Las familias de las víctimas se suman a Andorra, UAGA y los Amigos de Iranzo para recurrir las medallas por el operativo de Feher

La concesión de la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a un total de 18 agentes por el operativo desplegado el 14 de diciembre de 2017 para la localización y arresto de Norbert Feher ha levantado la indignación, en forma de recursos, de las familias de Víctor Romero, Víctor Jesús Caballero y José Luis Iranzo, a quienes Igor el Ruso asesinó a tiros aquella tarde, nueve días después de haberlo intentado con Manuel Andreu y Manuel Marcuello en Albalate del Arzobispo. También se opone el sindicato agrario UAGA-COAG, el Ayuntamiento de Andorra, Elijo Andorra y la Plataforma de los Amigos de Iranzo, que abrió una campaña de recogida de firmas para respaldar la revocación de unos honores que creen inmerecidos. 

La batería de recursos efectuados son de dos tipos: potestativos de reposición contra la orden publicada en el Boletín Oficial de la Guardia Civil el pasado 28 de julio, que daba un mes de plazo para presentarlos; y ante el contencioso administrativo, para el que hay más margen de maniobra.

Por la primera vía se han decantado las familias de los guardias civiles y el ganadero asesinados. Aseguran que el despliegue realizado entre el 5 y el 14 de diciembre de hace tres años fue “inexistente” porque no hubo prevención ni se actuó para capturar a quien merodeaba desde mediados de noviembre por infinidad de masicos y disparó a matar a los dos vecinos de Albalate.

Con las distinciones “no están exaltando, ni muchísimo menos, los valores de honor y lealtad que tiene la Guardia Civil”, reprocha la viuda de Caballero, Noelia Lorén, en sus redes sociales, al tiempo que desea a los responsables de la decisión “que puedan dormir por las noches y no tengan remordimientos de conciencia por todo lo que nos están haciendo pasar”. 

“Me produce una vergüenza e impotencia enorme” los nombramientos, expone Lorén, quien carga contra la directora de la Guardia Civil, María Gámez y contra el ministro, Fernando Grande-Marlaska, por intentar “vender” un “extraordinario despliegue” cuando la realidad, según afirma, es que “no se llamó al GRS”, su pareja llevaba un chaleco antibalas dos tallas más pequeño, “no se llevaron a laboratorio las pruebas recogidas el día 5 (…) hasta 17 días más tarde de la muerte de los nuestros”, se expuso a Iranzo “sin ningún tipo de protección a buscar a un asesino en unas cuevas” horas antes de su muerte, y se separó a dos guardias civiles rurales del resto para inspeccionar un vehículo     –allí nació la emboscada que Feher tendió a los agentes tras matar al líder sindical agrario– “habiendo habido disparos”.

Lorén deja claro que los vecinos saben que “el dispositivo que ustedes nos quieren vender no existió; que fue ridículo por no decir inexistente y, por ello, los nuestros están muertos”, y recuerda que todavía están por contestar 87 preguntas.

También ha interpuesto recurso de reposición contra la orden ministerial la Plataforma de los Amigos de Iranzo, que ha recogido firmas para arropar su reivindicación.

Aseguran los allegados al sindicalista agrario asesinado que las medallas “están manchadas de sangre” porque “no se hizo nada” para evitar la detención del serbio tras el doble intento de homicidio en Albalate del Arzobispo el 5 de diciembre anterior. 

“Premian a los responsables de un operativo que consistió en no avisar a la población del peligro que estaba corriendo, no llamar a cuerpos especiales para dar seguridad a la zona tras dos intentos de asesinato, no mandar a analizar ninguna de las pruebas del tiroteo de Albalate hasta que hubo muertos y un desgraciado etcétera”, indican los Amigos de Iranzo en una hoja de firmas que han distribuido por diversos pueblos del Bajo Aragón y que han subido también a Internet.

“Esta condecoración es tan ruin que no podemos quedarnos impasibles ante lo que consideramos que es un insulto para las familias de las víctimas y para todo un territorio que también estuvo amenazado de muerte sin proporcionarle la protección adecuada hasta que ya no hubo remedio”, concluyen los Amigos de Iranzo. 

En los juzgados

Por su parte, el Ayuntamiento de Andorra ha dado un paso más y presentará un recurso contencioso administrativo para tratar de impugnar la orden del Ministerio del Interior. Así fue acordado por los grupos firmantes (todos excepto Elijo Andorra, que ha presentado su propio recurso de reposición y presentará su propio contencioso-administrativo) de la moción de rechazo a la concesión de estos distintivos en un pleno reciente del Ayuntamiento de Andorra, en la que mostraban su “contrariedad,

Andorra considera que premiar con condecoraciones del máximo nivel a los responsables de un dispositivo que acabó con tres personas fallecidas “es indigno para las familias y los vecinos de este territorio”, según consta en el texto leído durante la sesión plenaria. De la misma manera, califica la decisión como “precipitada, ya que no se entiende dicha condecoración en el momento en el que se encuentra la causa –todavía no se ha celebrado el juicio por los hechos– y, sobre todo, no se entiende la entrega de condecoraciones cuando no se ha aclarado ninguna de las dudas o cuestiones sobre tan desgraciado acontecimiento, cuando no se ha contestado a las preguntas planteadas y cuando no se detalla o no se han hecho públicos los motivos o los hechos que propician dicho reconocimiento hacia los responsables del dispositivo”, menciona la moción que hizo suya el pleno.

El Ayuntamiento de Andorra se suma de esta forma a la UAGA-COAG, que este mes anunció que presentaría un recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, en Madrid, impugnando la orden ministerial. UAGA, a través de una nota de prensa, manifiesta que "no se puede reconocer públicamente mediante condecoraciones, que además tienen una recompensa económica, a tres altos cargos de la Guardia Civil que ni valoraron el riesgo ni activaron un dispositivo eficaz para atrapar a un individuo que disparó a matar, el 5 de diciembre, en un masico de Albalate sin mediar palabra". La organización considera que el Ministerio del Interior está premiando con "unas medallas manchadas de sangre".