no es posible". 

A juicio de Greenpeace, el cierre simultáneo del carbón y las nucleares en España "es el primer paso imprescindible para encaminar el país hacia un sistema 100% renovable, eficiente e inteligente" por lo que ve "imprescindible elaborar un plan de cierre de las energías sucias y su sustitución por renovables, y no la cadena perpetua al carbón y la nuclear que quiere imponer por ley el Gobierno".

Por ello, pide a los partidos políticos que van a elaborar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que garanticen el cumplimiento del Acuerdo de París, transformen el sistema energético actual en "un sistema inteligente, eficiente y 100% renovable"; se establezca el 2025 como fecha límite para el cierre del carbón y no se concedan nuevas licencias de explotación nuclear.

Reclama además que abandonen cualquier nueva normativa que obstaculice los cierres de dichas centrales; faciliten la participación democrática en el sector energético; establezcan un marco jurídico "definido, previsible y estable" para las renovables y la eficiencia energética, con el fin de favorecer las inversiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos; y aseguren que la transición a este sistema energético sea "justa e inclusiva".

El documento hecho público ayer recoge las principales conclusiones de un informe más amplio realizado para Greenpeace por el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT).