La plataforma de trabajadores de las subcontratas denuncia contratos de desmontaje fuera de los cursos

La Plataforma de los trabajadores de las subcontratas de la central térmica de Andorra y el comité de empresa de Endesa denunciaron ayer que la UTE Moncobra-Rebilita está contactando con operarios “para las labores de desmantelamiento presentes y futuras sin tener los tan cacareados cursos” de formación en riesgos laborales que oferta Endesa para los operarios de contratas que acaban de perder su empleo como consecuencia del cierre.
En una nota de prensa, ambos colectivos desmienten los “avances” que anunció el Gobierno de España esta semana tras celebrar una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para una Transición Justa.
Entre otras cuestiones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico valoraba que más de un 40% de los afectados por los cierres se habían inscrito al registro de trabajadores de empresas auxiliares, la mayoría de ellos entre 50 y 60 años de edad. El objetivo es crear una bolsa de empleo para facilitar su reinserción laboral en los desmantelamientos y nuevas iniciativas empresariales. También les da acceso a formación. 
Sin embargo, sobre el terreno los trabajadores consideran que “la mal llamada transición y mucho menos justa se está produciendo en los términos que los trabajadores hemos estado vaticinando y denunciando durante mucho tiempo”.
“Aquí, en el territorio afectado, reina el desconcierto, el caos y los intereses de las mismas empresas que pusieron en la calle a sus trabajadores, para decidir hoy quién, cómo y cuándo se trabaja en las actuales labores que se están acometiendo en la central térmica de Andorra”. Además, denuncian que los cursos de formación se realizan “de forma arbitraria y sin asegurar la contratación de ninguno de los y las despedidas en este proceso”. 
También protestan por los 17 trabajadores de Endesa que quedan en la térmica, “que van a tener que abandonar Andorra y Aragón como única salida laboral”, y piden una reunión con el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, la directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín y el alcalde de Andorra, Antonio Amador, para pedirles explicaciones.