Las partes que piden responsabilidades al Estado creen que Feher recibió ayuda

“Me cuesta creer que un señor con más de 20 bultos durante más de diez días en la misma zona no haya sido ayudado por nadie”, dijo Mariano Tafalla, el abogado que, en la causa judicial contra Norbert Feher por el triple crimen de Andorra, representa a la acusación particular de la viuda del agente Víctor Jesús Caballero y la popular de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

El letrado, como el resto de la acusación que aprovechará el procedimiento penal para buscar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado por entender que hubo “pasividad y omisión” de deberes de la Guardia Civil entre los tiroteos en Albalate del Arzobispo y los asesinatos, considera que Feher no llegó “en bicicleta” al Bajo Aragón, ni cayó “de un helicóptero en paracaídas”, sino que una persona que lleva entre sus enseres una tienda de campaña, ordenadores, un camping gas y multitud de objetos y ropa de corte militar no actúa solo.

Así se pronunció Tafalla a la salida de los Juzgados de Alcañiz, donde declaró la última persona que hasta ahora ha sido citada por la jueza para testificar. Se trata de uno de los seis agentes de la Guardia Civil que acudieron a la zona de El Saso después de que el padre del ganadero fallecido, José Luis Iranzo, diera aviso de que había escuchado tiros en su mas. Este guardia viajaba en un vehículo con el capitán y el alférez de Alcañiz y otro agente, mientras que Caballero y Víctor Romero, integrantes del equipo ROCA, iban en otro coche.

“Se cierra la primera parte de la instrucción porque los que han declarado son los testigos”, aunque, advirtió Tafalla, “queda pendiente el levantamiento del secreto de la pieza tecnológica”, que a través del análisis de los ordenadores y teléfonos que llevaba Feher permitirá conocer “si este señor tenía algún cómplice o algún encubridor o qué contactos tenía con otras personas”, dijo el abogado de la UAGA, Javier Martínez, que ejerce la acusación popular.

Pudo contactar con Luigi S.

Las diligencias de la causa incluyen un intercambio de información entre la Guardia Civil y la Policía Nacional en Quart de Poblet en relación a un ciudadano italiano, Luigi S., antiguo “compañero de aventuras” de Feher que residía en Manises en julio de 2017.

La identificación del ciudadano italiano por parte de la Policía Local de Manises quedó documentada en un informe interno emitido el pasado 5 de julio por los agentes que lo localizaron, que sospecharon de que el paramilitar serbio, entonces en paradero desconocido, podría aparecer por la provincia de Valencia, precisamente por su supuesto vínculo con esta persona de nacionalidad italiana con la que compartió celda.

Se alertaba, además, de que el serbio, que consiguió huir de Italia tras asesinar a dos personas y cometer numerosos robos, podría deambular con documentación falsa y armado.

Con estos datos, la Policía Local de Manises tomó la decisión de colgar la fotografía de Igor el Ruso en uno de los tablones informativos de sus oficinas centrales, tal y como recoge el sumario.

Algunas de las partes personadas creen necesario, de cara a determinar si Feher recibió ayuda para llegar al Bajo Aragón, que la Audiencia Provincial de Teruel resuelva favorablemente a los recursos presentados –incluido el de la Fiscalía– contra la decisión de la jueza de no pedir una comisión rogatoria acerca de si Feher pudo llegar a España a través de una organización criminal.

Responsabilidad del Estado

Tafalla considera que la autoría de Feher en los asesinatos “está plenamente acreditada”, por lo que su acusación se centrará en si el Estado tiene alguna responsabilidad en la misma “por omisiones”.

La responsabilidad del Estado tiene dos vías, según explicó: la responsabilidad civil subsidiaria, dentro del procedimiento penal, o la responsabilidad patrimonial por la vía contencioso administrativa una vez cerrado el proceso penal.

Sin embargo, “con la segunda nos podemos ir a ocho años vista”, por lo que esta parte entiende que esperar tantos años “hace perder el sentido a lo que fuera dicha responsabilidad”.

Por tanto, seguirá pidiendo nuevas pruebas, periciales y testificales, para acreditar los indicios que, a su entender, existen acerca de la “pasividad y omisión” en que incurrió la Guardia Civil en el operativo de búsqueda y detención del pistolero de Albalate antes de los asesinatos de Andorra.

“Hemos visto los hechos del 14 de diciembre y hemos conocido la actuación anterior o lo que se podía haber hecho de otra manera”, dijo el abogado de la UAGA. No obstante, esta acusación popular no se pronunciará con rotundidad hasta que no se conozca “el cien por cien de la verdad”, que es lo que le mueve en memoria del líder del sindicato agrario asesinado.

Una de las pruebas que faltan, explicó Martínez, es la reconstrucción de los hechos sobre el terreno y con el asesino, si bien “puede ser un poco compleja dada la peligrosidad de este individuo”. No obstante, sí podría llegar “una infografía” o una “inspección ocular” realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

La Audiencia Provincial debe también decidir si acepta el recurso de la mayoría de las partes –también la Fiscalía– acerca de la decisión de la jueza de no aunar las causas del tiroteo de Albalate y los asesinatos, pese a que fueron cometidos por la misma persona. También tiene pendiente aceptar o no nuevas testificales solicitadas, a las que la magistrada también se negó.

“Era una emboscada”

Por su parte, Jorge Piedrafita, el abogado de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) que representa a la viuda y la hija del agente Víctor Romero, volvió a desmarcarse de todo lo que no sea que a Feher le caiga la máxima condena que fija la ley.

Según él, el agente que declaró ayer corroboró que el ataque a los guardias tras matar a Iranzo “era una emboscada”, lo que se deduce de los detalles sobre “la visibilidad, la situación y la posición” que ocupaba cada uno en la escena del crimen. “Feher los cogió con total improvisación y sin opción a defenderse”.

Aunque quiere que se practiquen más pruebas, como la reconstrucción de los hechos, “todos los indicios que tenemos apuntan a que hay clara premeditación, sangre fría que evidencia que no es una defensa propia” sino un “asesinato”.

Por tanto, “ha quedado totalmente desvirtuada” la versión dada por Feher en su declaración ante la jueza, en la que aseguró haber actuado en “legítima defensa”. Así lo demuestran, dijo, las autopsias definitivas que han sido publicadas esta semana.

Tafalla: El operativo no acertó “ni en el chaleco”

En la responsabilidad civil subsidiaria del Estado que Tafalla pretende probar en el juicio entraría también el despropósito que para la viuda de Caballero supone que el chaleco antibalas que vestía el agente en el momento de los disparos era dos tallas inferior a la suya, tal como figura en la autopsia definitiva.

“Hay dos impactos donde el chaleco tenía que haber protegido el cuerpo”, pues “el abdomen tiene que estar cubierto por el chaleco”, pero la zona de protección le quedaba por encima de esa zona.

“Que del chaleco de dotación no se tenga ni la talla adecuada... Es que no hemos acertado ni en el chaleco, ¿eh?”, lamentó el letrado en relación a la actuación de los mandos policiales y las autoridades gubernamentales.

Por su parte, el abogado de la AEGC aseguró que el chaleco no falló porque la parte perforada no era la de protección sino la faldilla, “una simple tela que está para sujetar el chaleco al pantalón”.

No obstante, si las balas entraron en el abdomen porque el chaleco le quedaba pequeño “es una cuestión distinta que tendrá que determinar un informe pericial”, observó.