Investigan a una cuarta persona por los tuits de odio contra los guardias civiles tras los asesinatos de Andorra
El juez pide direcciones IP de un usuario de Facebook a dos operadoras de telefoníaLa Guardia Civil investiga a una cuarta persona por posibles delitos de odio y de injurias graves a los agentes asesinados por Igor el Ruso en la causa de los tuits que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel.
El juez ha pedido a dos operadoras de telefonía que faciliten datos de las direcciones IP de un usuario de Facebook para el esclarecimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de un “delito contra el honor en su modalidad de delito de injurias graves a funcionario público”, así como de un “delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución en su modalidad de delito de odio”.
El magistrado actúa a petición del Grupo de Información de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel al entender que estas diligencias “son necesarias y proporcionadas para la investigación de la presente causa y en concreto para averiguar quiénes son los autores de los presuntos delitos perpetrados”.
“El delito que se está investigando es de especial gravedad”, señala el juez en su auto, “por lo que la posible vulneración de derechos a la intimidad y secreto de las comunicaciones debe venir supeditado a la necesidad de investigar la autoría de los delitos, no siendo posible acceder a tales datos sin la debida autorización judicial”. Ambas compañías ya han presentado la información requerida para la buena marcha de la causa.
Con esta, serían al menos cuatro personas las encausadas por alegrarse del asesinato de Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero (no así del ganadero, José Luis Iranzo) el pasado 14 de diciembre. Al menos dos de ellas residen en la provincia de Barcelona, mientras que otra lo hace en Zuera (Zaragoza), donde precisamente está encarcelado Norbert Feher en una prisión de alta seguridad.
Uno de los comentarios más gruesos vino de la usuaria de Twitter aragonesa, que se expresó en estos términos: “Matan a un nazi en Zaragoza, a dos guardias civiles en Teruel... Si es que últimamente todo son buenas noticias en Aragón”. La joven llegó a ser arrestada y prestó declaración, quedando en libertad con cargos bajo la obligación de presentarse en un juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
En un comentario a una publicación del perfil de Twitter del canal 24 horas de la televisión pública catalana, otro de los investigados habría preferido que los agentes “hubieran estudiado en lugar de alistarse en un cuerpo militar de perdonavidas y zurra-abuelas. Me sabe mal el apuro de la familia, pero es el mismo apuro de la familia de cualquier heroinómano de los 80. Ellos han escogido el camino que querían”.
En la misma lista de comentarios, otro usuario escribió “Karma”, en posible alusión al episodio violento que protagonizaron guardias civiles y policías nacionales durante el referéndum del 1 de octubre en Cataluña.
Hasta 4 años de cárcel
Los investigados se enfrentan a penas de hasta cuatro años de prisión por estos comentarios porque “no es libertad de expresión”, sino que “insultan a los guardias porque simpatizan con posiciones radicales y odio a la Guardia Civil y a lo que representa”, explicó Jorge Piedrafita, el abogado de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que lleva la acusación particular en nombre de la viuda de Víctor Romero.
La AEGC pedirá una “monitorización” de las redes sociales de quienes vertieron comentarios injuriosos y de odio contra los dos agentes asesinados con el fin de “determinar una pauta de comportamiento” de estas personas para demostrar que son reincidentes en sus opiniones.
En base a ello, “pediremos la máxima condena y que haya ingreso en prisión”, aseguró Piedrafita, si bien lo más probable es que el juicio depare penas que no conlleven el encarcelamiento pero sí la asunción de responsabilidades civiles.
En una nota remitida cuando se levantó el secreto de la causa de los tuits, la AEGC se mostró partidaria de “un castigo que contribuya a salvaguardar los derechos de todas las mujeres y hombres integrantes de la Guardia Civil en otros posibles casos de ataque de odio a su legítima condición profesional”. “AEGC seguirá trabajando de forma firme para que no haya espacio a impunidad y estas reprobables conductas reciban la respuesta judicial que merecen”, afirmó.
