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Reunión del Miteco con los agentes locales para iniciar el Convenio de Transición Justa, en febrero de 2020 en Andorra. M. N.

La pandemia condiciona el calendario de la Transición Justa, pero Andorra no puede esperar: la térmica lleva 8 meses cerrada

El encaje de fondos europeos y el Nudo Mudéjar retrasan el Convenio

Los 300 millones de euros en ayudas específicas para las zonas en transición energética que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España contempla inyectar en las zonas en transición energética es una buena noticia para Andorra y comarca, aunque paradójicamente retrasará el Convenio de Transición Justa porque hay que “replantear agendas y procesos para aprovechar esta nueva vía de financiación”. Algo que el territorio comprende, aunque en paralelo urge medidas urgentes y toda la agilidad administrativa posible porque se cumplen ya ocho meses del cierre de la central térmica de Endesa.

En una interpelación parlamentaria formulada la semana pasada por el senador de Teruel Existe Joaquín Egea, la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, anunció que una tercera parte de estos 300 millones procedentes de los fondos europeos Next Generation irá a parar en los próximos tres años a infraestructuras municipales, sociales y ambientales de las comarcas que han visto cerradas minas y centrales térmicas y de otra índole por el proceso descarbonizador al que obligan las directivas europeas contra el cambio climático. 

De estas nuevas oportunidades de apoyo podrán beneficiarse las 99 iniciativas que se han captado a través del proceso participativo que se inició en Andorra el 27 de febrero de 2020 como parte del proceso de elaboración del Convenio de Transición Justa para la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, informó el Miteco en una nota de prensa.

“La llegada de los fondos de recuperación” comunitarios “supone una nueva oportunidad”, afirmaron fuentes ministeriales, pues ahora “hay más financiación y de más ágil tramitación”. Sin embargo, incluso antes de ser suscrito, el Convenio ya es un documento vivo cuyas “piezas del puzzle se mueven” porque “hay más recursos y todo tiene que encajar de nuevo”, justifica el ministerio.

A este retraso se une el de la publicación de la orden que regulará los nudos de capacidad de acceso de evacuación a la red de transporte de energía eléctrica, entre ellos el Nudo Mudéjar al que vertía la térmica, “un elemento clave para el Convenio que será adjudicado mediante concurso a los mejores proyectos para el territorio en términos ambientales, económicos y sociales”, aclara el gabinete de Ribera. Esta iniciativa ya ha superado la fase de consulta pública previa.

Con todo, no fue en febrero, un año después de la reunión en Andorra, cuando el Miteco hizo la devolución de la información a los actores del proceso para identificar por fin los proyectos tractores que impulsarán la reconversión de la cuenca minera.

Documento “de acciones”

La vicepresidenta se refirió en el Senado al proceso de Transición Justa en Teruel como “un esfuerzo colectivo sin precedentes para crear y fijar empleo, atraer inversión para dinamizar, diversificar y restaurar las economías de Andorra y las regiones mineras de Teruel”.

Prometió que el Convenio sería “un documento de acciones y no de intenciones”, elaborado a partir de la participación y la consulta social” en aras de “identificar los mejores proyectos para el territorio teniendo en cuenta criterios ambientales, económicos y sociales.

El compromiso del Ejecutivo estatal es crear en el territorio, al menos, el mismo número de empleos que estarían potencialmente afectados por el cese de la actividad minera y energética, estimados en 504, la mayor parte de los cuales se corresponde actualmente con trabajadores prejubilados, empleados en las tareas de restauración o en formación profesional.

Las ayudas a trabajadores, municipios e iniciativas empresariales concedidas hasta la fecha en la zona de este Convenio, que incluye 34 municipios –de Cuencas Mineras, Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Maestrazgo– ascienden a 43,4 millones de euros, que según el ministerio ayudarán a crear 294 empleos y a mantener 338 puestos de trabajo. No obstante, comprenden algunos planes antiguos, como el Miner 2013-2018, cuyas infraestructuras no se han ejecutado. De ellas dependen más de un centenar de empleos.

