UGT pide usar todas las "armas legales y administrativas" para impedir el cierre de la térmica

UGT pide a los Gobiernos de España y Aragón que utilicen todas las “armas legales y administrativas” a su alcance, así como “la presión económica”, para evitar el cierre de la central térmica de Andorra, y que exijan a Endesa “que cargue con el mayor peso de la inversión” en el proceso de reconversión industrial. En juego hay más de 500 empleos que dependen directamente de la planta, los cuales representan más del 25% de los puestos de trabajo que registra una comarca que puede vivir un éxodo. 
Así lo manifestó  en Andorra el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, en rueda de prensa antes de reunirse con delegados del comité de empresa de Endesa, de las contratas que operan en la central y del Ayuntamiento de Andorra –tiene unos 150 empleados– con el objetivo de constituir una “plataforma de trabajadores” que, mediante la acción sindical organizada, haga frente al cierre de la térmica y exija medidas de reindustrialización para una zona en crisis.
“El plan industrial” que presentó el miércoles Endesa, que prevé el cierre de Andorra y Compostilla, “echa el cerrojo no a la central, sino a toda la comarca”, aseguró Alastuey, que cuantificó en más del 25% el empleo comarcal que genera la térmica, entre plantilla propia de Endesa (153 trabajadores) y contratas de todo tipo (400 empleados), desde mantenimiento y limpieza industrial a calizas y yesos, pasando por transporte de lignito de las minas a la planta.
A ellos hay que sumar los puestos de trabajo indirectos y los inducidos, es decir, todos a los que, en mayor o menor medida, se perderán si la central echa el cierre sin alternativas. Comercios, autónomos o la plantilla del Ayuntamiento se verán afectados. “Una comarca que pierde de una forma tan brutal más de la mitad de su empleo es una comarca que desaparece”, apostilló.
Por tanto, el objetivo del sindicato, que  llamó a filas a sus delegados en las principales empresas de la zona, es “el mantenimiento del empleo y de la comarca”, que “pasa en primer lugar por evitar el cierre de la central”, dijo el secretario general.
Para ello, los Gobiernos autonómico y estatal deben poner toda la carne en el asador para presionar, así como –en caso de que sea imposible que la planta continúe operativa más allá del 30 de junio de 2020– exigir a Endesa que asuma su responsabilidad y se ponga al frente del plan de reconversión, con proyectos y con financiación.
Alastuey recordó los 6.300 millones de beneficios que los accionistas de Endesa (el 70% pertenece al grupo italiano Enel) se repartirán hasta el año 2021, “generados por el trabajo de los españoles y por el consumo de los españoles”, por lo que “el Gobierno está legitimado para exigir compromiso económico y responsabilidades a la empresa”.

Pide un gesto con las contratas
Alastuey exigió a Endesa un gesto con los trabajadores de las contratas, los más afectados porque los empleados de la matriz serán recolocados. La eléctrica, dijo, “va a tener que comprometerse con esos trabajadores” que perderán su empleo mediante “un despido ordinario de 20 días por año”.
“Eso no puede ser”, sentenció Alastuey, quien en primer lugar pidió que todos ellos sean recolocados en las labores de desmantelamiento de la planta y en la construcción de las plantas eólicas y solares que Endesa tiene previsto construir en el territorio. 
Aunque Endesa asegura que las labores de desmantelamiento de la planta durarán entre cuatro y seis años y que será necesario emplear a 130 personas, con picos de 200, UGT no las tiene todas consigo, por lo que, en el marco de las negociaciones, pedirá a Endesa que, “en caso de que sean necesarios despidos, tiene que haber compromiso económico a la hora de indemnizar a los trabajadores de las contratas en función de los beneficios que la empresa está obteniendo con su trabajo”.
Para UGT, los 400 trabajadores de las contratas “muestran la idea del modelo de negocio que ha desarrollado Endesa: dos tercios pertenecen a contratas y no a la propia empresa”.

Mensaje de unidad
Alastuey abogó por constituir “una plataforma de trabajadores” para “coordinar” la acción sindical. “Solo la unión de todos los trabajadores, de la térmica y de la comarca, va a ser capaz de que gobiernos y empresas restituyan en planes de reindustrialización la riqueza que se ha estado llevando Endesa del territorio”, advirtió el ugetista. 
La misma unidad pidió Alastuey a los partidos políticos, contra los que cargó porque “se les llena la boca cuando hablan de despoblación” pero “en un momento en el que realmente lo que cuenta es luchar por una comarca” se la pasan discutiendo en las Cortes de Aragón.
La comarca “necesita tiempo, que no autoricen el cierre para que se pueda reconvertir de verdad”, clamó el secretario de UGT en Teruel, Alejo Galve.
“Tiene que haber una reconversión ya, no puede permitirse que Endesa, con todos los beneficios que está anunciando, se vaya aquí de rositas”, dijo, y urgió: “Pero que todo lo que tengan que realizar sea antes de 2020 porque, si no, esta comarca puede desaparecer”.
En la misma línea se pronunció el secretario comarcal de UGT en Andorra, Felipe Ginés, quien insistió en luchar por los trabajadores de las contratas porque “sin ellos no sería posible el funcionamiento de esta central”.
“¿Qué va a pasar con los comercios y con los autónomos que día a día se levantan para sacar sus negocios adelante?”, se preguntó. “¿Qué pasa con la despoblación? Si ya tenemos problemas, más aún con la situación que se nos viene encima”, apuntó.