La Aemps suspendió la actividad de cuatro empresas a raíz de la investigación policial

La operación Ayurveda desarrollada por la Sección de Consumo y Medio Ambiente (Secoma) de la Guardia Civil en colaboración con el juzgado numero dos de Alcañiz ha desenmascarado un presunto entramado para la falsificación de medicamentos que tendría su base de operaciones en Alcorisa, pero con ramificaciones en cinco provincias españolas Barcelona, Castellón, Valencia, Sevilla y Madrid. En total, han sido  investigadas 10 empresas por haber participado directamente en operaciones ilegales que girarían en torno a quien el Secoma considera el cabecilla de la trama, Gabriel García Gavín, administrador único de Desarrollos Farmacéuticos del Bajo Aragón (Defabar) y de Laboratorios Raga, también en Alcorisa, una empresa que no está registrada en la base de datos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps). 

Según consta en las diligencias del sumario, habrían estado implicados tres laboratorios con sede en Barcelona y una empresa especializada en marketing y venta de la misma ciudad. Asimismo, una empresa del ámbito de la logística hospitalaria de Sevilla autorizada para la distribución y almacenaje de productos sanitarios, un almacén mayorista y distribuidor de productos farmacéuticos de Valencia, un comercio al por mayor de productos farmacéuticos con sede en Barcelona y que figuró como laboratorio fabricante (reacondicionador) en la base de datos de la Aemps, además de otro comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética de Sevilla, que tampoco está registrado en la Aemps para la elaboración y distribución de productos farmacológicos. Por último, las ramificaciones de esta supuesta trama de tráfico de medicamentos llegan también hasta un distribuidor de medicamentos dedicado también al comercio al por mayor de productos farmacéuticos con sede en Madrid.

A través de la intervención de teléfonos móviles y de correos electrónicos, la Guardia Civil ha seguido de cerca los movimientos del administrador de laboratorios Defabar y Raga, así como del resto de empresas vinculadas comercialmente con ambos hasta descubrir prácticas consistentes en el falseamiento de los datos de origen de los principios activos de los fármacos y la suplantación de la identidad del fabricante en el prospecto o cartonaje de éstos.

La investigación arrancó en el año 2015 a raiz de la denuncia de un laboratorio ubicado en Teherán (Irán) que realizó dos encargos de Mexiletina, medicamento utilizado por personas con enfermedades coronarias, al laboratorio Defabar. El segundo pedido fue pagado por los iraníes pero no llegó a su destino. La Aemps comprobó que el laboratorio turolense no tenía autorización ni para la exportación ni tampoco para la fabricación de este fármaco.

El 18 de noviembre de 2015, varios inspectores de la agencia se personaron en las instalaciones de Alcorisa y localizaron, entre otro material, documentación que evidenciaba la participación de otros almacenes y empresas  del sector farmacéutico (laboratorios, almacenes mayoristas, distribuidores...) en operativas para las que tampoco tenían concesión, lo que llevó a activar nuevas inspecciones en las sedes que estas compañías tenían en Barcelona, Valencia, Castellón, Madrid o Sevilla. Algunas de ellas conllevaron, en tres casos más (aparte de Defabar), la suspensión temporal de la actividad.  Asimismo, un almacén de Madrid fue sancionado con 60.000 euros. Según las diligencias del sumario, este mayorista figuraba - en documentación intervenida en los ordenadores de Defabar y en la aportada por una agencia de aduanas del aeropuerto de Barajas dedicada al tráfico internacional de mercancías- como expedidor de uno de los  transportes de Mexiletina a Irán, un pedido adquirido a Defabar, cuando ésta no estaba autorizada a fabricar este fármaco. Además, según los investigadores, este medicamento habría sido elaborado por una empresa India que no aparecía como fabricante en el cartonaje ni el prospecto, ni tampoco en los certificados. Es decir, se había producido una falsificación dotando al medicamento de una fabricación española cuando no la tenía

16 investigados

La imputación por formar parte de esta red se ha centrado en las personas físicas con responsabilidad en estas empresas, algunas de las cuáles ya habían trabajado anteriormente en varios laboratorios o almacenes que ahora están en mayor o menor medida implicados en los hechos. A los investigados no detenidos se les imputan presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental, además de delitos contra el mercado y los consumidores. Los agentes creen que la trama mantuvo una práctica continua y sistemática que, por medio de la obtención de certificados de correcta fabricación y de libre venta, conseguía un amparo normalizado para productos que eran falsos e ilegales, ya que falseado estaba su origen y su fabricante en buena parte de los casos.

Al menos ocho de los investigados están vinculados a almacenes mayoristas y distribuidores de medicamentos, a laboratorios farmacéuticos y a la empresa especializada en marketing y ventas. Otros ocho están relacionados con el laboratorio Defabar. Uno de ellos es su propietario, el único que fue detenido por los hechos y puesto en libertad tras prestar declaración el pasado mes de octubre ante la juez del juzgado número 2 de Alcañiz.

Fuentes del Secoma de la Guardia Civil indicaron que la investigación está en curso y que se sigue buscando documentación relacionada con las presuntas operaciones ilícitas de las compañías farmacéuticas que o bien han sido sancionadas o de cualquiera de las otras a las que, por el momento, no se ha ha abierto ningún expendiente.