El IAF, ilusionado

Entre los más de 60 representantes de distintos niveles de la administración, sindicatos, empresarios, agricultores, centros de investigación y otros agentes participantes en el Convenio está el director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, Sergio Broto, a quien le genera “ilusión” el concurso del Nudo Mudéjar de 400 kV. “Hemos pedido que se publique lo antes posible para que se beneficien los proyectos renovables que están en plena ebullición en la zona”. En este sentido, el responsable recordó que la pasada semana se publicó la Ley de Simplificación Administrativa de Aragón.

Breto elevó a 140 –no 99 como publicó el ministerio en su nota de prensa– los proyectos presentados por hasta 69 agentes de los 34 municipios comprendidos en la delimitación territorial, que fue ampliada tras la reunión de Andorra para dar cabida a localidades históricamente receptoras de ayudas Miner, lo cual para el director general de Energía y Minas “es un éxito porque, cuanto más territorio, más proyectos tendrán cabida”. 

No hay excusas

“El tiempo pasa inexorable para Andorra y esta situación no entiende ni de Covid, ni de repetición de elecciones ni de presupuestos”, dijo el alcalde de esta localidad, Antonio Amador, que asumió que la incorporación de los fondos europeos añade más retraso a los “siete u ocho meses” acumulados por la pandemia.

En todo caso, apostilló, “no podemos confundir proyectos de futuro con medidas de emergencia”. El programa a futuro es el Convenio, “que marcará el desarrollo de la zona para los próximos 10 o 15 años”, indicó, por lo que “no debe ser una foto sin más”, sentenció.

Entre las medidas de emergencia, Amador destacó el desmantelamiento de la térmica y los primeros proyectos renovables. “Todos sabemos que no es la salvación para Andorra, pero en este momento es el balón de oxígeno que necesitamos para generar empleo mientras se sigue avanzando en la instalación de otros proyectos” empresariales.

Amador recordó que la concesión de 18 hectómetros cúbicos de agua que tenía Endesa para la refrigeración de la central se va a quedar en la zona, e instó al ministerio a lanzar cuanto antes el concurso para el Nudo Mudéjar. El único candidato conocido públicamente es el macroparque fotovoltaico y eólico de 1.725 megavatios (MW) de Endesa, que aporta almacenamiento en baterías y también la intención de instalar electrolizadores de hidrógeno verde.

También reclamó Amador simplificar la tramitación administrativa. “Si un inversor quiere presentar su proyecto a todas las líneas de ayudas a las que puede optar, puede pasar un año perfectamente, porque tiene que ir a todas las administraciones”. Es por eso que insistió en que en Andorra haya una oficina satélite del Instituto para la Transición Justa (ITJ) a modo de ventanilla única.

“Si ya era complicado llevar bien los tiempos, con la pandemia más. Desde Acom (Asociación de Comarcas Mineras) estamos muy encima porque las zonas carboníferas están agonizando, se han cerrado las minas y no hay alternativas claras”, manifestó el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, que reclama al Miteco que los proyectos que se puedan poner en marcha a corto plazo no tengan que esperar al Convenio y se les dote de financiación “de la manera que sea”, pues “todo empleo suma y es necesario”.

Ariño tiene ilusión en Forgasa, la planta de fertilizantes de Samca que ya está construida y en periodo de pruebas. “Hay gente contratada”, dijo Noé, que confía en que pronto entre en producción para que todo el personal de contratas de las minas tenga una tabla de salvación dos años después del cierre.

Noé instó a agilizar los convenios de infraestructuras Miner 2013-2018 –está pendiente la firma entre el Gobierno de Aragón y los municipios–, y aseguró no saber “nada” de la Elevación de Aguas del Ebro.

Los más críticos

“Lo más preocupante es que, después de un año de tanto trabajo e ilusión, no tenemos constancia de que haya encima de la mesa un proyecto productivo que no dependa al cien por cien de alguna subvención”, lamentó el presidente de la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, Roberto Miguel, que reclamó “inversiones con sentido común pero, sobre todo, a futuro”.

