Ribera anuncia 200 millones en 7 años para el Convenio de Transición, el 32% ya adjudicados

M. S. Timoneda

Andorra

 

Mejorar la empleabilidad en Andorra, especialmente la de aquellos afectados por el cierre de la minería del carbón, a los que se ofrecerá formación y recualificación profesional; apoyar la llegada de nuevo tejido empresarial; impulsar la transición energética y su cadena de valor; mejorar los servicios ambientales y sociales en los 34 municipios del carbón y respaldar proyectos sociales, culturales y de defensa del territorio. Esas son las cinco lineas generales en las que se estructura el Convenio de Transición Justa de Aragón, que está vinculado a una inversión pública de 200 millones de euros, de los que el 32% han sido comprometidos, asignados o ejecutados en los últimos meses a través de distintas herramientas de apoyo a infraestructuras y proyectos empresariales.

La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, dieron a conocer en Andorra, ante alcaldes de los 34 municipios mineros y otros representantes institucionales, las lineas de actuación en las que se centrará este Convenio, todavía por firmar y en el que se avanzará algo más en una reunión que ha sido convocada el día 15 de diciembre entre el Ministerio, los alcaldes y agentes sociales del territorio

El convenio de Transición Justa de Andorra, el primero en presentarse en España, tendrá una duración de siete años, según anunció la Ministra. De la inversión comprometida, 100 millones los aporta el Ministerio, que ya ha asignado 64 millones y que en 2023 estima que presupuestará otros 16, quedándole 20 millones por incluir en próximos ejercicios presupuestarios. Los restantes, hasta 200, vendrán de fondos europeos (92 millones) que gestionará el Gobierno de Aragón, que añadirá otros 12 millones de fondos propios. Para 2023, el Ejecutivo autonómico ha presupuestado 21 millones.

La ministra resaltó que  se han impulsado, en el marco del Instituto para la Transición Justa, 60 proyectos amparados por este Convenio, que suman unas ayudas de 34,5 millones de euros y que han movilizado una inversión de 84 millones y creado 250 empleos, esto es, “prácticamente la mitad” de los 532 que se destruyeron cuando cerraron las minas y la central.A este empleo, apuntó Ribera, hay que sumar los 250 empleos directos y 400 puestos vinculados que se crearán con la adjudicación a Enel de los 1.202 megavatios del Nudo Mudéjar.

Nudo Mudéjar

Ribera se refirió a este concurso subrayando el proceso de “transparencia” llevado a cabo y haciendo hincapié en las buenas propuestas presentadas por las 12 empresas que concurrieron a la licitación. No obstante, destacó el potencial del proyecto ganador, que “creará 600 empleos a largo plazo entre renovables y asociados, con la construcción de  nuevas plantas renovables, sistemas de almacenamiento, hidrógeno verde, comunidades energéticas y autoconsumo, una fábrica de electrolizadores, un centro de investigación y observación de avifauna”, entre otras medidas que Enel tendrá que cumplir, apostilló, si quiere que se le devuelvan los 200 millones de avales depositados.

Asimismo, la ministra prometió una revisión del funcionamiento del Convenio, con la identificación de los aspectos que sean mejorables y la aceleración de aquellas propuestas que sean exitosas. “Habrá una comisión de seguimiento con mesa de diálogo con los agentes sociales e informes de progreso e indicadores y se mantendrá el contacto constante con el territorio”, dijo. Una herramienta que se antoja muy similar a la de los Planes de la Minería del Carbón.

La ministra reconoció que le hubiera gustado ser “más ágil” en el desarrollo del convenio, pero insistió en que las soluciones “están en marcha”, y resaltó que las lineas generales anunciadas se han establecido después de un proceso de participación y diálogo y que aún hay espacio para más iniciativas, es decir, el convenio no está cerrado. En este sentido, recordó “el proceso participativo” en el que tomaron parte “67 agentes sociales de esta zona, que plantearon propuestas en un diálogo en el que no hubo límites”, añadió.

Centro Tecnológico

Por su parte, el presidente aragonés, Javier Lambán, recordó que hasta la fecha se han desplegado distintos instrumentos a través de los fondos del Miner que han permitido afianzar proyectos empresariales en la zona. Mencionó Oxaquim, con una previsión de creación de 380 empleos en Andorra y Alcañiz, “más de los que creará la adjudicación del Nudo Mudéjar”, apostilló el presidente, que añadió que el día 30 de este mes se declarará de interés autonómico el proyecto maderero de la empresa JV20 FORES.

“El futuro es más optimista ahora que como lo veíamos antes”, añadió Lambán, que anunció la creación de un Centro Tecnológico de la minería en el marco del Convenio de Transición Justa. Esta instalación tendrá como objetivo el aprovechamiento del valor añadido de las materias primas extraídas en la zona, para que su transformación se mantenga en el territorio y no se derive a otras provincias como ha venido ocurriendo, por ejemplo, hasta ahora con las arcillas.

Asimismo, este Centro Tecnológico podrá valorar hasta donde es necesaria la garantía de suministro de agua para la actividad económica, la industria y "un posible rebrote de la actividad agraria", por ejemplo reactivando el  proyecto de la elevación de aguas del Ebro a Andorra o la derivación de aguas desde el embalse de Calanda a la cuenca minera. "Si Andorra va a crecer industrialmente, la disponibilidad de agua es fundamental".

Asimismo, Lambán prometió un “servicio de asesoramiento a ayuntamientos y empresarios para que las ayudas del convenio lleguen de manera rápida y eficaz”, una herramienta muy necesaria especialmente para los pequeños ayuntamientos, faltos de personal técnico especializado en la tramitación de las solicitudes a las ayudas que incluirá el Convenio”.