Síguenos
Piden 5 años de cárcel para el ex alcalde de Calanda por el caso de La Fuensalada Piden 5 años de cárcel para el ex alcalde de Calanda por el caso de La Fuensalada
Manuel Royo, a la salida de los Juzgados de Alcañiz el 13 de noviembre de 2015. M. S. T.

Piden 5 años de cárcel para el ex alcalde de Calanda por el caso de La Fuensalada

Abren juicio oral contra el secretario municipal y los ingenieros Lozano y Laguens por prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 1 de Alcañiz ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex alcalde de Calanda, Manuel Royo, el secretario de este Ayuntamiento, Constantino Foz, y los ingenieros Alberto Lozano y Miguel Ángel Laguens por diversos delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa por presuntas irregularidades administrativas cometidas entre 2006 y 2013 en las obras de urbanización del polígono industrial La Fuensalada de la localidad bajoaragonesa. 

La jueza acuerda el sobreseimiento y archivo de la investigación respecto del actual alcalde de Calanda, José Ramón Ibáñez, y del administrador de Aragonesa de Obras Públicas, Raúl Lorca.

A petición del Ministerio Fiscal, la jueza abre juicio oral –declara a la Audiencia Provincial de Teruel como órgano competente– por considerar que existen indicios racionales de criminalidad contra los acusados.

La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Royo (alcalde de Calanda entre 2003 y 2011) por delito continuado de falsedad en documento oficial y la inhabilitación para el empleo o cargo público durante diez años por delito continuado de prevaricación administrativa, así como una multa de 20 euros al día durante dos años. Esta misma pena es la que pide para el secretario.

Para el ingeniero que redactó varias fases del polígono La Fuensalada, Alberto Lozano, pide tres años de prisión por delito continuado de falsedad en documento oficial y cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público durante cinco años, así como una multa de 20 euros diarios durante ocho meses.

Por su parte, Miguel Ángel Laguens, que dirigió la obra de la penúltima fase del polígono industrial después de que la consultoría de ingeniería Cadisa se desentendiera, se enfrenta a cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público.

“Aquí no falta ni un céntimo”

Del escrito de acusación se desprende que el Ayuntamiento de Calanda, con Royo a la cabeza y Foz de secretario, no licitaron legalmente todos los proyectos desde el origen del polígono, que se remonta una década en el tiempo.

“Hace unos años todos los ayuntamientos tenían un ingeniero de cabecera”, justificó el actual alcalde, que defiende que “aquí no falta un céntimo de euro y nadie le ha dado nada a nadie por adjudicarle nada”. “Han registrado las cuentas corrientes de todas nuestras familias y no han encontrado nada”, manifestó.

Ibáñez aseguró que la investigación se inició contra él, pero como la unidad anticorrupción de la policía judicial de la Guardia Civil “no encontró nada” que le pudiera incriminar, “han echado mano de cosas que ocurrieron hace diez años”.

El origen de la causa judicial se encuentra en la denuncia de la consultoría de ingeniería Cadisa, que inicialmente dirigió la ampliación del polígono (a finales de 2013) pero después se negó a certificar obra alegando que el proyecto estaba sobredimensionado. Cadisa involucró, además de a los cuatro imputados y a Ibáñez, a la UTE Aragonesa de Obras Civiles-Mariano Meroñas, que pese a presentar una baja del 16% cuando el pliego solo permitía un 15%, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón autorizó la adjudicación al Ayuntamiento. No obstante, Sumelzo, una de las 20 empresas licitadoras, se sumó a la denuncia de Cadisa, que comenzó siendo un contencioso.

Es por esto que el alcalde vigente, quien asegura que no daba un paso sin pedir aprobación al órgano de contratación, cree que se ha sobreseído su investigación.

Contratación también autorizo al Ayuntamiento para suspender unilateralmente el acuerdo con Cadisa y licitar la dirección de obra, que recayó en Laguens.

La modificación del proyecto que pretendía Cadisa conllevaba la rescisión el contrato con la UTE constructora y volver a redactarlo todo, por lo que se hubiera perdido la subvención de 2 millones de euros del Fondo de Inversiones de Teruel.

“A los corruptos hay que meterlos en la cárcel y que devuelvan todo lo robado, pero me parece lamentable que salga gratis que te acusen injustamente cuando has estado tres años con la espada de Damocles”, manifestó Ibáñez, quien sacó la cara a los imputados porque “yo los conozco a todos, sobretodo al secretario y a Manolo, y sé que son personas honestas y honradas”.

Una acusación “muy dura”

Royo aseguró, a través de su cuenta en Facebook, tener “la conciencia tranquila” tras conocer la apertura de juicio oral contra él. 

“Queda corroborado que no hay ni un solo céntimo de euro desviado ni perdido en nuestro Ayuntamiento, ni en las obras realizadas en el polígono en el que se invirtieron en mi legislatura casi siete millones de euros”, añade.

Encuentra la acusación de la Fiscalía “muy dura” hacia los procedimientos utilizados hace más de una década y afirma que en ningún momento obró con mala intención, sino que “sólo pensé siempre en poner en marcha esa importante infraestructura para nuestro pueblo”.