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Las comarcas mineras defienden un mejor reparto del Fondo de Transición Justa Las comarcas mineras defienden un mejor reparto del Fondo de Transición Justa
El presidente de Acom, Mario Rivas (c), con el alcalde de Ariño, Joaquín Noé (d) y el concejal de Andorra Sebastián Ruiz

Las comarcas mineras defienden un mejor reparto del Fondo de Transición Justa

Una delegación de Acom asistirá al plenario del CESE y se entrevistará con europarlamentarios

La Asociación de Comarcas Mineras (Acom) de España defenderá el lunes ante el Comité Económico y Social Europeo (CESE) un reparto justo del Fondo de Transición Justa promovido por la Comisión Europea (CE) para que los territorios afectados por el cierre de minas y centrales térmicas afronten la descarbonización con garantías de futuro. 

Mario Rivas, presidente de Acom y alcalde de Villablino (León), asistirá al Plenario del CESE, que se celebrará en Bruselas el próximo 24 de febrero, acompañado de los regidores de Mieres (Asturias), Páramo del Sil (León) y Langreo (Asturias), Aníbal Vázquez, Ángel Calvo y Carmen Arbesú, respectivamente.

Asistirá también Ana Luisa Durán como presidenta de Euracom, que intervendrá como ponente para denunciar la "descarbonización express" en los territorios mineros españoles.

El resto de la delegación de Acom España trasladará al presidente del CESE sus propuestas de alegación al reglamento del Fondo de Transición Justa que la CE ha presentado al Parlamento Europeo y a los Estados miembros. 

Posteriormente, la delegación española de alcaldes de los territorios mineros se reunirá con los europarlamentarios españoles Jonás Fernández, Ibán García y Esteban González Pons.

El objetivo de este encuentro es abordar un documento de alegaciones y propuestas para el próximo Fondo de Transición Justa, de aplicación entre los años 2021 y 2027 coincidiendo con el próximo periodo presupuestario comunitario. Los alcaldes mineros consideran que no se ha tenido en cuenta el esfuerzo de descarbonización en España de los últimos años, para dar cumplimiento a las exigencias de la decisión 787/2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.

La CE pretende que el fondo para ayudar a las regiones en la transición ecológica que permita a la Unión Europea cumplir su compromiso de eliminar sus emisiones de CO2 en 2050 cuente de partida con una dotación de 7.500 millones de euros en concepto de subvenciones.

El llamado Fondo para la Transición Justa es uno de los pilares del mecanismo con el que la Unión Europea quiere movilizar al menos 100.000 millones de euros –sumando fondos de los Estados miembros y la inversión privada– durante el período 2021-2027 para las regiones que tendrán que hacer los mayores sacrificios en el plano económico y social para reducir su huella contaminante.

Acom “no va a admitir el trato discriminatorio que pretende darse a las comarcas mineras españolas, cuando son las únicos que han cumplido con la normativa europea”, dice en una nota.

El reparto que plantea la CE, y que a lo largo del año tendrá que ser negociado con el Europarlamento y con el Consejo de Estado –los Estados miembros– sitúa a España en octavo lugar como país receptor con 307 millones asignados, en una distribución que reserva las mayores partidas para Polonia (2.000 millones) y Alemania (877), países que no tienen intención de prescindir de sus centrales térmicas hasta dentro de dos décadas.

Acom España subraya que defenderá igualmente, ante el resto de las instituciones europeas, estas alegaciones para que se tomen en consideración criterios medioambientales y de desempleo. A tal efecto, ha solicitado un encuentro a la comisaria de Política Regional, Corina Creu, y ha confirmado su participación en la próxima reunión de la Plataforma de regiones carboneras en transición, en abril. 

Piden un observatorio para el análisis de los planes Miner

 

La directiva de Acom defiende la creación de una oficina estadística u observatorio de datos para el análisis “cuantitativo y cualitativo” de los planes Miner y sus actuaciones, en respuesta al demoledor informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que ha detectado "deficiencias e irregularidades" en la justificación de parte de los 1.786 millones de euros concedidos en subvenciones durante la aplicación de estos planes entre los años 2006 y 2017 y que tenían como objetivo el fomento del desarrollo alternativo y la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón en España.

Según el informe, el real decreto de 2007 que establecía el marco normativo de la línea de subvenciones de infraestructuras en estas zonas era "escasamente preciso", lo que implicaba un "excesivo grado de discrecionalidad" en la documentación admitida como justificación de los distintos beneficiarios.

Acom asegura que, si bien estos fondos no cumplieron el objetivo de creación de empleo porque no existía una “adicionalidad” en las ayudas en los territorios y no se utilizaron correctamente, no pueden servir para demonizar porque "tres o cuatro convenios" hayan salido mal de "los miles" que se han planteado.

De hecho, explica que los fondos mineros han servido para que haya unos servicios básicos y actuaciones de mejora en las infraestructuras, aunque en algunas autonomías se realizaron exclusivamente con estas ayudas y no con presupuestos regionales ordinarios, de ahí que no existiera esa “adicionalidad”. Los municipios mineros no dudan en criticar que esta situación no venga recogida en el informe del Tribunal de Cuentas que fiscalizó las ayudas del plan 1998-2005, finalizado hace ya 15 años.

Las ayudas no llegaron

Este informe, según Acom, lo que pone de manifiesto es que hubo una escasa ejecución de los planes mineros, que osciló entre el 20 por ciento y el 53 por ciento de las ayudas, lo que pone en tela de juicio “la efectiva reactivación prometida” con estos fondos no por su gestión, sino porque las ayudas no llegaron para poder gestionarlas.

Por ello, la directiva de Acom resalta la importancia de que poco a poco se vayan corrigiendo los errores, y defiende la colaboración actual que mantiene con las comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica ya que una de sus demandas era formar parte de los órganos de decisión como ente territorial afectado en la aplicación de los planes.