La Ley de Cambio Climático marcará en septiembre el futuro de la central térmica de Andorra

La presentación en septiembre de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética clarificará el futuro de la central térmica de Andorra. La cuenca minera espera que esta norma, en la que lleva trabajando desde hace meses una comisión de expertos del sector y que ahora ultima el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, reserve un porcentaje suficiente al carbón nacional en el sistema energético que haga atractiva la inversión de Endesa en la planta turolense de generación, toda vez que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha rectificado y asegura ahora que las centrales de carbón no deben cerrar “de hoy para mañana”.

Entre otras cuestiones relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de emisiones a los que los estados miembros de la Unión Europea se han comprometido tras el Acuerdo de París, la ley fijará un marco regulatorio estable que las eléctricas tomarán como referencia para planificar sus inversiones.

Los agentes sociales, económicos y políticos de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos esperan que el hueco térmico en el mix energético para el carbón autóctono sea suficiente porque, de lo contrario, Endesa no invertirá, la central cerrará y la comarca se verá sumida en una profunda despoblación ante la ausencia actual de alternativas económicas. Están convencidos de que la planta sigue siendo fundamental para el sistema energético nacional mientras no se avance en la instalación y almacenamiento de energía renovable. En el mes de julio, las renovables apenas representaron el 37,2% de la energía eléctrica generada en la península. Por tecnologías, la nuclear, con un 21,8% del total, fue la que más aportó al mix de generación el mes pasado, seguida del carbón (17%), la hidráulica (14,6%), la eólica (12%), la cogeneración (11,7%) y los ciclos combinados (11,1%).

Contaminación importada

“Esperemos que el carbón nacional esté dentro y no se nos deje en la indigencia, que el Gobierno piense un poco en las comarcas mineras que hemos sacado adelante la industria de España durante decenas de años”, manifestó el responsable de minería de CC OO en Aragón, Antonio Montoyo.

“Ahora va a resultar que los dos millones de toneladas de carbón nacional son los que contaminan, pero los 18 de importación que se siguen quemando, no”, protestó el sindicalista. 

”Necesitamos clarificar en septiembre la situación del carbón porque tanto los empresarios como las centrales térmicas necesitan saber si van a poder continuar su actividad”, apuntó a principios de agosto en Zaragoza el secretario de minería estatal de UGT FICA, Víctor Fernández.

En un encuentro con sindicalistas de UGT de Aragón, el asturiano opinó que el carbón continúa siendo esencial en España, por lo que “no se pueden cerrar las minas de carbón en 2018 y las centrales térmicas en 2020”.

“Eso no se puede hacer en España” porque “no hay suficiente garantía de suministro, ni habría energía de respaldo”, prosiguió Fernández.

La térmica es rentable

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, coincide en que “eliminar el carbón hoy por hoy es imposible”, por lo que aboga por hacer “un Plan Energético Nacional consensuado en el que cada tipo de energía tenga una parte dentro del mix”.

“La térmica va a tope, en estos momentos Samca está llevando 12.000 toneladas diarias”, señal de que en momentos de alta demanda “sigue siendo necesaria”.

“La central de Endesa no está funcionando ahora a pleno rendimiento por salvarnos a los mineros ni para que la comarca funcione, sino porque está ganando mucho dinero. El precio de la electricidad está alto y el precio del carbón, no. A las centrales no se les paga por el coste real de generación, sino al precio más alto de la última fuente que entra en el sistema. Si para poder cubrir la demanda entra el gas a 90 euros el megavatio, aunque el coste de generación sea más bajo se lo van a pagar a 90 a todas, también a las renovables”, explicó Noé de forma pedagógica.

“Ya vale de que nos tomen el pelo las eléctricas –prosiguió Noé–. Ojalá el Gobierno tenga la suficiente fuerza como para pararles los pies. Hay que obligar a Endesa para que se implique en esta transición justa”, realizando las inversiones porque “con lo que está ganando este verano podría hacerlas sin problema”.

Miles de familias en juego

Siete de las 15 centrales térmicas del país, las que funcionan con carbón de importación, han asegurado su continuidad acometiendo las inversiones que exige la directiva europea para grandes centros de combustión, que obliga a comenzar las obras antes del 30 de junio de 2020.

No obstante, “las que nos dan trabajo aquí son las de carbón autóctono”, que generan “esos casi 4.000 puestos de trabajo” directos, indirectos e inducidos, explicó el alcalde minero. Esta cifra se traduce en “un montón de familias que dejarían nuestra tierra con el problema que tenemos de despoblación en Teruel”.

“Si Endesa no acomete la inversión que necesita la central, esto no va a ningún lado. La directriz es clara: las que tengan hechas las inversiones seguirán funcionando pero, las que no, su cupo de emisiones quedará a cero y no podrán continuar”, relató el presidente del comité de Endesa en la térmica, Hilario Mombiela, quien instó al Gobierno a alcanzar un acuerdo con la Comisión Europea para arbitrar algún mecanismo para la continuidad de las térmicas, tal como han conseguido países como Alemania o Polonia.

Mombiela aseguró que la central es “rentable” y “siempre ha estado regulando el mercado eléctrico nacional”. Afirmó que “hay tiempo hasta el 30 de junio de 2020 para iniciar las inversiones”, aunque la situación ideal es que la decisión de invertir se tome antes de finalizar el año. No obstante, “el tiempo se nos agota”, alertó el sindicalista.

Por su parte, fuentes de Endesa aseguraron a este periódico que la situación “no ha cambiado” y que, hasta que el Gobierno no aclare el marco regulatorio –algo que parece que llegará en septiembre–, la filial de Enel en España no cambiará su decisión inicial de no invertir, como así se refleja en todos los planes estratégicos que ha presentado en los últimos años y en sus previsiones de desinversión en Compostilla (León) y Andorra.