Miguel, que denunció la “propaganda política” de este proceso, reclamó una oficina del ITJ en el territorio con el objetivo de “promocionar Andorra” y facilitar la tramitación administrativa a los empresarios, aunque dio por hecho que no se conseguirá porque así lo han transmitido  ya desde Madrid. También pidió una fiscalidad especial para las zonas mineras y el medio rural en general, que lo haga más atractivo para afianzar industrias.

“Aparte de enseñarnos lo que hay que hacer, alguien va a tener que hacer cosas para que no nos muramos”, reclamó Miguel, que confió en que, entretanto, los proyectos renovables y el desmantelamiento activen la economía en Andorra y los fondos que van a recibir los ayuntamientos “se gestionen bien, porque poniéndose a trabajar muy en serio se podrían hacer muchas cosas”. Mano de obra y recursos endógenos hay de sobras, aseguró.

“Ha pasado un año ya de la reunión y seguimos igual. Solo sabemos que hubo una ampliación de pueblos que ya ralentizó el proceso y estamos esperando a ver si llega algún proyecto o no llega absolutamente nada, porque de momento lo único es el desmantelamiento”, dijo el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, que espera que Endesa cumpla y contrate a gente de la comarca.

Aprovechar la vía ferroviaria del carbón de importación como puerto seco, fabricar baterías para coches eléctricos o aprovechar la concesión de agua de la térmica fueron algunas medidas concretas que ya lanzaron los sindicatos y que todavía están sin confirmar por parte del Miteco. 

El secretario comarcal de CCOO en Andorra, Antonio Jiménez, aseguró que hay cien personas con los cursos para el desmontaje de la térmica hechos “y no están llamando a nadie”, por lo que interpretó que “es todo una gran mentira porque aquí todo sigue igual y no hay nadie capaz de decirle a Endesa que cumpla con lo que firmó con los sindicatos y con el Gobierno”.

“No nos pueden estar engañando continuamente, desde la reunión de hace un año no se ha movido nada y algún día tendremos que vivir en el presente porque la gente come todos los días”, urgió Jiménez, para advertir que el territorio se está despoblando porque “la gente de las  contratas de Endesa se está buscando la vida en otros sitios” mientras otros “llevan ocho meses de paro gastados y muy cabreados porque los cursos de momento no sirven para nada”.

Sin Covid-19 habría empresas

“Estoy convencido de que sin pandemia, alguna de las empresas en cartera ya estarían construyendo su planta”, dijo el presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, quien aseguró que “la transición justa va a llegar, aunque no con la velocidad que hubiéramos deseado”.

Pero las circunstancias mandan, “se han retrasado reuniones, contactos y se han paralizado muchos proyectos porque en este nuevo paradigma mundial las empresas tardan muchísimo más en tomar esas decisiones, y las que las habían tomado son más precavidas porque sus necesidades han cambiado”.

Ciércoles confió en que Andorra siga siendo “un referente a nivel energético”, en adelante con “ese futuro verde”, y confió en que la “buena mano de obra, terreno e infraestructuras” industriales sumen a la hora de captar empresas.

Los regantes del Guadalope, principal “daño colateral”, siguen sin soluciones

Los regantes siguen sin una solución ante la salida de Endesa de la Junta Central de Usuarios del Guadalope, que encarece en 1,5 millones de euros anuales las aportaciones que debe asumir el resto de socios, que podrían llegar a un 204% de sobrecostes generales y hacer inviables muchas explotaciones agrícolas.

Endesa ha pagado desde 1980 el 45% del canon del uso del agua del Guadalope a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), y el mismo porcentaje de todas las inversiones que han tenido que asumir los usuarios, lo cual tiene una importante repercusión en la financiación de obras en marcha como el recrecimiento del embalse de Santolea.

