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Los municipios Miner llevan una década sin recibir fondos para infraestructuras Los municipios Miner llevan una década sin recibir fondos para infraestructuras
La ampliación del balneario de Ariño conlleva la creación de 27 puestos de trabajo. M. N.

Los municipios Miner llevan una década sin recibir fondos para infraestructuras

Desde el tijeretazo de Montoro hasta el bloqueo del plan 2013-18 se han perdido 300 millones
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Los ayuntamientos mineros se preguntan qué transición justa es esa que no permite ni siquiera comenzar a construir infraestructuras con más un centenar de empleos asociados que tenían que estar ya ejecutadas, como las del anterior plan Miner 2013-2018 que cuentan con compromiso de financiación desde hace dos años pero que los sucesivos gobiernos de España mantienen bloqueadas. El agravio se torna sangrante si se echa la vista atrás, pues hace una década que esta pata de los planes del carbón está aparcada por ejecutivos del PP y del PSOE, que solo en este concepto han dejado perder 300 millones de euros desde 2011.

El aplazamiento al año 2021 del primer pago de los 16,8 millones de euros de las infraestructuras atrasadas, recogidas en el convenio general entre los gobiernos de España y Aragón firmado en 2018, es un nuevo mazazo para las comarcas carboníferas, que no por estar más que acostumbradas a los incumplimientos dejan de indignarse.

La comunicación de los nuevos plazos, transmitida por la Secretaría de Estado de Energía a los sindicatos CCOO y UGT esta semana en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027 –que tampoco se está cumpliendo–, es un nuevo revés que hace mirar las visitas ministeriales con planes de transición bajo el brazo con grandes dosis de escepticismo. 

Desde 2011 con la tijera

El primer tijeretazo severo al capítulo de infraestructuras del Plan del Carbón –en aquel momento todavía coleaba el 2006-2012– lo protagonizó el primer Gobierno de Mariano Rajoy, que en su segundo Consejo de Ministros recortó 8.900 millones de euros de gasto público, entre ellos 175 millones destinados a la reactivación de las comarcas mineras a través del fomento de inversiones públicas.

Desde ese momento, ninguno de los gobiernos de Rajoy ni de Pedro Sánchez ha vuelto a repartir un solo céntimo de euro destinado a las infraestructuras recogidas en hasta tres planes Miner, incumpliendo flagrantemente con el pacto entre Gobierno, sindicatos y patronal del carbón.

Con el plan 2006-2012 visto para sentencia por la indisponibilidad presupuestaria marcada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, hubo que esperar hasta el 12 de marzo de 2018 para que el exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, firmara con el presidente de Aragón, Javier Lambán, los convenios para desbloquear la financiación para cumplir con el capítulo de infraestructuras del plan 2013-18.

Sin embargo, los 12.626.770 euros que aporta a este convenio el Gobierno de España no se dispusieron, mediante la reunión de la Comisión de Cooperación del plan Miner, hasta diciembre de 2018. Para entonces ya hacía año y medio que la Mesa de la Minería de Aragón había priorizado  hasta 46 proyectos. Finalmente, el dinero comprometido da para desarrollar 27, que costarán 16.835.693 euros. La diferencia, correspondiente al 25% del total (4.208.923 euros), la suplementa el Gobierno de Aragón en virtud del acuerdo.

Cabe recordar que no entraron todos los proyectos priorizados por la Mesa de la Minería de Aragón porque la partida de 250 millones de euros que recogía el plan 2013-2018 se vio minorada hasta los 133 millones.

En los 15 meses que van desde la reunión de aquella Comisión de Cooperación hasta ahora, el Gobierno central ha sido incapaz de firmar los convenios específicos para el desarrollo de los proyectos de infraestructuras, uno a uno. Primero se puso como excusa que el Ejecutivo estaba en funciones, y ahora se aduce a una revisión de los protocolos tras el varapalo que ha supuesto el informe del Tribunal de Cuentas que pone en tela de juicio el reparto de 1.786 millones de euros del Miner entre 2006 y 2017.

Empleo en espera

Los convenios específicos no se firmarán inminentemente, aunque la Secretaría de Estado de Energía sí se comprometió a tenerlos todos suscritos a finales de este año, para empezar a financiarlos en 2021. Se podrán ejecutar hasta 2023.

Entre ellos, figuran algunos muy demandados como la ampliación del hotel balneario de Ariño, que requiere una inversión de 3,8 millones de euros y que supondrá la creación de 27 puestos de trabajo adicionales a los 55 actuales.

También se beneficiará el nuevo centro de trabajo y economía social de Atadi en Alcorisa (tres empleos), el proyecto de ampliación del polígono de la Comarca Cuencas Mineras para la implantación de Politer Reciclaje SL (35 empleos), las mejoras en el polígono de Calanda, la creación de un centro de día en Montalbán y un campin complementario al proyecto de Estercuel para hacer una galería de tiro y un parque de aventura.

Se financiará el abastecimiento a la zona central de las Cuencas Mineras desde el embalse de Las Parras, se actuará en los polígonos de Albalate para facilitar el asentamiento de industrias transformadoras de alabastro, se agilizará la adecuación del centro de interpretación íbero de Andorra, se ampliará la residencia de Albalate y se implantarán infraestructuras para la promoción de explotaciones ganaderas, entre otras actuaciones.

La mayor parte se ubicarán en  Teruel, salvo la residencia de Mequinenza (Zaragoza) que absorbe prácticamente un tercio del presupuesto y lleva aparejados unos 40 empleos.