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Los municipios más carboneros insisten en recibir en exclusiva los fondos Miner Los municipios más carboneros insisten en recibir en exclusiva los fondos Miner
Ambiente en la plaza del Ayuntamiento de Andorra el pasado 23 de enero, día de la visita de la ministra Ribera. M. N.

Los municipios más carboneros insisten en recibir en exclusiva los fondos Miner

Reacciones al informe de la Cámara de Cuentas

Los municipios mineros y los agentes económicos y sociales urgen al Ministerio para la Transición Ecológica y al Ejecutivo autonómico que modifiquen la normativa del plan Miner y de la Mesa de la Minería de Aragón para que los fondos destinados a la reconversión minera recalen únicamente en los pueblos que cerraron las minas de carbón, para lo que proponen eliminar del reparto a las localidades del Grupo B y que las subvenciones se centren en generar desarrollo y empleo en las del Grupo A. Al mismo tiempo, hacen propósito de enmienda para no volver a sobredimensionar suelo industrial y otras infraestructuras, al tiempo que continúan reclamando mejores comunicaciones y la finalización de la Elevación de Aguas del Ebro a Andorra.

El informe de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre los planes Miner desde 1998 ha dado carácter de oficialidad a lo que ya se conocía: “El empresario hace cuentas y se instala donde mejores carreteras hay por cuestiones logísticas”, dijo el responsable de minería de CCOO Aragón, Antonio Montoyo. Entre tanto, el resto de polígonos quedan desiertos. 

Una opinión que comparte el presidente de Cepyme Teruel, Juan Ciércoles, para quien “las comunicaciones son fundamentales”, más aún que las “ayudas golosas” del Miner que pueden llegar a financiar “hasta el 35%” de una millonaria inversión.

“Hay empresas que, por mucho que nos empeñemos, no vendrán nunca porque en sus costes de producción tienen en cuenta esa logística fundamental” que en este momento la cuenca minera turolense no puede ofrecer por no tener salida rápida mediante autovía, expuso Ciércoles, que apostó por atraer a aquellas empresas “que quieran ampliar o empezar su actividad”.

En su análisis, la Cámara de Cuentas señala que el Miner ha financiado el 10% de la inversión total en carreteras de Aragón entre 1999 y 2010, un porcentaje que se eleva al 19% en la provincia de Teruel. “Eso no es nada. En Asturias con los Miner se han hecho dos autovías, pero han sido útiles”, dijo Montoyo.

“Entiendo que no se haga una autovía desde Ariño, pero al menos que haya autovía de Alcañiz a Zaragoza porque si no, a igualdad de ayudas, las empresas se seguirán marchando a Fraga”, lamentó el sindicalista.

Pero estos criterios “se tienen que cambiar desde Madrid y llevamos tiempo advirtiendo en la Mesa de la Minería de Aragón que los repartos se están haciendo mal”, expresó el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, que abogó por retirar a los municipios no prioritarios de un reparto cada vez más exiguo.

“El reparto seguirá siendo mi queja mientras no se cambie”, expresó el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, pues “las ayudas tienen que venir a los pueblos que estamos sufriendo esa crisis del carbón de manera manifiesta”.

En este sentido, Noé explicó que en la última década Ariño ha pasado de 900 habitantes a 700, un descenso motivado en gran medida por la marcha de los polacos que llegaron en su día para trabajar en las minas. 

Ahora el municipio ha recuperado la ilusión con el balneario y la planta de fertilizantes de Samca. La ampliación del primero depende de que haya un gobierno estable en España que firme los convenios de infraestructuras atrasados –otro agravio– del Miner 2013-2018, y la segunda estará acabada a finales de año. Para ambos proyectos, Noé pide que se prioricen ayudas, pues generarán 25 y 85 puestos de trabajo.

Amplitud de miras

“El informe de la Cámara de Cuentas no dice nada que no supiéramos”, dijo el alcalde de Andorra, Antonio Amador, pues las empresas “van siempre a las zonas más atractivas”.

Pero “el cese del sector minero-eléctrico está encima de la mesa y los fondos se tienen que empezar a destinar para lo que surgieron: la reconversión minera”. Eso sí, instó a utilizar los que vengan de Europa en los próximos años “de manera más eficiente”.

“En Andorra tuvimos mala suerte con la cementera. Hasta 2009 se nos ponía como ejemplo de lo que era una reconversión minera bien hecha”, dijo Amador. Pero llegó la crisis del ladrillo y con ella cayeron empresas de gres y de prefabricados. La cementera no llegó a iniciar su actividad y está siendo desmantelada por Cemex.

Amador dijo que los “polígonos vacíos –el informe apunta a que las áreas industriales de ámbito Miner tienen una ocupación media del 42% y se han dilapidado 41 millones de euros– nos deben hacer reflexionar” y “ser capaces de pensar en global” porque, “si hay trabajo en Andorra, el vecino de Alloza no se irá de su pueblo”. De la misma forma que los polígonos de Albalate del Arzobispo y La Puebla de Híjar emplean a vecinos de Andorra.

“Hemos sido demasiado individualistas y no hemos visto la situación de forma global”, coincidió el presidente de la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, Roberto Miguel. “Los fondos siguen siendo necesarios, pero no pueden paliar la falta de inversiones del Gobierno central” en Teruel. Por tanto, “habrá que replantearlos para hacer inversiones coherentes y que prioricen el empleo”.

Elevación de Aguas

Ante la “total ineficiencia” que la Cámara de Cuentas dice que supone tener enterrados los 25 millones de la primera fase de la Elevación de Aguas del Ebro (5,8 hectómetros cúbicos anuales para usos industriales, agropecuarios y residenciales de Andorra, Ariño, Alloza, Alcorisa y Albalate), Amador insistió en que la infraestructura es necesaria. “La reclamaremos porque no es una condición suficiente” para la creación de empleo, pero sí es “necesaria”, igual que el cambio de titularidad de la concesión de los 18 hectómetros cúbicos del embalse de Calanda para la refrigeración de la térmica. “No son excluyentes”, aseveró.

Este periódico intentó sin éxito conocer la opinión del Gobierno de Aragón en relación al informe, que cuestiona el seguimiento del Instituto Aragonés de Fomento acerca del empleo generado por las empresas subvencionadas años después de invertir.