La Comisión Europea abre una investigación a España por las ayudas a las centrales de carbón
La Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación en profundidad sobre las ayudas públicas de España concedidas a las centrales eléctricas de carbón a cambio de la instalación de filtros para reducir las emisiones contaminantes, según informó este lunes el propio Ejecutivo comunitario.
Bruselas teme que ese apoyo no respete las normas de la Unión Europea (UE) sobre ayudas de Estado y se haya utilizado para cumplir las obligaciones medioambientales de la UE, que eran imperativas en cualquier caso.
"Si contaminas, pagas: este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE. Las normas sobre ayudas estatales de la UE no permiten a los Estados miembros liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando dinero del contribuyente", declaró en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.
La política danesa aseguró que la Comisión cree "actualmente" que el régimen español "no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre, ya que ya estaban obligadas a ello en virtud del Derecho de la UE en materia de medio ambiente".
"Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal. Ahora examinaremos esta cuestión con más detalle", subrayó.
En 2007, las autoridades españolas introdujeron un régimen o "incentivo medioambiental" para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes.
Estos filtros debían reducir las emisiones de la sustancia de las plantas por debajo de determinados límites, precisó el Ejecutivo comunitario.
A cambio, las centrales tenían derecho a recibir ayudas públicas en función de su tamaño durante un período de diez años (8.750 euros por megavatio al año).
Desde 2007, catorce plantas de carbón se han acogido a este régimen y han recibido, en total, más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas, y se seguirán realizando pagos hasta 2020.
España no notificó la medida a la Comisión para su evaluación y ahora Bruselas teme que los límites de emisión impuestos a los beneficiarios del incentivo medioambiental simplemente dieran cumplimiento a las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente, aplicables entonces a las centrales de carbón.
Los requisitos legales correspondientes se establecieron en una directiva del año 2001 sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, indicó el Ejecutivo comunitario.
De confirmarse las sospechas de Bruselas, significaría que el régimen no habría tenido, en realidad, ningún efecto incentivador desde el punto de vista medioambiental.
De todas formas, la apertura de una investigación "en profundidad" no prejuzga su resultado, recordó la CE.
