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Los requisitos de la reforma laboral ponen en riesgo la educación de adultos en el Matarraña Los requisitos de la reforma laboral ponen en riesgo la educación de adultos en el Matarraña
Sede de la comarca del Matarraña

Los requisitos de la reforma laboral ponen en riesgo la educación de adultos en el Matarraña

La Comarca ha convocado una junta consultiva de alcaldes la semana que viene para decidir

La Comarca del Matarraña convocará la semana que viene una junta consultiva de alcaldes para conocer si los ayuntamientos están dispuestos a que el profesorado de la Escuela de Adultos comarcal pase a formar parte de las plantillas municipales, puesto que la administración comarcal “no puede asumir la estabilización de plantillas que habría que hacer de acuerdo a la nueva reforma laboral”, según el presidente de la institución, Isel Monclús.

Si los ayuntamientos no asumen con sus propias plazas la estabilización laboral del profesorado del servicio, la educación de adultos, que cuenta con 390 alumnos y registró 521 matrículas el último curso, podría desaparecer. Según Isel Monclús, “hay voluntad política de mantener la Escuela comarcal de adultos, pero para ello debemos llegar entre todos a un consenso y poner todos de nuestra parte, porque la solución es sencilla”, opinó el presidente de la institución. En cualquier caso, Monclús señaló que “además de la propuesta que planteará la Comarca, los ayuntamientos pueden proponer  también algunas soluciones, que se escucharán”, prometió.

La nueva reforma laboral exige una “estabilización de plantillas en todas las administraciones públicas, lo que nos obliga a realizar a partir del próximo curso una contratación específica”, detalló el presidente de la Comarca del Matarraña, quien comentó que “al haberse terminado este año el convenio con los ayuntamientos por la prestación del servicio de la escuela de adultos, el acuerdo firmado hace tres o cuatro años ha de renovarse y, en consecuencia, debemos aplicar la nueva normativa laboral de manera inmediata”.

Según Monclús, “en primer lugar, los ayuntamientos deben decidir si quieren continuar con el servicio”, al que contribuyen en función del número de alumnos que están matriculados de cada pueblo hasta que la suma de los 17 municipios cubre el 50% del coste del servicio.

“La Comarca se encargaba de contratar profesores, de la logística, y los ayuntamientos solamente ponían el local acondicionado, asumían los costes de luz, calefacción o lo que se necesitaba, pero al cambiar la normativa y obligar a la estabilización de plantillas, la situación se ha modificado sustancialmente”, añadió el presidente. Monclús enfatizó que “la estabilización de plazas debe hacerse a través de los ayuntamientos, porque la Comarca del Matarraña no tiene creadas esas plazas en su plantilla, ya que el convenio se firmó hace más de tres años”.

El servicio se ofrece en 17 de los 18 municipios de la delimitación comarcal (en Beceite no), según la información facilitada por la Comarca del Matarraña, que tiene contratados a cinco profesores (cuatro generalistas y un especialista de inglés) desde septiembre a junio. Todo el profesorado itinera por las aulas de los 17 municipios y está adscrito al Centro de Educación de Personas Adultas (CPEPA) de Valderrobres, que funciona de manera independiente al servicio comarcal y que tiene su propio alumnado.

100.000 euros

El coste de las contrataciones supera los 100.000 euros, que se financian, en un 50 %, con subvenciones de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) y del Gobierno de Aragón, mientras que el restante 50 % es aportado entre ayuntamientos y comarca. Este curso la institución comarcal ha abonado los 34.000 euros que le correspondían, según la información que facilitó la propia institución. El número de alumnos en el último curso fue de 390 y el de matrículas de 521.

Isel Monclús recalcó que “hay voluntad política por parte de la Comarca del Matarraña y hemos planteado una propuesta sobre la que se tendrán que pronunciar los alcaldes la semana que viene”. A priori, lo que propone la institución es que sean los ayuntamientos los que estabilicen las plantillas de este profesorado, aunque parece difícil que los municipios más pequeños puedan asumir esos costes. Monclús enfatizó que “la institución puede contratarlos seis meses y otros seis meses más a través del convenio, pero la reforma laboral impide que volvamos a hacerlo al año siguiente”. En este sentido, insistió en que “la competencia, además, no es de las comarcas, que somos las que estamos ofreciendo ese servicio, sino del Gobierno de Aragón, que se niega a hacerse cargo de esas plantillas de profesores”.

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