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La causa contra Feher no incluirá la responsabilidad civil subsidiaria del Estado La causa contra Feher no incluirá la responsabilidad civil subsidiaria del Estado
Agentes de élite de la Guardia Civil hacen acto de presencia en Andorra, el 14 de diciembre de 2017. M. N.

La causa contra Feher no incluirá la responsabilidad civil subsidiaria del Estado

La Audiencia niega también que se investigue si la Policía Nacional tardó en informar sobre el asesino
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La Audiencia Provincial de Teruel ha cerrado la puerta a que el proceso penal contra Norbert Feher pueda incluir la responsabilidad civil subsidiaria del Estado tras dar carpetazo definitivo a esclarecer si los guardias civiles asesinados el 14 de diciembre de 2017 conocían que la Policía Nacional y los Carabinieri italianos habían estado buscando a Igor el Ruso por Málaga tan solo una semana antes de que éste intentara matar a dos vecinos de Albalate del Arzobispo el 5 de diciembre. 

Con el auto, firmado el 13 de febrero, el tribunal respalda la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz y cierra la única vía que quedaba para  que las acusaciones particulares que consideran que hubo fallos en el operativo policial pudieran acreditar en esta causa la responsabilidad civil del Estado en la búsqueda del proscrito.

Antes, el 28 de noviembre, la Audiencia Provincial rechazó que en este proceso penal contra Feher se pudiera “dirimir y depurar” la “falta de medios y el operativo previo de la Guardia Civil en la búsqueda del investigado” desde el tiroteo de Albalate, donde se puso de manifiesto la peligrosidad de Igor el Ruso si bien no se supo de su identidad hasta el momento de su detención. 

Así las cosas, la única forma en que las familias podrán resolver las responsabilidades de administraciones y mandos será con un contencioso administrativo que se prolongará varios años, por lo que las partes entienden que se diluirá el espíritu de reparación a las víctimas. 

“Exclusivamente” las muertes

En el auto de 13 de febrero, la Audiencia recuerda que el objeto del procedimiento, que se dirimirá mediante jurado popular, es “exclusivamente” la muerte de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, y del líder agrario José Luis Iranzo, que se imputa al acusado Feher. Por lo tanto, dice el tribunal, “resulta evidente que no puede procederse en esta sede a la investigación de otros hechos que, aunque pudieran tener una remota conexión con los hechos enjuiciados (…) carecen de relevancia para el hecho que se enjuicia en este procedimiento”. 

El artículo 121 del Código Penal que comprende los supuestos de la responsabilidad civil subsidiaria, recuerda la Audiencia, establece una triple condición para que el Estado y los demás entes públicos respondan subsidiariamente de los daños causados que en este caso no se da: vínculo del autor de los asesinatos con la Administración, que haya actuado en el ejercicio de sus cargos o funciones y que el daño haya sido como consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos confiados al autor. 

De esta forma, el Juzgado de Alcañiz no investigará, tal como pedía la viuda de Romero –después se adhirió la de Caballero– la “acción u omisión de los miembros de la UDYCO del Cuerpo Nacional de Policía que dependen del Ministerio del Interior, así como de cualquier otro efectivo o mando policial” que supiera que entre el 23 y el 30 de noviembre de 2017 se había estado buscando por segunda vez –la primera fue en septiembre– a Feher por Málaga. La UDYCO lo hizo junto a la policía italiana, que sospecha que el Ruso es integrante de una red criminal internacional. El abogado de la viuda de Romero y de la Asociación Española de Guardias Civiles, Jorge Piedrafita, pretendía que los agentes y mandos que participaron en la operación conjunta con los Carabinieri fueran citados a declarar “en calidad de investigados”.

Tampoco el operativo

Además, en su auto del pasado 28 de noviembre, la Audiencia rechazó  que la Oficina de Prevención de la Comandancia de la Guardia Civil informara sobre los equipos de protección individual asignados al agente asesinado Caballero, las instrucciones que recibió para la búsqueda y detención del responsable de los dos asesinatos frustrados en Albalate y tras los disparos a Iranzo, o si existió comunicación al centro de Servicio en situaciones de extrema gravedad.

También se opuso a se requiriera al exdelegado del Gobierno en Aragón y exsubdelegado en Teruel, Gustavo Alcalde y José María Valero, y al teniente coronel de la Comandancia de Teruel, José Rafael Soler, para que aportaran las actuaciones solicitadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y Ministerio del Interior tras los disparos de Albalate; que informaran sobre los medios dispuestos para la búsqueda y localización de las personas responsables de los dos homicidios frustrados; y los medios para la localización de los autores de los robos en 15 masicos.  

Por último, se negó a que Delegación y Subdelegación del Gobierno remitieran documentación sobre el operativo de búsqueda hasta el momento de la detención de Feher, protocolo a seguir, órdenes dadas, personas responsables, efectivos, equipos, apoyos y estados de las comunicaciones; sobre los chalecos antibalas, comunicación mantenida con Luigi Scrima –posible colaborador de Feher residente en la provincia de Valencia a quien la policía local de Manises ya localizó en julio de 2017–, gestiones para proteger a la población tras el suceso de Albalate y los delitos en masicos, y los medios desplegados tras el tiroteo a Iranzo.

Por otra parte, el tribunal también ha descartado pedir una prueba de ADN adicional para identificar los restos biológicos hallados en dos latas de refresco encontradas en un corral abandonado de Andorra donde Igor el Ruso se escondió antes de perpetrar el triple asesinato, así como incorporar a la causa el informe de los Carabinieri que vincula a Feher con una banda criminal organizada.