La DGA dirá en diez días si rescinde o no el contrato con la UTE del hospital

El Gobierno de Aragón dará una respuesta dentro de diez días a la propuesta realizada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de construir el nuevo hospital de Alcañiz (OHL-Dragados). Así lo manifestó la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, después de la reunión in extremis que mantuvieron este lunes ambas partes para continuar realizando los trabajos.

En esta cita, responsables de la UTE presentaron “una serie de propuestas técnicas” al Departamento de Sanidad, según explicaron fuentes del mismo, para que el Ejecutivo no rescindiera el contrato. Según confirmó Pérez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, estas medidas “se están estudiando” para comprobar si “encajan en la normativa y la legalidad, que es el único límite que este Gobierno tiene”, afirmó. 

Aunque no dio detalle de las propuestas para respetar el trabajo interno del Departamento, la responsable de Presidencia aseguró que “se van a valorar con el compromiso de una obra fundamental y prioritaria” como es el hospital de Alcañiz.

Los cambios referidos serían, en principio y pese a la falta de transparencia en este asunto, distintos al modificado del proyecto que la UTE presentó semanas atrás con el fin de ahorrarse costes en la obra. La dirección facultativa lo rechazó.

La reunión bilateral se produjo tras el ultimátum que lanzó la semana pasada en las Cortes de Aragón la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, si no se retomaban “con todos los medios” las obras antes de que finalizara el mes de noviembre. En concreto, Ventura explicó que la UTE solo ha cumplido con el 9,52% de la obra, cuando ya ha consumido casi la mitad del plazo de ejecución. El equipamiento sanitario debería estar completado a finales de 2021, con una duración total de 52 meses desde su inicio.

Ventura reconoció que estos informes de la dirección facultativa evidencian también “los escasos medios personales y materiales” que OHL y Dragados están destinando a la construcción, por lo que desde su Departamento se considera que podría existir “un manifiesto incumplimiento del contrato”. “En todo momento han tenido a su disposición el crédito suficiente para hacer la obra si hubieran querido”, aseguró la consejera. 

El nuevo hospital, ubicado junto a la Val de Zafán –antigua vía ferroviaria–, en la partida de Cantagallos, dará asistencia a más de 75.000 ciudadanos de siete comarcas de Teruel y Zaragoza. Ocupará una superficie de casi 60.000 metros cuadrados, con tres plantas, aunque abierto a un futuro crecimiento. Tendrá además 157 camas de hospitalización, frente a las 125 actuales, además de servicio de UCI.

La eterna promesa

Las obras del centro sanitario del Bajo Aragón fueron adjudicadas a OHL y Dragados por un precio que rozó la baja temeraria, tras presentar la UTE una propuesta económica un 28,8% por debajo del precio de licitación. Esta circunstancia ha marcado el desarrollo de la obra, cuya evolución ha sido puesta en cuestión desde que se colocó la primera piedra en octubre de 2017.

Primero, la empresa tuvo dificultades para que las empresas de la zona aceptaran trabajar para ella en las condiciones que ofrecía. A los tres meses de aquel acto protocolario, una empresa subcontratada en Zaragoza dedicó varias semanas a vallar la parcela y hasta marzo de 2018 no se vieron los primeros movimientos de tierra en los terrenos. La estructura tomó forma en los meses de abril y mayo de 2019, pero desde entonces la obra está prácticamente parada.

Actualmente, la estructura del edificio principal está completamente levantada. Junto a ella, hay tres grúas, pero no hay visos de movimientos ni de trabajos de operarios en los terrenos. Una imagen muy distinta a la que se vio el pasado mes de febrero durante la visita que realizó Ventura a las obras, cuando había medio centenar de trabajadores. 

La construcción del hospital de Alcañiz fue anunciada por el Gobierno de Aragón en el año 2005. En los 14 años que han transcurrido desde entonces, el proyecto ha estado marcado por la polémica, primero por la intención del Ejecutivo PP-PAR de realizar la obra mediante un sistema de colaboración público privada y después por la anulación in extremis de aquella licitación y la lentitud con la que el actual Ejecutivo ha gestionado el proyecto.