El presidente de la Junta Central, José Fernando Murria, ha propuesto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que la CHE mantenga la concesión de 18 hectómetros cúbicos que la térmica tomaba de Calanda para su refrigeración y se destine al desarrollo de Andorra. Además, plantea que redirija los 22 millones de euros de la segunda fase de la Elevación de Aguas del Ebro a costear los 11 millones que dejará de aportar Endesa a las obras de recrecimiento de Santolea y a financiar la fotovoltaica del bombeo de Caspe (7,5 millones de euros), fundamental para equilibrar una cuenca que ocupa una cuarta parte del territorio de la provincia de Teruel y parte de Zaragoza que está fuertemente regulada por su déficit hídrico.

Murria aseguró que no hay ningún avance, aunque emplazó a una nueva reunión con la presidenta de la CHE, María Dolores Pascual, esta semana o la siguiente, para indagar posibles soluciones. “En la delimitación actual de la Transición Justa parece que es complicado meter un sistema que afecta a una cuarta parte de la provincia”, lamentó Murria, quien no obstante puso de manifiesto que el “daño colateral que causa el cierre de la térmica sobre los usuarios de la cuenca es clarísimo. Todos lo entienden así y el consejero Joaquín Olona se está preocupando, pero por el momento no encuentran la fórmula para financiar la operación”.

Los municipios y comarcas mineras aún no han recibido el Miner 2013-2018

Los municipios mineros siguen esperando los fondos de infraestructuras del Miner 2013-2018 dos meses después de la firma de los 24 proyectos conveniados entre el Miteco y el Gobierno de Aragón, con una inversión prevista de 16,1 millones de euros.

“Pedimos con ansia que se resuelva de una vez el Miner anterior y se firmen los convenios específicos. El jueves el Gobierno de Aragón nos volvió a reclamar una documentación que ya enviamos al ministerio meses antes”, criticó el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, que lamentó no poder aprovechar la pandemia para agilizar las obras del balneario antes de que la situación sanitaria permita reabrir las instalaciones.

El director general del IAF, Sergio Breto, reconoció que los fondos están por llegar a los municipios por un problema presupuestario. “Se firmó tarde con Madrid y había una previsión de gasto para 2020 del 10% de los convenios, pero no se ejecutó y tenemos que hacer un reajuste para pasarlo al ejercicio 2021”, argumentó.

Aún así, explicó Noé, Acom ha recomendado a los ayuntamientos y comarcas mineras que empiecen con la licitación y efectúen la adjudicación provisional para ganar tiempo, pues “con este compromiso” firmado entre las administraciones regional y estatal “se pueden avanzar trámites”.

Dentro de las iniciativas empresariales que han recibido financiación (al 75% del ministerio y al 25% del Gobierno de Aragón) destaca la ampliación del Balneario de Ariño, una apuesta de éxito de este municipio por reemplazar la actividad minera que genera unos 50 puestos de trabajo y que con la ampliación generará otros 27.

Los Servicios Sociales son el destino de una parte importante de las ayudas. Así sucede con el nuevo centro de trabajo y economía social de Atadi en Alcorisa, vinculado al centro de atención a personas con discapacidad, que será motor para la generación de oportunidades laborales entre sus residentes. La ampliación de la residencia de mayores de Albalate del Arzobispo y la construcción de centros de día en Montalbán y Mequinenza (Zaragoza) son, además, proyectos generadores de empleo femenino.

La actualización de los polígonos industriales en las Cuencas Mineras y otros municipios de la zona se ha convertido en el polo de atracción de empresas, como sucede con el polígono industrial de Montalbán, donde va a instalarse una planta de tratamiento y reciclaje de residuos plásticos. También se potenciará la actividad tradicional local, como en el caso de la industria de alabastro en Albalate del Arzobispo.

Las infraestructuras municipales para el suministro y depuración de aguas en este último municipio y en Andorra, así como las actuaciones para mejorar la eficiencia energética del alumbrado en Montalbán, Comarca de Cuencas Mineras, Alloza y Andorra, son otros ejemplos destacados de la aplicación de estas ayudas en el territorio.