Pozos de Caudé no halla a los fusilados de 1938 que buscaba en Andorra

“Hemos fracasado. No ha habido suerte”, reconoció el presidente de la Asociación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez, que esta semana ha impulsado una excavación en el cementerio de Andorra en busca de restos de represaliados de izquierdas que murieron fusilados durante la etapa final de la guerra civil.

Los trabajos, realizados por la Asociación Científica AqueoAntro bajo la tutela de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y la financiación de la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, confiaban en algunos testimonios orales. Aseguraban que entre seis y ocho personas fueron asesinadas en marzo de 1938 junto a la entrada del camposanto y después enterradas a unos metros de la puerta principal, donde a comienzos de semana se delimitaron dos zonas arqueológicas de las que sí salieron huesos, aunque ninguno con signos de fusilamiento.

“Aparecieron unos cadáveres que no llevaban caja de enterramiento y cuya posición no era normal, estaban mal echados. Nos ilusionamos pensando que habíamos acertado con la fosa, pero los forenses no aprecian datos de que puedan ser ellos. Se trata de personas de edad avanzada”, subrayó Sánchez.

Memoria y reparación

Pozos de Caudé –que reivindica acciones de reparación y divulgación de lo que supuso el golpe de Estado militar en 1936, las atrocidades cometidas durante el conflicto y posteriormente durante la dictadura– pretendía la localización y exhumación de republicanos originarios de las comarcas Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón. Sus huesos se esperaban encontrar en una tumba colectiva, que iba a ser la sexta tras las cinco que constan en el mapa de fosas comunes de Aragón.

Los asesinatos debieron de producirse a partir del 13 de marzo de 1938, tras la entrada de las tropas sublevadas durante la ofensiva de Aragón. Algunas de las personas represaliadas que pudieran hallarse en el lugar son conocidas gracias a los libros de registro de defunciones municipales. Es el caso de Joaquín Hernández Cardona, natural de Alcorisa, cuya muerte por fusilamiento a los 40 años de edad figura inscrita el 20 de marzo de 1938 en Andorra. Entre otros, también reposarían allí los restos de otro alcorisano, Víctor Carbó Sesé, de 33 años.

Como nada ha aparecido, las muestras de ADN que se tomó a los descendientes de los familiares de estas personas a principios de semana no se podrá cotejar. Los restos hallados se han dejado “en los lugares donde estaban y se han envuelto”, una labor que terminará el lunes.

No obstante, el trabajo no ha sido baldío. Los alumnos del IES Pablo Serrano visitaron ayer el cementerio, justo la semana en la que se conmemora el 50 aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco y el inicio de la monarquía parlamentaria. Se cumple así una de las funciones de Pozos de Caudé: divulgar para que la historia no se repita.

Libros de enterramientos

La asociación gestiona ya con el Arzobispado de Zaragoza el acceso a todos los libros de enterramientos, algo que sí ha conseguido en anteriores ocasiones con la Diócesis de Teruel y Albarracín. Estos tomos dan información sobre nombres, origen, las condiciones de la muerte, si formaban parte de algún batallón o sus responsabilidades políticas.

Gracias a estos libros, la asociación pudo conocer el lugar exacto donde enterraron a las 13 mujeres de Cella, y un hombre, asesinados en 1936. “Esos detalles ayudan mucho”, aseguró Sánchez, quien no emprenderá ninguna otra acción en Andorra hasta tener claro el lugar exacto donde están enterrados.

El lunes, precisamente, Pozos de Caudé volverá a excavar en el exterior del cementerio de Albarracín. En otras campañas aparecieron 12 de los 14 cuerpos que buscaba, por lo que se centrará en los dos que faltan y también en la localización de media docena de soldados nacionales.

Alcorisa

La Asociación de Memoria Democrática de Alcorisa (AMDA) invitó ayer al licenciado en Derecho Luis Arduña a dar la charla Cuando todo depende de quien recuerda. Iglesia y Memoria Democrática.

La intervención se centró en cómo la jerarquía eclesiástica legitimó la sublevación militar y el régimen franquista, colaborando en el control educativo y social en represión.

En la Carta Colectiva del Episcopado Español (1937), enviada a los obispos de todo el mundo, afirmaba: “No hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz que el triunfo del Movimiento Nacional”.

Arduña ha buscado “las fuentes de ese posicionamiento de la Iglesia, que tiene una doble vara de medir: por un lado, la memoria histórica pública de la Iglesia, sustentada en un relato de persecución, ha de ser recordada y sus víctimas llevadas a los altares con beatificaciones; por contra, las víctimas de la represión franquista y las que defendían la República deben ser olvidadas porque su recuerdo hace resurgir las dos Españas”, manifestó el autor.

Y habló de mosén Domingo Buj, cura de la época en Alcorisa que “avalaba la buena o mala conducta de los convecinos; en función de lo que dijera de ti, tenías más o menos problemas, máxime en periodo de la solicitud de responsabilidades políticas”.